Cada 3 de julio en México se conmemora que ese mismo día pero de 1955 se emitió el primer voto de la mujer mexicana, constando en uno de los mayores reconocimientos de derechos de las mujeres en nuestro país, por ello, en este espacio la Red Nacional de Refugios comparte un extracto de un extraordinario artículo que detalla la historia de esta primer emisión del voto de la mujer. Retomado de Enriqueta Tuñón Pablos en su publicación “Hace 55 años se decretó en México el derecho al sufragio femenino”, se presenta aquí una breve reseña, invitando a leer el artículo completo.
El 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Esto fue el resultado de un largo proceso que había comenzado muchos años atrás y que aquí explico. Durante la Revolución mexicana, la incorporación de las mujeres fue importante, no sólo como acompañantes de los hombres y realizando sus tareas tradicionales (lavar, cocinar y cuidar a sus hijos, entre otras), sino que también tuvieron actividades militares y enfermeras, consiguieron ayuda para la población civil y colaboraron en la redacción de proyectos y planes. Realmente fue una contribución activa e importante. Tradicionalmente se ha dicho que las que participaron, lo hicieron para ayudar a sus hijos y esposos, que su lucha fue callada y desinteresada, pero es muy probable que ellas hayan sentido que su situación mejoraría en el momento que las cosas cambiaran en el país. A fines de 1916, Hermila Galindo, secretaria particular de Venustiano Carranza, envió al constituyente un escrito en el que solicitó los derechos políticos para las mujeres.
Sin embargo, al redactarse la Constitución de 1917 nos encontramos con que, al discutirse la petición, se decidió -sin mucha discusión- negar a las mujeres los derechos políticos. Sin embargo nos podemos percatar que era a ellos –a los congresistas varones–, a quienes no les interesaba que las mujeres obtuvieran el derecho a votar ya que temían que se rompiera la “unidad familiar”, un argumento que 35 años después esgrimieron algunos diputados que también estaban en contra de la medida. Temían que con “el avance de la civilización”, las mujeres se interesaran por asuntos ajenos a sus hogares y sus familias y los abandonaran, por eso había que mantenerlas fuera del juego democrático. Los constituyentes hicieron un diagnóstico de la situación de las mexicanas y las dejaron entregadas a su propia suerte. Por un lado, les negaron el derecho al sufragio, y por otro, no hubo una propuesta consistente para sacarlas fuera del círculo restringido del hogar y educarlas políticamente. Esta postura generará un déficit histórico respecto a la educación cívica de las mujeres y se reflejará en el futuro comportamiento electoral y en su pasividad en el ámbito político.
De esta forma, la negación del sufragio femenino basada en la supuesta incapacidad de las mujeres para el ejercici.o Se dedicaron a difundir ideas revolucionarias, fueron espías, correos y enfermeras, consiguieron ayuda para la población civil y colaboraron en la redacción ciudadano, fue una argumentación parcial que no consideró que parte de la población masculina tampoco tenía una educación cívica suficiente como para ejercer la ciudadanía con plena conciencia. Y tenía razón, porque justamente de esto se valió Hermila Galindo para postularse como candidata a diputada en 1918, y a pesar de que se dijo que había obtenido la mayoría de los votos, el Colegio Electoral no se lo reconoció.
PRIMEROS PASOS
Yucatán fue el primer estado que reconoció el sufragio femenino, tanto en el ámbito municipal como estatal, durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto (1922-1924). Así, en 1923, hubo tres mujeres electas para diputadas al congreso estatal: Elvia Carrillo Puerto -hermana del gobernador-, Raquel Dzib y Beatríz Peniche de Ponce; además Rosa Torre fue electa para regidora en el ayuntamiento de Mérida. Sin embargo, cuando el gobernador murió asesinado en 1924, las cuatro tuvieron que dejar sus puestos. En San Luis Potosí, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en las elecciones municipales en 1924 y en las estatales en 1925. Sin embargo, durante el gobierno de Rafael Nieto la ley había sido derogada (1926). En Chiapas, se reconoció el derecho a votar a las mujeres en 1925.
Para finales de la década –en 1929–, con la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), se redactó su Declaración de Principios y en su primer punto decía: “… ayudará y estimulará paulatinamente el acceso de la mujer mexicana a las actividades de la vida cívica…”. De esta manera, las mujeres podían suponer que en un futuro podría haber un cambio en la posición gubernamental en relación a su participación en la vida cívica del país. Ese cambio no se dio sino hasta la segunda mitad de los años treinta, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando el tema volvió a tomarse en cuenta.
IMPULSO DE 50 MIL MUJERES
El cardenismo implantó un proyecto político nacional cuyo interés era relacionarse de manera peculiar con los sectores sociales, permitiéndole enfrentar los problemas básicos que tenía el país con un margen importante de éxito.
En este contexto se formó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM) constituido formalmente en 1935 y que llegó a contar con 50 mil mujeres afiliadas. Hubo mujeres de diferentes profesiones y tendencias: intelectuales, profesionistas – maestras sobre todo-, obreras, mujeres pertenecientes a diversos sindicatos y partidos políticos, veteranas de la Revolución, “feministas de izquierda y de derecha, simples liberales, católicas y del sector femenino del PNR, callistas y cardenistas”. Por eso lo más importante para las mujeres de distintas clases sociales, reunidas en el Frente, fue el voto, ya que las otras demandas no lograron conciliarlas. Así, a partir de 1937 el FUPDM se mantuvo estructurado fundamentalmente en torno a una sola demanda: el derecho al sufragio.
En 1937 Cárdenas afirmó que: “En México el hombre y la mujer adolecen paralelamente de la misma deficiencia de preparación, de educación y de cultura, sólo que aquel se ha reservado para sí derechos que no se justifican”. Las mujeres del Frente se movilizaron: organizaron mítines, manifestaciones, conferencias, llegaron a amenazar con quemar el palacio nacional y también iniciaron una huelga de hambre frente a la casa del presidente Cárdenas. Ante esta presión, en agosto de 1937, él prometió enviar al Congreso una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 constitucional.
LA APROBACIÓN
El 1o de septiembre en su Informe al Congreso, el mandatario defendió su propuesta argumentando que las mujeres no sólo habían alcanzado ya una igualdad en los aspectos civil, económico y educativo con respecto a los varones, sino que, justamente gracias a esta situación de igualdad, las ideas revolucionarias se habían arraigado tanto en la conciencia de los ciudadanos, que no existía el peligro de que las fuerzas conservadoras del país, ejercieran una influencia peligrosa en las mujeres.
Por otro lado, defendía la supuesta ignorancia femenina para decidir sobre las luchas democráticas, criticando a los hombres que se olvidaban de su propia ignorancia cuando llegaba el momento de juzgar la de la mujer.
En los considerandos que envió Lázaro Cárdenas junto con la iniciativa, repitió los conceptos que expuso ante el Congreso, manejando básicamente la idea de que el voto debía otorgarse a las mujeres para que éstas ocuparan un plano de igualdad con los hombres, lugar que se habían ganado por su participación en las actividades del país.
La iniciativa se turnó a la Cámara de Diputados y se aprobó de inmediato por unanimidad. En el dictamen que los legisladores enviaron a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales apoyando la medida, afirmaban que en todo régimen democrático los individuos son iguales ante la ley, y dado que se había aceptado que la mujer era igual al hombre tanto mental como moralmente, era por lo tanto necesario reconocer esta igualdad desde el punto de vista social y político, esto es, otorgándoles los derechos de ciudadanía.
Agregaban que, si bien la mayoría de las mujeres mexicanas ya eran aliadas del México revolucionario y por lo tanto no podrían ser un instrumento de las fuerzas conservadoras, habría que reconocer que entre aquellas mujeres que se habían quedado al margen del movimiento social e ideológico de la Revolución, sí podrían infiltrarse las ideas conservadoras, lo que podía convertirse en un peligro a futuro.
Sin embargo, a pesar de esta duda, los diputados enviaron el dictamen aprobatorio de la iniciativa presidencial a los senadores quienes también la aprobaron, y para diciembre del mismo año de 1937 se envió a las Legislaturas de los estados donde se aceptó en septiembre de 1938. El trámite estaba por terminar, faltaba solamente la declaratoria correspondiente y la publicación en el Diario Oficial, sin embargo con Manuel Ávila Camacho, el trámite para otorgar a las mujeres el derecho al voto se detuvo.
Presumiblemente, en esos momentos no le convenía al partido oficial que las mujeres votaran en las siguientes elecciones porque supusieron que ellas, tradicionalmente católicas e influidas por la Iglesia, apoyarían al candidato del Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN), el general Juan Andrew Almazán, opositor de Ávila Camacho.
TIEMPOS POLÍTICOS Y ADVERSIDAD
Durante los años siguientes, algunas mujeres publicaron artículos valientes en los que mostraban su decepción, pero la más persistente en la lucha en pro del sufragio femenino fue Esther Chapa, quien cada año -y durante 22 años- al empezar las sesiones del Congreso enviaba una carta solicitando el derecho al voto para las mujeres.
A partir de los años cuarenta, el movimiento de lucha por obtener derechos políticos, en lugar de consolidar su fuerza con las bases y de reforzar la movilización social, se apoyó en las autoridades, principalmente en la figura del presidente de la República, a la espera de que éstas hicieran suya la demanda del voto.
Para mediados de 1945, el candidato para el próximo periodo presidencial era Miguel Alemán, el cual ofreció otorgárselos en el ámbito municipal ya que él decía que quería construir un México moderno en el que era preciso igualar a los hombres y mujeres ya que el modelo de modernidad así lo exigía. En su retórica insistía en que las mujeres tienen “características propiamente femeninas” que no se perderían al otorgárseles derechos cívicos sino que, por el contrario, enaltecerían los ámbitos políticos. Ya en el poder, Miguel Alemán cumplió su promesa y envió al Congreso la iniciativa para modificar la fracción I del artículo 115.
UN DÍA COMO HOY
El 17 de febrero de 1947 se publicó en el Diario Oficial la reforma al artículo 115 de la Constitución y de esta manera Miguel Alemán se presentó con una imagen de modernidad, con una imagen democrática porque con esta medida, se fortalecía el sistema federal y además se les daba un lugar a las mujeres en la vida política del país. Por otro lado, México entraba al grupo de las naciones avanzadas y democráticas en donde las mujeres ya eran ciudadanas. Sin embargo, se mostró tímido al no otorgar el voto en el ámbito federal. El primer paso estaba dado y las mujeres comenzaron a participar activamente en la vida política de los municipios y en general en todos los aspectos de la vida pública.
Cuando Adolfo Ruiz Cortines fue elegido candidato por el PRI para el próximo periodo presidencial, las mujeres priístas – encabezadas por Margarita García Flores, dirigente femenil del partido—, organizaron una asamblea en la que le solicitaron la igualdad de derechos políticos para las mujeres. Fue una reunión enorme realizada en el parque deportivo 18 de Marzo, a la que asistieron, según las fuentes, más de veinte mil mujeres priístas. En aquella asamblea organizada por las mujeres priístas en abril de 1952, Adolfo Ruiz Cortines marcó su posición con respecto a las mujeres. Consideró que debían participar en política no por un sentido de justicia, sino porque desde su hogar ayudarían a los hombres, resolverían con abnegación, trabajo, fuerza espiritual y moral, problemáticas tales como la educación y la asistencia social. Obviamente, aquellas mujeres que no cumplían con los papeles tradicionales, quedarían fuera de las actividades políticas que el partido oficial les había reservado. Las mujeres sólo eran importantes porque alentaban a sus compañeros en el vivir diario y por su papel materno.
El 1o de diciembre de 1952, al tomar posesión de la presidencia, Adolfo Ruiz Cortines declaró: “… ya promuevo ante Vuestra Soberanía las reformas legales pertinentes para que la mujer disfrute de los mismos derechos políticos que el hombre.” Con la concesión del derecho al voto, daba respuesta de alguna manera a la inconformidad de las mujeres y, al mismo tiempo, no afectaba al sistema, pues ellas seguirían bajo el control político e ideológico del partido oficial, además las dejaría circunscritas a actividades pertenecientes al ámbito doméstico.
Pero lo fundamental fue que, con el reconocimiento de los derechos políticos a las mujeres, se atrajo a un mayor número de votantes y, de esta manera, el gobierno creó una plataforma de apoyo para la consolidación del sistema y la legitimación de su poder. Las mujeres, agradecidas, podían convertirse en incondicionales del régimen, lo cual era importante porque en las elecciones de 1952, la oposición había alcanzado un porcentaje alto en las votaciones: el PRI necesitaba fortalecerse.
Con las mujeres ciudadanas, el PRI efectivamente aumentó el número de sus afiliados. Para 1954, de los 3.5 millones de militantes, el 35 por ciento eran mujeres. Las cifras lo comprueban, al sistema político mexicano le redituó conceder el voto a las mujeres para consolidarse plenamente. Las mujeres entraron legalmente a formar parte de la vida pública con una conducta pasiva frente a la política de México. Se les dio el voto en un contexto en donde no había libertades democráticas, con lo cual se liquidó toda posibilidad de un ejercicio democrático dentro del juego político. En un contexto en el que no había voces disidentes que cuestionaran la función de las mujeres como esencialmente familiar y privada, éstas obtuvieron el voto.
