La ley fue decretada para liberar a personas privadas de la libertad de forma injusta, entre ellas, mujeres quienes fueron obligadas a vender o transportar drogas durante la llamada “guerra contra el narco” o encarceladas por aborto y homicidio en razón de parentesco
Ciudad de México / Aline Espinosa Gutierrez (CIMAC).- A casi un año de funciones de la Comisión de Amnistía conformada por distintas instancias gubernamentales, hay una simulación de ésta ya que trabaja en total opacidad pues se niega a informar cómo decide si una persona privada de la libertad puede acceder o no a la Ley de Amnistía, tampoco responde cuántas solicitudes resuelven o reciben y los datos desagregados de éstas.
Así lo dijeron defensoras durante la presentación virtual del informe “Amnistía, ¿YA?”, realizado por las integrantes de Equis Justicia, organización feminista, que elaboró este documento para conocer cuáles han sido los beneficios de la Ley de Amnistía que entró en vigor el 22 de abril de 2020 en México y que fue decretada para liberar a personas privadas de la libertad de forma injusta, entre ellas, mujeres por delitos contra la salud, quienes fueron obligadas a vender o transportar drogas durante la llamada “guerra contra el narco”.
Con esta Ley también se busca que mujeres que han sido encarceladas por aborto y homicidio en razón de parentesco, así como a las personas acusadas de delitos como robo simple y sin violencia, portación y transporte de pequeñas cantidades de drogas, indígenas que no contaron con intérpretes en su proceso o que cometieron un ilícito por estar en extrema pobreza y vulnerabilidad, accedan a la amnistía.
En junio de 2020, la Comisión de Amnistía inició sus funciones con el fin de vigilar y aplicar dicha ley en los casos que entren en alguno de los supuestos anteriores, sin embargo se desconoce cuál es el criterio para definir si pueden o no gozar de este beneficio y someter su criterio a la calificación de un juez federal.
Quienes conforman esta Comisión son las personas titulares de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Bienestar.
Las y los panelistas declararon que la Comisión de Amnistía simula trabajar a favor de las mujeres que fueron encarceladas injustamente por abortar o estar relacionadas con delitos contra salud, de las personas indígenas que no gozaron de un debido proceso y de las que poseen una discapacidad, ya que no les informan sobre el status de su solicitud, ni el proceso que ésta llevó o porqué se les negó, lo que las deja sin elementos para seguir luchando por su libertad y las condena a vivir en la injusticia.
Resaltaron que con base en las solicitudes de transparencia que realizaron a la Secretaría de Gobernación, la Comisión declaró que toda esta información es confidencial porque equipara sus resoluciones como carpetas de investigación, y porque no quiere generar una falsa expectativa de libertad a las personas por eso no les notifica nada sobre su solicitud; y no desagrega los datos (sexo, edad, étnica) porque temen que de conocerse el nombre de la o el beneficiado sea discriminado por la sociedad.
“Esto deja ver cómo la Comisión se ha convertido en un discurso político que no ha tenido cabida en vida de las personas en prisión”, dijo la codirectora de Equis Justicia, Fátima Gamboa.
En el caso de las mujeres, dijeron, no hay forma de corroborar que la Comisión aplique la perspectiva de género, en particular de las que están vinculadas con venta o posesión de drogas, lo que es grave, ya que este delito es la primera razón por el cual muchas mujeres están en la cárcel a nivel federal.
La situación es aún peor para las personas indígenas. A ellas la Comisión les exige presentar su certificado de nacimiento o la de sus padres o una carta de alguna autoridad tradicional reconocida en su comunidad para validar su identidad. Requisitos que la misma Ley de Amnistía no solicita y que deben ser considerados como ilegales, ya que contraviene lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política, señalaron las y los defensores.
Datos del informe presentado revelaron que hasta el 24 de marzo de 2021, la Secretaría Técnica de la Comisión de Amnistía recibió 653 solicitudes de amnistía que sí cumplieron con los requisitos que ésta pide, de las cuales 18.8 por ciento, es decir 23 fueron de mujeres, 75.8 por ciento tienen una sentencia, 74 por ciento son por delitos contra la salud relacionados con drogas, 8.7 por ciento fueron personas indígenas, de éstas 11 son mujeres.
A las personas con discapacidad, añadieron, la Comisión les demanda un examen médico que acredite su condición para acceder a la amnistía cuando las discapacidades psicosociales o de inteligencia a veces no se pueden percibidas ni con estudios.
Estimaron que hay 2 mil 793 personas con discapacidad privadas de la libertad, de las cuales 5 mil 22 tienen discapacidad intelectual o psicosocial. “Hay que reconocer que esta condición es diversa, muchas veces no se puede distinguir. Estas personas no tienen un debido proceso porque no se hacen los ajustes para sus situaciones”, agregó el coordinador del equipo de Documenta, Víctor Lizama.
Aclararon que ni las personas indígenas ni las personas con discapacidad tendrían que acreditar su condición o identidad, pues la amnistía como tal no se da por el simple hecho de pertenecer a cualquiera de estos grupos poblacionales, sino que se analiza las circunstancias y contextos de marginación, exclusión y discriminación, que derivaron en violaciones al debido proceso o en la impartición de justicia.
En las solicitudes la Comisión manifestó que desde abril 2020 hasta el 24 de marzo de 2021, existen 38 casos fueron procedentes de este beneficio y 169 fueron improcedentes, sin embargo, dudan que estas cifras sean verídicas.
informó que tenía 762 solicitudes, para diciembre dijo tener 622. Nos saltó este dato porque eran 140 menos, lo cual es ilógico, debería ser más. Esas 140, dijo que no cumplieron con los requisitos. En marzo de 2021, publicó tener mil 62 y en transparencia reportó menos, es decir 653. Esto dice mucho del tratamiento que le da a las solicitudes”, detalló la estratega de comunicación digital de Equis Justicia y quien participó en la elaboración del informe, Karen Carrillo.
Al considerar toda la criminalización que pasaron en los procesos legales y el tiempo que llevan estas personas en la cárcel es “preocupante que éstas tengan que esperar a la buena voluntad de las autoridades para tener libertad”, dijo la abogada de Equis Justicia, Viridiana Valgón.
Ante este contexto, exigieron que la Comisión defina y haga transparente el proceso de las solicitudes; publique en su portal las resoluciones protegiendo los datos personales, las transcripciones de las minutas y los resúmenes estenográficos de sus sesiones; desglose las cifras; establezca un plazo para que el Poder Judicial notifique a las personas si accedieron o no a este beneficio y explique las razones con el fin de que las mujeres, las personas indígenas o con discapacidad que fueron encarceladas de manera injusta puedan acceder a la justicia.
En el evento participaron Fátima Gamboa e Isabel Erreguerena, de Equis Justicia; el coordinador del equipo de Documenta, Víctor Lizama; la coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), Norma Don Juán; la estratega de comunicación digital de Equis Justicia, Karen Carrillo y la abogada de Equis Justicia, Viridiana Valgón.
