En la voz de Estela Casados González en Testigo Púrpura
Este 25 de enero se cumple un año de la presentación de Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas en Veracruz. Estrategia de coordinación estatal. Un fracaso con perspectiva de género porque no hubo voluntad gubernamental para aplicar aquello que inspiró la fundamentación del documento.
La violencia contra la población femenina veracruzana se desbocó desde la primera década del siglo XXI: en promedio, nueve mujeres eran asesinadas cada mes. Más allá de un discurso de ocasión dicho a la fuerza, ni el gobierno estatal de ese entonces ni los siguientes tomaron cartas en el asunto.
Cuatro partidos políticos después, en 2020 las mujeres que vivimos en Veracruz nos encontramos con un lugar más inseguro para vivir, con dos Declaratorias de Alerta de Violencia de Género que pretenden defendernos del feminicidio y el agravio comparado, pero con instancias gubernamentales acéfalas y presupuesto insuficiente.
En Veracruz, con esta desatención a un tema que en los hechos siempre ha sido considerado menor, el año que se ha marchado registró 30 mujeres asesinadas mensualmente, en promedio. La cifra correspondiente a diciembre está pendiente.
Nos encontramos con autoridades más preocupadas por ajustar los términos para clasificar el delito de femincidio que por emprender acciones que permitan revertir la situación. Esto no es novedad. Así lo hicieron sus antecesores.
De acuerdo con cifras oficiales proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 329 mujeres fueron asesinadas en Veracruz de enero a noviembre de 2019. De estos, 152 son feminicidios.
No olvidemos que la figura del delito de feminicidio fue creada para poner sobre la mesa a la crueldad con la que las mujeres son asesinadas, como producto de un cúmulo de violencias que reciben a lo largo de sus vidas para culminar cegando su existencia, ensañándose con sus cuerpos y vejando su dignidad.
Seamos claras. Este delito no fue integrado en el Código Penal local para decir que los homicidios de mujeres son menos importantes o que evidencian menos violencia contra las mujeres y niñas. No es así.
El Estado mexicano y las autoridades solo aluden a la perspectiva de género de manera discursiva, sin mostrar interés real en defender los Derechos Humanos de las Mujeres. La estrategia Cero Tolerancia ha sido un ejemplo monumental de ello.
Tal como lo hicieron los gobiernos antecesores (PRI, PAN, PRD), el actual gobierno de Veracruz de extracción morenista no ha otorgado mayor presupuesto para responder de manera debida a las Alertas. Tampoco ha fortalecido a instancias que son clave para la prevención, atención y sanción de la violencia.
Por ejemplo, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) continúa sin directora después de ocho meses en donde no ha sido del interés de la Secretaría de Gobierno fortalecer este organismo estratégico, el cual se creó gracias al empuje de organizaciones feministas y del movimiento amplio de mujeres veracruzanas.
Qué decir del Refugio para Mujeres en Situación de Violencia, coordinado por el IVM; tan necesario para atender a aquellas que han decidido salir de espacios que vulneran sus vidas y las de sus hijos e hijas. En el último semestre de 2019, de manera pública se hicieron señalamientos dado que no se atendió debidamente a una ciudadana que se encontraba en esas instalaciones y que tenía una situación de salud delicada. Una negligencia costó la vida a una veracruzana que se encontraba ahí por violencia. Es preocupante conocer que el personal que atiende en el Refugio no fue sensible o no cuenta con la debida instrucción de salvaguardar debidamente la integridad de las usuarias.
Ha trascendido que no hay condiciones apropiadas para recibir a las que ahí deben hospedarse, menos cuando llevan a sus familias: seguridad, apoyo psicológico y legal, alimentación, estrategia pedagógica de calidad para la población infantil refugiada al parecer brillan por su ausencia.
¿Un refugio que no da certeza de vida? ¿Hay víctimas de violencia albergadas ahí?
Otra institución estratégica es el Centro de Justicia para las Mujeres, puesto en marcha el 25 de noviembre de 2019, en el marco del Día internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es clave, sin duda. A casi dos meses del acto inaugural que sólo sirvió para dar lucimiento a las diferencias entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Ejecutivo estatal, poco se ha difundido entre las ciudadanas de la entidad sobre la misión que tiene el Centro para apoyarlas en materia de violencia.
La entidad gubernamental con más peso para sancionar la violencia que viven las mujeres y por la que mueren cada día, es la FGE. Acéfala también porque hay quien se encarga, pero no quien dirija acciones con perspectiva de género de manera coordinada, tal como mandatan las Declaratorias emitidas por el gobierno federal.
Es en este contexto que se piensa en una tercera Alerta. Pareciera ocioso ante este juego discursivo perverso y feminicida.
El Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres) documenta que de enero a noviembre, 636 mujeres fueron víctimas de agresiones. Además, 260 fueron desaparecidas.
En 2020 habrá Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en Veracruz, pero ahora se está haciendo cargo la sociedad civil a través de las manifestaciones de las más jóvenes, quienes con su ira, nos muestran que la situación se ha salido de control. No con su pintas y contacto ríspido, sino porque ellas conforman la población más diezmada por el tsunami de violencias contra mujeres.
Cero tolerancia desde las organizaciones feministas de la sociedad civil. Desde aquellas que apoyaron para construir la estrategia gubernamental; porque siempre hay que ser críticas, sobre todo cuando está en prenda nuestra vida y nuestros derechos.
