Desde octubre del 2019 reportaron a la Comisión como “finalizada” en el informe de la Alerta de Género; sin embargo, eso ocurrió hasta el 6 de diciembre. Gobernación reconoce que: “No tienen mucho avance porque apenas se conformó”
Puebla / Por Majo Andrade (Lado B).– En octubre de 2019 el gobierno del estado daba por concluida la instalación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, según información del portal Puebla alerta por las mujeres –donde publica las evidencias de cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (Davgm)–, cuando su creación aún no estaba aprobada por el Congreso local.
Ahora, a cinco meses de que se expidiera la Ley de Víctimas del Estado donde se contempla su creación, María Luisa Núñez, fundadora del colectivo Voz de los desaparecidos en Puebla, señala que tanto esta comisión como la de Búsqueda de Personas, se encuentran prácticamente inoperantes.
Este medio ha intentado establecer contacto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Puebla para saber si ya posee lineamientos, modelo de atención, titulares en las direcciones administrativas (Unidad del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, Unidad de Ayuda Inmediata, Registro Estatal de Víctimas, Comité Interdisciplinario Evaluador, Asesoría Jurídica), y avance en las acciones que le corresponden de la Davgm, entre otras cosas.
Sin embargo, la entrevista no nos fue concedida y el enlace de comunicación social de la Secretaría de Gobernación estatal ha contestado vía telefónica que esto se dede a que “No tienen mucho avance porque apenas se conformó”, y que es mínimo lo que podrían informar sobre su operatividad.
Alerta de género y las comisiones
Dentro de las medidas específicas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (Davgm) que emitió la Secretaría de Gobernación a cincuenta municipios de Puebla en 2019, las número III y IV del rubro de “Justicia y reparación” obligaban a la creación de las comisiones estatales de Atención a Víctimas y de Búsqueda de Personas Desaparecidas: “Elaborar planes individualizados de reparación integral del daño […]” e “Instalar de manera urgente la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas […]”.
En octubre de 2019 el gobierno del estado de Puebla publicó en el portal Puebla alerta por las mujeres –como primer informe que se le obligaba a dar en la Davgm– una serie de pruebas y daba por “Finalizadas” y “Completadas” las instalaciones de dichas comisiones, así como las acciones directas relacionadas directamente a la de Atención a Víctimas. Como la elaboración de planes individualizados para la reparación integral del daño, la presentación de un informe y programa de atención para hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio.
No obstante, la CEAV no fue creada hasta el 6 de diciembre con la publicación de la Ley de Víctimas del Estado de Puebla y fue hasta dos meses después, el 6 de febrero de 2020, que se publicó el Reglamento de dicha ley, que contempla también el funcionamiento y configuración de la Comisión. El 27 de febrero se nombró como encargada de despacho a Miriam Itzel Chávez Gómez.
Esto significa que la instalación de la CEAV se cumplió cuatro meses después de que el gobierno estatal la diera como una acción “Finalizada” dentro de la Davgm.
Sin embargo, incluso después del nombramiento de la encargada de despacho, la CEAV existía solo en papel, pues hasta el 31 de marzo fue cuando la Fiscalía General del Estado publicó el acuerdo en el que se suprimía la Dirección General de Protección a Víctimas y Servicios a la Comunidad para pasarle sus funciones de atención y reparación a la Comisión, casi un mes después del plazo en que debió entrar en funciones dicho organismo.
Este atraso de operatividad también ha estado presente en la Comisión de Búsqueda de Personas, que fue creada en junio de 2019, pero hasta el 30 de enero de 2020, con tres meses de retraso en su operación, se nombró a su titular María del Carmen Carabarin Trujillo.
Derechos de víctimas ignorados
María Luisa Núñez, fundadora del colectivo Voz de los desaparecidos en Puebla, dijo a LADO B que tanto la CEAV como la Comisión de Búsqueda de Personas tienen un patrón de aplazamiento de sus funciones –visible desde su instalación– dejando a las víctimas sin la atención a la que tienen derecho por ley.
En las dos comisiones hay poca voluntad para que tengan una operatividad real que dé respuesta al gran número de víctimas que hay en Puebla. Voluntad que viene desde el “presupuesto irrisorio” que se les ha asignado a estos dos organismos desde el gobierno estatal, y reproduce la mala y casi nula atención que se dio a víctimas en Puebla cuando le correspondía a la FGE.
Recientemente, en el caso del feminicidio de Diana Celina, quien desapareció el 20 de diciembre en Puebla y cuyo cuerpo fue hallado el 12 de enero, su madre, María Hernández, aparte de denunciar falta de claridad en las investigaciones de la FGE, ha dicho a LADO B que en Puebla ninguna autoridad le ofreció asistencia ni apoyo de algún tipo –servicios médicos, apoyo psicológico, psiquiátrico, asesoría legal, transporte, traslado del cuerpo, servicios funerarios, alimentos, medidas de protección, albergue, etc.–.
Y, hasta la fecha, a pesar de haber señalado las irregularidades en la investigación del feminicidio que van en contra de los derechos de verdad, justicia, reparación integral, restitución de los derechos violados, debida diligencia y no repetición, la CEAV no se ha comunicado con la familia de Diana Celina.
Según los resultados de la Consulta Pública Abierta sobre Atención a Víctimas en México 2019, que realizó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal, el 63% de las víctimas encuestadas que acudieron por ayuda o a denunciar no recibió apoyo o acompañamiento principalmente porque no se les ofreció ningún servicio (47%), o lo solicitaron pero se les indicó que en ese momento no se contaba con personal o recursos para ello (24%), o se les indicó que no se brinda el servicio de apoyo o acompañamiento (13%), no existía alguna comisión estatal encargada y otras razones (16%).
En la desagregación por sexo de estas víctimas que no recibieron algún tipo de asistencia, se observa que aproximadamente el 64% son mujeres.
Asimismo, la familia de Fátima, menor de edad desaparecida en junio de 2019 y que fue localizada el 20 de abril gracias a las acciones del colectivo, no recibió apoyo ni de la Comisión de Búsqueda ni de la CEAV.
Se le informó al Ministerio Público que atiende el caso el costo de los traslados que la familia realizó al Estado México, donde fue localizada, para su reembolso por medio de la intervención de la CEAV, como lo señala la Ley de Víctimas del Estado, pero la solicitud fue ignorada.
Igualmente, María Luisa Núñez ha contado a LADO B que ella misma solicitó al Ministerio Público que girara un oficio a la CEAV para que se le dé la asistencia integral a Fátima y a su familia –servicios médicos, apoyo psicológico, psiquiátrico, asesoría legal–, a lo que le contestaron que: “¿Para qué?, si ya la habían encontrado”.
La negativa del Ministerio Público iría contra el artículo 3 del acuerdo que emitió la FGE, en el que se suprime la Dirección General de Protección a Víctimas y Servicios a la Comunidad para pasarle sus funciones de atención y reparación a la Comisión, donde dice que las y los agentes del Ministerio Público son también responsables de solicitar la atención de este organismo para las víctimas.
La familia de Fátima planea solicitar la asistencia por escrito en los próximos días. No obstante, a la fundadora del colectivo Voz de los desaparecidos en Puebla le parece preocupante que los mismos Ministerios Públicos nieguen las solicitudes de asistencia de la CEAV, mientras que esta no ha realizado ninguna acción de acercamiento a las víctimas.
Para María Luisa Núñez la inoperatividad de las comisiones son muestras de que en Puebla sigue habiendo una simulación en cuanto a la atención a víctimas y, específicamente, la Davgm no ha significado hasta ahora un cambio en la atención de mujeres víctimas.
Presupuestos “irrisorios”
En entrevista para LADO B, Gabriela Moreno Valle Bautista, abogada y académica integrante del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) que da seguimiento a la Alerta de Género en Puebla, señala que el gran impedimento para el correcto funcionamiento de las comisiones y en general de las acciones ideadas para atender la violencia hacia las mujeres son los limitados recursos económicos que les son asignados.
“La creación de estas comisiones es buena, por supuesto, pero lo que necesitan son recursos. Porque los derechos humanos cuestan, y cuestan mucho dinero”.
Según la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2020, a la CEAV se le otorgaron 27 millones 625 mil 522 pesos, de los cuales 14 millones corresponden al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Esos 14 millones contemplarían la ayuda y asistencia como servicios médicos, psicológicos, psiquiátricos, asesoría legal, medidas de protección, transporte y alimentación para todas las víctimas de la entidad, de acuerdo a la Ley de Víctimas del Estado de Puebla. Aparte de compensaciones proporcionales al daño sufrido, que de acuerdo con el artículo 64 podría alcanzar hasta 500 unidades de medida y actualización (UMA) mensuales, es decir, 1 millón 320 mil 575 pesos, según la actualización de 2020 de las UMA.
Con el presupuesto restante, se tendría que poner en marcha toda la operatividad de la CEAV, que contempla el Registro Estatal de Víctimas y, en cumplimiento a la Davgm, planes individualizados de reparación integral del daño, especialmente, la atención a hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio así como víctimas directas e indirectas.
Para la Comisión de Búsqueda, el presupuesto asignado para 2020 es de 20 millones 771 mil 339 pesos.
“Insuficiente para buscar a más de 3 mil personas desaparecidas en Puebla”, dice María Luisa Núñez, fundadora del colectivo Voz de los desaparecidos en Puebla, quien califica de “irrisorios” los presupuestos asignados para las dos comisiones.
