Lirians Gordillo Piña.- Un mensaje amenazante, evidencias de una lesión física y el apoyo de testigos son piezas clave para llevar a la justicia la violencia machista, por lo que especialistas en Cuba convocan a fomentar una cultura jurídica que apoye a las víctimas en estos procesos.
En la nación caribeña no existe un mecanismo estatal nacional que dé respuesta integral a la violencia de género. El Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal no la reconocen, ni contienen ninguna distinción para estos casos, salvo la consanguineidad y el vínculo familiar como agravantes de los delitos. “La Ley de Procedimiento Penal no establece una distinción en los medios probatorios; lo que hace es consignar cuáles pueden ser usados para probar los hechos de manera general”, explica a SEMlac Arlín Pérez Duharte, profesora de Derecho Penal de la Universidad de La Habana.
Según la abogada penalista, son considerados medios probatorios la confesión del delito, las pruebas documentales que pueden incluir distintos medios audiovisuales y textos, los testimonios de testigos, las pruebas periciales, la inspección judicial cuando es necesario reconocer el lugar del hecho por parte del tribunal y las pruebas preconstituidas para proteger el testimonio de personas que pueden no estar presentes en el momento del juicio. “Cuando las personas tienen la oportunidad de grabar, cuentan con una prueba importante, pues estos suelen ser delitos de soledad, donde solo están el atacante y la víctima”, argumenta Pérez Duarte. Un ejemplo son los casos de acoso, laboral o sexual, que suceden habitualmente en lugares sin público ni testigos, pero la víctima puede llegar a grabar el maltrato o guarda las amenazas recibidas en mensajes de texto a través de celulares o en las redes sociales virtuales. “Esa grabación o texto se pueden llevar al proceso legal”, afirma la profesora Pérez Duharte.
Pero no es fácil para las víctimas denunciar el maltrato machista y reunir evidencias cuando se encuentra en el ciclo de la violencia. Las especialistas consultadas por SEMlac insisten en el valor de la denuncia y llaman a socializar recursos que las sobrevivientes puedan manejar en los procesos legales. “Separar en tiempo la denuncia del hecho también atenta contra la viabilidad de la investigación. En el caso de una violación, si el hombre se bañó y se deshizo de las ropas disminuye la posibilidad de encontrar evidencias del hecho; lo mismo pasa con la víctima. Esto es algo muy difícil porque ¿cómo no comprender la necesidad de la víctima de sentir que se libera de algo que la marca y le hace daño? Pero se trata de una cultura de cómo contribuir con la captura y el procesamiento penal”, argumental la jurista.
Demorar la denuncia también puede llevar a la prescripción del delito, que según su tipología y consecuencias varía entre cinco y 20 años. Otros perjuicios que puede sufrir el proceso legal por esta causa son la desaparición de pruebas, la imposibilidad de contar con testigos e incluso la dificultad de dar un testimonio fiable para el tribunal. “¿Cómo el fiscal puede armar una tesis acusatoria cuando han pasado cinco años o más del hecho? ¿Cómo, pasado ese tiempo, se puede reproducir sin dudas la hora, el lugar, la ropa, las palabras? Los testimonios pueden volverse muy cuestionados. Y cuando el tribunal no tiene convicción fuerte de que hay elementos para acusar a una persona, por presunción de inocencia tiene que exonerarlo de responsabilidad”, alerta Pérez Duharte.
Estar listas para alzar la voz puede necesitar tiempo y ayuda
Es frecuente que, años después, las sobrevivientes de la violencia cuenten sus historias, porque compartir sana. El libro Sobrevivientes, realizado por SEMlac y editado por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) reúne testimonios de cubanas diversas que fueron víctimas de la violencia machista. Varios casos tuvieron una salida legal, pero muchas de las soluciones no fueron satisfactorias. Algunas de esas historias son la de una madre que nunca pudo probar que su hija fue asesinada en el extranjero por el esposo; una cubana que calló por más de 20 años una violación que aún la marca y una pareja de mujeres lesbianas que sí pudieron demostrar el acoso, pero el proceso les costó salud y bienestar.
La mayoría no denunció inmediatamente el maltrato. Según especialistas, es comprensible que las víctimas no denuncien por la revictimización a la que se enfrentan en unidades policiales, por la familia, la comunidad, el tribunal y más recientemente hasta por los medios de comunicación masiva y redes sociales. “Cuando las mujeres están en el ciclo de la violencia es extremadamente difícil hacer una denuncia por temor a perder su vida o la de las personas que más quieren. Además, estas mujeres no solamente están debilitadas en su autoestima, autonomía, en sus posibilidades para reconocer sus capacidades de actuación; también son mujeres que han perdido la confianza de salir del ciclo y dejan de actuar en el momento correcto según otras personas”, reflexiona la socióloga Magela Romero Almodóvar.
Para la también profesora de la Universidad de la Habana, es importante escuchar y apoyar a las víctimas, independientemente de que la denuncia sea inmediata, pasado un tiempo de comenzar la relación abusiva o incluso años después de sobrevivirla. “La voz de las mujeres que sufren la violencia es la denuncia al sistema patriarcal y esa denuncia no tiene un tiempo específico; puede estar limitada por muchas razones que tienen que ver con la psicología, con la sociología, con la propia economía, con la cultura, pero sobre todas las cosas, con el momento adecuado según la percepción de la víctima”, afirma Romero Almodóvar. Las redes de apoyo, formales e informales, también tienen un rol decisivo para la sobrevivencia de las víctimas y los procesos judiciales. Contarle a amistades, vecinos y familiares es fundamental para encontrar apoyo y también para no dejar impune el maltrato.
Pero no solo la víctima teme al agresor, también quienes conocen o han presenciado la violencia pueden sentirse en peligro. “El victimario muchas veces se asegura de tener el poder más allá del que ejerce contra la víctima. Familiares cercanos y vecinos no se atreverían a desmontarle su espacio de poder y esto es muy peligroso porque, como decimos, si no actúas también eres cómplice”, reflexiona la especialista. Por eso Romero Almodóvar llama a “ganar en la seguridad y protección de todas las personas que participan acompañando el caso”.
El futuro pudiera ser diferente para las víctimas de violencia machista en Cuba si se avanza en acciones que den respuesta al artículo 43 de la actual Carta Magna, que estipula que el Estado protege a las mujeres “de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios, y crea los mecanismos institucionales y legales para ellos”. La aprobación de un nuevo Código Penal y una nueva Ley de Procedimiento Penal se incluyen en el calendario legislativo y, a partir de los avances que plantea la Constitución, “la norma penal tendrá que buscarle un lugar al tratamiento de la violencia de género y la violencia intrafamiliar”, opina Pérez Duharte.
La inclusión de la víctima como parte del proceso penal le permitirá a esta contar con asesoramiento y representación letrada, estar informada de todos los pasos, impugnar las decisiones y tener un papel activo en el juicio. “Hasta hoy el proceso transcurría a sus espaldas y con la nueva ley la víctima podrá ser una parte activa”, refiere la jurista.
Especialistas y activistas en Cuba reconocen que evitar la impunidad en casos de violencia machista no solo salva la vida de la víctima y sus seres más queridos, también puede evitar la existencia de otras víctimas y es imprescindible para el desarrollo de la nación. “Cuando la persona victimaria sale airosa de la situación o continúa ejerciendo la violencia indiscriminadamente, no solamente provoca el daño en esa relación de pareja, laboral, de la comunidad, sino que también visibiliza este modelo de actuación como un modelo natural y eso es muy peligroso”, asegura Romero Almodóvar.
Fuente: AmecoPress
