México / Hazel Zamora Mendieta.- Nuevamente la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) filtró datos de las carpetas de investigación de mujeres que fueron víctimas de intentos de privación de la libertad en las inmediaciones del Metro, exponiéndolas a situaciones de riesgo y agresiones, denunció Zúe Valenzuela, una de las denunciantes de intentos de desaparición.
A pesar del compromiso que el viernes 1 de febrero asumió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, cuando sentó a su lado a Zué Valenzuela y Estela Tagle, ambas agredidas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, afirmando que en su gobierno, el primero a cargo de una mujer, habría cero tolerancia a la violencia de género. En palabras de Zúe, la actuación de las autoridades ha sido de simulación y revictimizante.
Hasta hoy son tres mujeres que no sólo vivieron un intento de privación de la libertad o fueron agredidas por hombres en el Metro, también hicieron públicos sus casos y como respuesta las instituciones del gobierno de la Ciudad de México las han obligado a enfrentar un calvario de revíctmización y a sumergirse en procesos donde las culpabilizan y las exponen a más riesgos.
En la conferencia de prensa del pasado viernes, Sheinbaum detalló que colocarían 5 Ministerios Públicos móviles para atender los intentos de privaciones de libertad de mujeres en el Metro y presentó a dos víctimas a quienes estaban apoyando: Zúe Valenzuela y Estela Tagle.
Sin embargo Zúe Valenzuela, quien vivió un intento de privación de la libertad el 15 de enero, narró a esta agencia que fueron contactadas por el Gobierno capitalino, quien les ofreció una reunión para el viernes 1 de febrero. Ambas fueron para hablar con la Jefa de Gobierno y aunque previamente no les informaron que tendrían que hablar frente a los medios de comunicación cuando les pidieron pasar al frente aceptaron narrar su testimonio.
Minutos antes de comenzar la rueda de prensa, se les pidió a Zúe y Estela que subieran al estrado para estar al lado de la Jefa de Gobierno y parte de su gabinete. Una vez que concluyó su presentación, ese mismo día, preocupadas por la exposición que tuvieron ante los medios de comunicación, ambas víctimas pidieron a la gobernadora que garantizara su seguridad por medio de medidas de protección. Hasta ahora no ha recibido ninguna.
Al termino del acto protocolario de la conferencia, Zúe Valenzuela narró que la titular de la Secretaría de las Mujeres, Gabriela Rodríguez Ramírez, le pidió no crear “psicosis” entre la sociedad pues no se consumó la privación de la libertad y por tanto no se conocía cuál era fin de los agresores. “Básicamente nos dijo: ‘Si ustedes no saben con qué función se las querían llevar no estén hablando’. Que no hablemos de un tema de trata, desaparición, ni feminicidio si no estamos seguras, que esperáramos que la Procuraduría hiciera su trabajo antes de andar hablando a los medios”.
Las mismas palabras de la secretaría de las Mujeres escuchó Siomara, otra joven a quien intentaron privar de la libertad el pasado 28 de enero cuando caminaba a la estación del Metro Coyoacán. En entrevista con Cimacnoticias, Siomara contó que el viernes pasado un medio de comunicación la entrevistó y la enlazó con la funcionaría Gabriela Rodríguez, quién en esa comunicación le pidió no crear pánico porque no se conocían las causas de estos crímenes.
Para Siomara las autoridades han estado a la defensiva y no quieren reconocer que están intentando privar de la libertad a las mujeres que viven o transitan la Ciudad de México a pesar de las evidencias que ellas han proporcionado.
“Tienen en sus narices tantas pruebas, no somos una, somos varias chicas que hemos descrito las camionetas, las placas (de quienes las intentaron privar a de la libertad) y las autoridades dicen: ‘Es que no tenemos pruebas, nos va llevar mucho tiempo’”.
De acuerdo con el plan de acción de Claudia Sheinbaum la Secretaría de las Mujeres se encargaría de colocar en los Ministerios Públicos móviles abogadas especializadas en perspectiva de género para atender los casos. La instancia, que apenas en diciembre de 2018 se transformó de Instituto de las Mujeres a Secretaría, no ha intervenido hasta ahora en el caso de Zúe ni en el de Siomara, señalaron ambas.
Las no tan viejas prácticas de la PGJ
En la conferencia de prensa del 1 de febrero también estuvo la procuradora de Justicia capitalina, Ernestina Godoy Ramos, quien se comprometió a investigar los intentos de privación de la libertad en el Metro. Desde ayer, a seis días del compromiso de la Procuraduría, esta dependencia permitió que la prensa accediera a información confidencial de las denuncias.
Con esta información ahora los medios pueden detallar que las autoridades crearon un perfil de víctima con base en las mujeres que denunciaron intentos de privación de la libertad. Sin embargo, ninguna de las víctimas, cuya información ahora es pública dio su consentimiento para que los medios accedieran a sus carpetas de investigación. Zué Valenzuela, por ejemplo, desconoce en qué etapa de la investigación se encuentra su caso.
“Nosotras firmamos la confidencialidad de los datos (por parte de la PGJ), una de las cosas en que yo fui muy insistente. Supuestamente estaba reservada toda la información. Nunca nos han preguntado nada. Por la exposición en medios hemos pedido las medidas de protección, pero al contrario, siguen exponiéndonos mucho más todavía al relevar nuestros datos”.
Ambas decidieron hacer públicos sus casos para evitar que se repitieran y tener justicia, posteriormente presentaron la denuncia pero por seguridad no han detallado a los medios de comunicación su número de carpeta de investigación, edad, ocupación y sobre todo, la descripción de sus agresores pues temen que ellos, al estar en libertad, tengan los datos de las denunciantes y tomen represalias.
Con esta información que, afirman, difundió la PGJDF, los agresores podrían encontrarlas, sobre todo cuando ellas no cuentan medidas de protección, declaró Zúe.
Siomara está en la misma situación. Ella refirió que al denunciar, su asesora jurídica solicitó medidas de protección y le dijeron que se comunicarían para recibir, a más tardar hoy, el Código Águila, es decir, patrullajes y rondines. Hasta la tarde de este jueves 7 no ha recibido ninguna comunicación por parte de la PGJDF.
Tras la información difundida por la autoridad a ambas víctimas les han llovido mensajes en redes sociales de personas que las acusan de tener la culpa, aseguran que se buscaron las agresiones o les dicen que “le paren” a sus denuncias.
La PGJDF vuelve a repetir las antiguas prácticas que desde años atrás arrastraba la institución, por ejemplo, la filtración de datos de las víctimas –como sucedió en el caso de feminicidio Lesvy Berlín Rivera Osorio, o el multihomicidio de cinco personas en la colonia Narvarte–. Esto vuelve a suceden en una administración que se comprometió a restructurarse.
Ayer 6 de febrero Zúe intentó interponer una queja contra la PGJDF en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por la filtración de información de su caso, revictimización y faltas al debido proceso pero desistió pues el personal de la institución le Dijon que tardarían dos días en analizar si aceptaban la queja.
Las promesas
De aquellas promesas que hicieron las autoridades capitalinas el viernes 1 de febrero; contar con abogadas y Ministerios Públicos sensibilizados y especializados en perspectiva de género para atender a las mujeres que enfrentes agresiones en el Metro, de eso no hay “nada, absolutamente nada.”, denunció Zúe Valenzuela.
El lunes 11 de enero, Zúe y dos mujeres, también agredidas en el Metro, fueron citadas en el “búnker” de la Procuraduría de Justicia, ubicado en la delegación Cuauhtémoc. En la reunión estuvieron el Jefe de Policías de Investigación, el representante de Seguridad Pública, la Subprocuradora de Atención a Víctimas de la PGJDF y diversos Ministerios Públicos. Zúe narró que ahí se les regañó de no interponer primero una denuncia y les dijeron que por ello no lograban detener a nadie. “Nosotras expresamos que no teníamos las condiciones y teníamos miedo de represalias”.
Ese mismo día la PGJ detuvo a dos personas en el Metro por el delito de acoso sexual. A las tres víctimas les compartieron la fotografía de los detenidos pero ninguna logró reconocerlo como involucrado en sus casos. Al búnker llegaron las dos mujeres que denunciaron a estos hombres por acosarlas. A pesar de que los tres casos de la reunión eran intentos de privación de la libertad y los otros dos eran casos de acoso sexual la autoridad asignó a una asesora jurídica para las cinco víctimas.
“Como tú eres abogada ya conoces tus derechos, te voy a firmar que yo estuve aquí presente, pero tú te puedes quedar solita porque las demás necesitan alguien más”.
Esas palabras le dijo la asesora jurídica a Zúe. El trato insensible también lo recibió de la psicóloga que la atendió. En medio de su relato de los hechos la psicóloga la dejó porque, dijo, “tenía que irse”.
El colmo para Zúe fue cuando se hizo el certificado de lesiones. En las sillas de espera estaban sentados los dos hombres acusados de acoso sexual que horas antes detuvo la PGJDF –los reconoció por las fotos que le enseñaron las autoridades–. La médica le pidió que esperara al lado de ellos. Zúe revivió el miedo al estar cerca de aquellos agresores de otras mujeres y la revictimización que enfrentó hizo que pidiera compañía a una de sus amigas.
Ese lunes, a su salida de la PGJDF, los medios de comunicación ya estaban esperando a las víctimas. Además Zúe se enteró, por medio de mensajes que le enviaron reporteros que la cuestionaban, que la Procuradora ya había dado la información que ellas acaban de exponer y que incluso dijo que tenían el retrato hablado de uno de sus agresores.
“Es simulación, hacen todo lo contrario. Es más de lo mismo que la Procuraduría viene haciendo en muchos casos, no es la primera vez que lo hace”, apuntó Zúe.
El plan de la Jefa de Gobierno para atender los intentos de desaparición o de privación de la libertad de mujeres en el transporte público, en el Metro y en sus inmediaciones, consistió en colocar afuera de cinco estaciones, Coyoacán, Mixcoac, Martín Carrera, Tacubaya y UAM Iztapalapa, Ministerios Públicos móviles para agilizar las denuncias y la atención.
Además de mejorar el alumbrado y vigilancia a las afueras del Metro; entre otras medidas que fueron fuertemente críticas por las usuarias fue la “pulsera morada” que portarán policías en el Metro invitando a las mujeres “a que les den la mano si se sienten inseguras”.
De acuerdo con Siomara, en la reunión con las autoridades que tuvieron el lunes, ellas externaron que medidas como instaurar Ministerios Públicos móviles no eran suficientes, toda vez que eso no garantiza encontrar a los responsables y sus labores se limitan a un horario de 9:00 a las 19:00 horas.
“Nos están dando la espalda. Una quiere denunciar y al final nos ponen el pie. Que se pongan un poquito en los zapatos de nosotras. Ellas son mujeres, la Secretaría, la Jefa de Gobierno, la Procuradora. No hay apoyo. Nos preguntaron ‘por qué no ponemos la denuncia’ y nos regresan.”
Entre la información que ha dado la PGJDF dijeron que hay un detenido por tratar de privar a la libertad a una mujer. En tanto, las víctimas de estas agresiones no se sienten seguras por la filtración de sus datos, la revictimización y porque las autoridades no les han garantizado su seguridad.
Fuente: CIMAC Noticias
