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Después de 10 años liberan a Evelia, fue violada y criminalizada por aborto fortuito


Los acontecimientos rompieron la vida no solo de Evelia, sino de toda su familia. Sus parientes a la fecha no comprenden cómo ocurrió todo: no saben quién acusó a Evelia

Ciudad de México / Lilia Balam y Katia Rejón (Sin Embargo).– Nayi no podía creer a sus familiares cuando le dijeron que su tía Evelia, mujer maya de 39 años, estaba a punto de ser liberada del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tekax, en mayo del 2019, tras pasar ahí 10 años injustamente, acusada de homicidio en razón de parentesco.

El día de la liberación, junto con su hijo, primas, madre y abuela, preparó un pastel, huevos con frijol y escabeche. En cuanto Evelia pisó nuevamente su casa, Nayi salió a su encuentro y no escatimó en gritos de emoción, llanto y abrazos.

“Fue un momento de paz. Lloramos pero no de tristeza, sino de alegría. Cuánto tiempo yo venía de trabajar desde Cancún y cada fin de semana la iba a ver al penal un rato. Al principio me acompañaba mi hijo, pero cuando creció venía yo sola porque el pasaje es mucho. Y cuando ella lo vio ese día no podía creer que mi hijo ya estuviera tan grande”, contó.

Esos momentos no podían ser más diferentes a los recuerdos de Nayi de la última vez que vio a Evelia en libertad. Aquel sábado de julio del 2009 la joven estaba preparándose para irse a trabajar a Playa del Carmen, Quintana Roo, cuando uno de sus parientes le avisó de un incidente en casa de su tía.

Evelia se había desmayado tres veces y aunque para ella todo lo que ocurrió después sigue siendo borroso. Su madre le contó que se cayó boca abajo y “salió un bebé”. De acuerdo con lo que la propia mujer relató, desconocía estar embarazada tras haber sido víctima de violación.

En medio del caos, las familiares solicitaron a un amigo que las llevaran al Hospital Comunitario de Peto con todo y el producto.

Cuando la madre de Evelia llegó al nosocomio le dijeron que su hija “era una asesina”, había “matado a su bebé” y por ello fue trasladada al Ministerio de Tekax. Acompañada por algunos familiares, se movió a ese recinto, pero al llegar el personal negó tener documentos sobre el caso y aseguró que Evelia no estaba ahí.

“Mi abuela ya estaba desesperada, no le habían dicho dónde estaba su hija. Regresaron a la casa a comer algo y unos judiciales [vestidos de civiles], vinieron a decir que mi abuela tenía que ir a firmar un papel para que dieran de alta a Evelia. Mi abuela, sin comer nada, se fue a Peto. Pero no dejaron que nadie más que ella, esos señores y el doctor que la atendió pasaran. Firmaron unos papeles, agarraron los dedos de mi abuela y los pusieron en los papeles. Ahí decía que aceptaba la culpabilidad de Evelia, pero esos señores dijeron que se iban a llevar a mi abuela para firmar unos papeles y que su hija saliera”, detalló Nayi.

Sin tener certeza de lo que ocurriría, la madre, hermanas y sobrina de Evelia abordaron un vehículo que las llevó al CERESO de Tekax. En la puerta permanecieron esperando bajo la lluvia.

“Y entonces vimos que la llevaron esposada, sin sandalias. Ella acababa de pasar por todo y estaba lloviendo, y así la bajaron. Mi abuelita se quitó sus sandalias y se las dio, pero las mujeres policías dijeron que no, que era una asesina y no merecía nada. No le dejaron ponerle las sandalias”, contó Nayi.

No supieron nada de Evelia en los siguientes nueve días. Cuando por fin pudieron verla, notaron marcas y moretones en sus brazos. Además, no hablaba para nada.

Buscaron explicaciones para reparar la situación legal de la mujer, pero nadie les brindaba información sobre el caso. Incluso una persona se presentó en el domicilio familiar bajo el argumento de ser un “licenciado” de Tzucacab que les asesoraría para conseguir la libertad de Evelia. En cada visita exigía sumas de dinero para realizar “trámites”, pero nunca se vieron avances en el caso.

El colmo fue cuando el sujeto les pidió 15 mil pesos para seguir el proceso.

“Dijo que si no teníamos el dinero vendiéramos algo, pero no teníamos nada más que las hamacas y la ropa”, comentó Nayi.

No reunieron el dinero y desistieron en los esfuerzos para intentar liberarla. En el 2014, Evelia presentó una apelación y le redujeron dos años y medio de cárcel.

Le notificaron dos días antes de concretarse la liberación. Lo primero que hizo fue regresar a la casa familiar. Aunque fue complicado, un par de meses después consiguió trabajo, pero solo duró un par de semanas ahí. Después una mujer que trabajaba en el reclusorio la localizó y le ofreció empleo, un puesto en el que está contenta.

“Me acostumbré a estar encerrada”, externó

Evelia no ha pensado en sus planes a futuro. Tampoco sale de su casa. “Me acostumbré a estar encerrada”, externó. Para su sobrina, ese comportamiento se debe al miedo, pues solamente abandona la vivienda para ir a trabajar o realizar algún mandado y no lo hace sola: siempre está acompañada.

Los acontecimientos rompieron la vida no solo de Evelia, sino de toda su familia. Sus parientes a la fecha no comprenden cómo ocurrió todo: no saben quién acusó a Evelia, no saben de dónde salió la versión de que pretendía dejar al producto para que se lo comieran los perros en el patio de su casa, como señaló la sentencia emitida por el Juzgado Penal del Segundo Departamento Judicial del Estado. Ni siquiera saben cómo pudo ocurrir la violación que causó el embarazo.

Lo único que saben con certeza es que se cometió una injusticia. “La trataron de lo peor, no es justo que tantos años pasó en el CERESO por una injusticia cuando hay miles de casos más y peores. Si hay leyes, que se respeten y que se pongan pruebas para acusar a una persona. No suponer, porque la suposición no existe. Lo que le pasó a ella fue una gran injusticia”, puntualizó Nayi.

Como Evelia, otras mujeres mexicanas han sido encarceladas por la criminalización del aborto. El hecho de que el aborto esté contenido en la legislación penal “es una amenaza y un castigo para las mujeres que desacatan el imperativo tradicional de ser madres, expresó Karen Luna Rodríguez Bueno, coordinadora del área de investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

La criminalización de la interrupción del embarazo materializa la idea de que la maternidad es una “función obligatoria de las mujeres” y afecta “de manera concreta a mujeres condenadas a perder años de su vida en prisión y sentenciadas sin que existan pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad”, pues los estereotipos sobre la maternidad “influyen en los razonamientos de algunos jueces, quienes condenan como homicidas a mujeres que tuvieron partos fortuitos en los patios o letrinas de sus casas y cuyos recién nacidos mueren sin que ellas puedan auxiliarlos debido a que tampoco hubo quien las auxiliara a ellas”, precisa el informe “Maternidad o castigo”, elaborado por GIRE.

Como no solo se ha castigado a mujeres que interrumpen sus embarazos de manera voluntaria, todavía no se conoce con exactitud la dimensión de este problema, aseveró Verónica Cruz Sánchez, activista mexicana de la asociación civil guanajuatense Las Libres.

“Hay carpetas abiertas, procesos y sentencias a mujeres por el delito de aborto, pero no van a ir a prisión. Las que sí están en prisión, que son los casos más graves, son las acusadas por delitos relacionados: mujeres que tuvieron abortos espontáneos, partos prematuros o emergencias obstétricas, pagando sentencias por homicidio en razón de parentesco, infanticidio u omisión de cuidados”, aclaró.

Incluso las integrantes de la agrupación han detectado casos de mujeres que tenían derecho a la interrupción legal del embarazo porque fueron víctimas de violación y las sentenciaron por homicidio en razón de parentesco, como en el caso de Evelia.

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