Ciudad de México / Lizbeth Ortiz Acevedo.- El caso de Lydia Cacho da un paso más en busca de alcanzar verdad y justicia para la periodista tras la tortura que vivió tras ser detenida de forma arbitraria el 16 de diciembre de 2005 en Cancún, esto luego de darse a conocer que se dictó auto de formal prisión al ex director de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán, acusado de formar parte de la cadena de mando que se organizó dentro del aparato del poder judicial en Puebla para agredirla y censurarla.
#FGR, a través de #FEMDH, obtuvo auto de formal prisión en contra de Hugo Adolfo “K”, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de tortura en agravio de una periodista. Por lo anterior, se decretó la apertura del procedimiento ordinario y le fue impuesta la medida… pic.twitter.com/gbaPXxjLXg
— FGR México (@FGRMexico) July 20, 2023
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) obtuvo el auto de formal prisión en contra de Hugo Adolfo “K”, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de tortura en agravio de la periodista. Por lo anterior, se decretó la apertura del procedimiento ordinario y le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva.
Por lo anterior, se decretó la apertura del procedimiento ordinario y le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva.
El caso deviene de la consignación realizada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la FEMDH, en la que se presentó evidencia suficiente para probar la existencia de un aparato organizado de poder dentro de la estructura del gobierno del estado de Puebla, que planeó y ejecutó un plan sistematizado para castigar a la periodista por haber realizado la publicación de su investigación sobre trata de personas en la que se develaban nombres de personas que participaron en redes de tráfico de niñas y niños.
Hugo Adolfo “K”, se le imputa que desde su posición de poder correspondiente a la Dirección General de la entonces Policía Judicial del estado de Puebla, en cumplimiento de las instrucciones de Mario Plutarco “M”, exgobernador de dicha entidad, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva y sujeto a un proceso penal por los mismos hechos, presuntamente organizó y ordenó a sus dependientes jerárquicos que al cumplir una orden de aprehensión en contra de una periodista, realizaran actos de tortura con la finalidad de castigarla por la publicación de un libro.
Es importante señalar que de este caso existen ya tres sentencias condenatorias por el delito de tortura en contra de ex servidores públicos de las entonces Procuradurías Generales de Justicia de los estados de Puebla y Quintana Roo, además de dos personas más que se encuentran en prisión preventiva justificada durante el desarrollo de su proceso por el mismo hecho en agravio de una periodista.
Cimacnoticias informó el pasado 13 de julio la detención de Hugo Adolfo Karam Beltrán donde la Fiscalía General de la República (FGR) el ahora puesto en auto de formal prisión se encontraba prófugo y había solicitado en abril de 2021 la suspensión de la orden de aprehensión en su contra, no obstante fue puesto a disposición de un juez federal competente en Quintana Roo para que determinara su situación jurídica.
Además de Karam Beltrán, por este caso también se encuentra preso el exgobernador de Puebla, Mario Marín, el empresario Jean Succar Kuri, detenido en 2004 y sentenciado a 112 años de prisión por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores. En 2021 el empresario, partícipe en los delitos contra la periodista Lydia Cacho y cómplice de la red de explotación sexual infantil, José Kamel Nacif Borge, fue puesto en libertad en Quintana Roo.
Cuatro años de exilio
Con información de Berenice Chavarría Tenorio
Fue en 2005 cuando la periodista publicó el texto “Los Demonios del Edén”, en el que se reveló la existencia de una red de explotación sexual infantil que involucraba a los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif Borge, además de políticos como Mario Marín, Emilio Gamboa Patrón y Miguel Ángel Yunes Linares.
Ese mismo año Lydia Cacho fue acusada de difamación y calumnia por uno de los involucrados: el empresario José Kamel Nacif Borge.
Como parte de esa denuncia el 16 de diciembre de 2005 Cacho Ribeiro fue detenida por al menos diez personas, entre agentes de la policía y agentes privados, quienes la llevaron de Quintana Roo a Puebla. En este trayecto realizado vía terrestre, la periodista fue víctima de tortura.
Un año más tarde, el 14 de febrero de 2006, medios de comunicación dieron a conocer grabaciones de varias llamadas telefónicas donde funcionarios públicos y empresarios planearon detener, encarcelar y agredir a la periodista.
En una de estas conversaciones el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y el empresario Kamel Nacif, hablaron de cómo facilitaron la detención y tortura de la periodista.
«El 23 de julio de 2019, unos sicarios entraron en mi hogar, mataron a mis perras, fieles compañeras de mis días, mientras la fortuna quiso que mi viaje encontrara obstáculos para no llegar a tiempo a lo que parecía el último enfrentamiento con la muerte. Huí de México», recordó Lydia Cacho en su libro Cartas de amor y rebeldía (2022).
Desde ese día, la periodista cambió su vida en México por un lugar en el que pudiera permanecer con la certeza de que estaría segura. Sin embargo, sigue esperando el momento en que pueda volver a su país: a cuatro años de permanecer exiliada, la también escritora no ha alcanzado justicia y sus agresores gozan de impunidad.
Al día de hoy “faltan varios detenidos, varias sentencias todavía”, asegura Lydia Cacho. Ello pese a que en enero de 2019 el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a la periodista por las agresiones de las que fue víctima y se comprometió a «dejar atrás la simulación”.
En mayo de 2021, el empresario Kamel Nacif Borge fue detenido en Líbano. Sin embargo, dos meses después, el Tercer Tribunal Colegiado en Quintana Roo le otorgó un amparo para dejar sin efectos la orden de aprehensión por el delito de tortura en contra de la periodista, con lo que se abrió otro surco en el camino a la impunidad.
Por su parte, Mario Marín Torres –exgobernador de Puebla– fue detenido en febrero de 2021, pero su estancia tras las rejas no ha significado obtener una sentencia.
La defensa legal de la periodista y defensora de los Derechos Humanos de las mujeres destacó que en los últimos tres años se han abierto casi 40 expedientes judiciales en el caso sobre todos los implicados en la tortura, pero la justicia para Lydia Cacho sigue sin llegar.
