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En Puebla han sido violentadas el 62% de mujeres candidatas a diputadas federales

Samantha Páez Guzmán.- Aunque la cifra podría ser mayor, seis de cada diez excandidatas a una diputación federal durante 2018 sufrieron alguna clase de violencia política de género, esto de acuerdo con el “Diagnóstico Multidimensional de Violencia Política contra las Mujeres en las Elecciones Federales 2018” en el estado de Puebla, presentado este martes.

El estudio, realizado por el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis), indicó que la mayor parte de las
excandidatas encuestadas -59.4 por ciento- sabe identificar la violencia política de género y sus implicaciones; sin embargo, cuatro de cada diez conocen poco o nada este tipo de violencia.

La violencia política contra las mujeres, según la Organización de los Estados Americanos (OEA), es “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”.

Para Cafis “el hecho de que muchas de las encuestadas no cuenten con conocimientos suficientes para poder identificar correctamente el fenómeno, no significa que no sean o no hayan sido víctimas del mismo. Al contrario, el desconocimiento las hace extremadamente vulnerables”.

La directora de Cafis y coordinadora de la investigación, Natalí Hernández Arias, comentó durante la presentación del Diagnóstico que Puebla y Guerrero son los únicos estados del país que no han regulado la violencia política de género en ninguna de sus legislaciones.

Puebla fue uno de los estados con más casos durante 2018, donde además se cometieron dos asesinatos de mujeres con tintes políticos: la candidata por una diputación local Juana Irais Maldonado y la regidora de Salud, Asistencia Pública, Ecología, Medio Ambiente y Juventud del municipio Juan Galindo, Erika Cázares.

Otro dato que llama la atención es que 15.6 por ciento de las 32 excandidatas encuestadas dijeron no saber si habían sido objeto de violencia política. Aunque 81 por ciento dijo que sí conoció de casos que padecieron otras candidatas.

Medios y partidos, los violentadores

De acuerdo con las excandidatas encuestadas, los responsables de los actos de violencia en su contra fueron: medios de comunicación (26.9 por ciento), los propios partidos (23.1 por ciento), la ciudadanía en general (19.2 por ciento), sus contrincantes (15.4 por ciento), otros partidos (11.6 por ciento) y el funcionariado público (3.8 por ciento).

“En redes fui tundida y acabada […] los propios medios me expusieron tanto que perdí muchos amigos en la coyuntura política y eso sí pega.

Sí hubo una violencia de medios, fueron mis peores enemigos y me quedé sola. Fue un asunto de mucho valor porque se metieron muy fuerte conmigo y viví cosas muy difíciles. Las mismas compañeras que se fueron a Morena fueron las más agresivas y me hicieron contracampaña.

Tuve que pagar en los medios para ser escuchada. Sí presenté denuncias porque era grabada. No se resolvieron, quedaron como constancias y archivadas. En la mini gubernatura se determinó que sí hubo violencia”, contó una de las excandidatas entrevistadas.

Las principales violencias que sufrieron las excandidatas a una diputación federal fueron: menosprecio de la trayectoria política
(20.3 por ciento), difamación o ridiculización (20.4 por ciento), invisibilización de la campaña (17.6 por ciento), ambiente hostil (13.6 por ciento), acoso u hostigamiento sexual (4 por ciento), extorsión o chantaje (4 por ciento), difusión de datos privados (4 por ciento), gritos e insultos (4 por ciento) y amenazas del crimen organizado (1.3 por ciento).

“Hubo una situación que saliendo de la casa de campaña me dirigía a donde nos estábamos quedando, nos empezaron a seguir, nos dimos cuenta, yo iba en un auto con mi mamá y otro de mi familia y ellos se dieron cuenta que alguien venía detrás, lo platiqué con el partido y me dio apoyo. Al principio de la campaña no nos preocupábamos por los horarios, pero a partir de ese evento pues no es para arriesgarte, aunque fue un pequeño punto, los horarios se cambiaron, eran más temprano, y también por los viajes en carretera. Afectó porque limitó convivencia con la gente. No denuncié […]”, narró una excandidata.

La violencia contra las excandidatas fue ejercida, sobre todo, por hombres (69.2 por ciento) y por grupos formados por hombres y mujeres (30.8 por ciento).

Para la mitad de las candidatas que sí lograron una diputación la violencia no paró una vez asumido el cargo, pues después fueron víctimas de presiones para favoreces a ciertos intereses.

ONG hacen recomendaciones

Natalí Arias refirió que las recomendaciones que vienen al final del Diagnóstico se lograron en una mesa de trabajo con 13 organizaciones de la sociedad civil, el Instituto Municipal de las Mujeres y la Subsecretaría de Derechos Humanos y Prevención del Delito del Gobierno del Estado de Puebla.

Algunas de las recomendaciones son:

-Buscar que los partidos políticos reciban capacitación en materia de género, diversidad sexual y no discriminación por parte de OSC y de otros organismos apartidistas.

-Diseñar acciones afirmativas orientadas a lograr la diversificación de los perfiles de las mujeres que acceden a candidaturas para cargos de elección popular, con base en criterios inclusivos y no discriminatorios.

-Establecer medidas concretas que obliguen a los partidos a promover la designación de ciertas cuotas de candidatas que formen parte de sectores y colectivos en situación de vulnerabilidad, como son mujeres lesbianas o sexualmente diversas, de adultas mayores, de mujeres indígenas, migrantes, con capacidades diferentes y de otros colectivos.

-Impulsar la creación de alianzas estables entre colectivos de mujeres organizadas en la sociedad civil, así como en otros
espacios apartidistas, con el objetivo de promover, estructurar y fortalecer su organización política, buscando acceder a cargos electos de representación popular a través de vías alternas a las lógicas partidistas.

-Impulsar la elaboración de encuestas y diagnósticos imparciales que den cuenta de la prevalencia de la violencia política contra las mujeres, así como de sus causas, características y consecuencias en el interior de los partidos políticos.

-Tipificar como delito la violencia política de género en el estado de Puebla en los códigos legales de la entidad. Nos referimos a su Constitución Política, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Código Penal y a su legislación en materia electoral y de partidos políticos.

Para revisar el archivo completo, en la siguiente liga:

https://www.cafisac.org/diagnostico-multidimensional-de-violencia-politi…

 

Fuente: CIMAC Noticias

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