El Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial para investigar los homicidios de mujeres, fue dado a conocer hace 10 años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la sentencia de Campo Algodonero emitida contra México
Ciudad de México (La Jornada).- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) destacó que a 10 años de la sentencia Caso González y Otras (conocido como Campo Algodonero), relacionada con la desaparición y asesinato de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, el gobierno tiene pendiente aún homologar el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial que atienda de manera efectiva los feminicidios.
Expuso que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2018 fueron asesinadas 3 mil 580 mujeres. Un promedio de 9.9 mujeres asesinadas al día, de los cuales sólo el 23 por ciento de los casos fueron investigados como feminicidio. Y de enero a junio de 2019 los datos oficiales han registrado mil 812 asesinatos de mujeres, es decir, un promedio de 10 mujeres al día.
Señaló que en la Sentencia de Campo Algodonero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que: La investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de investigación específicas respecto a violencia sexual, para lo cuál se deben involucrar las líneas de investigación sobre los patrones respectivos en la zona; realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos de esta Sentencia.
Asimismo, proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes, y realizarse por funcionarios altamente capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género.
Ante este contexto, el OCNF llamó al gobierno federal para que impulse la homologación con elementos objetivos del tipo penal de feminicidio en todos los estados del país, para garantizar un solo marco normativo que regule el delito de feminicidio y dé un tratamiento igualitario a todas las víctimas de este crimen.
Construya, implemente y monitoree un Protocolo Modelo que garantice investigaciones con la debida diligencia, perspectiva de género en la investigación y que garantice el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
