Feministas de diversos puntos de la república mexicana emiten el siguiente pronunciamiento:
Insistimos en la urgencia de decretar la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México.
Repudiamos enérgicamente la criminalizacion de la protesta.
Exigir justicia no es provocación.
Ciudad de México.- Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a julio de 2019 se han registrado 3, 233 delitos contra la libertad y seguridad sexual en la Ciudad de México, motivo por el cual reiteramos la urgente declaratoria de Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México.
Actos como los que suceden diariamente en la capital, en los que son los mismos agentes del Estado los perpetradores de una violación sexual tumultuaria, y de la filtración de información sensible sobre la investigación dan cuenta de la falta de responsabilidad y de la violencia institucional en contra de las mujeres que vivimos y transitamos en la Ciudad de México.
Nos pronunciamos para que efectivamente todo el funcianariado público tenga sanciones económicas, administrativas (que incluyan la remoción del cargo) y penales por omisión, negligencia u obstrucción de la justicia para las mujeres, así como por la comisión de actos delictivos como en este caso en el que el aparato se moviliza para defender a los delincuentes y no para proteger a la víctima.
Repudiamos enérgicamente la postura gubernamental de criminalización de la protesta social legítima, a través de comunicados y respuesta a entrevistas inspirada en discursos de odio y con ello se desvirtúe el motivo de la convocatoria de las mujeres, defensoras de derechos humanos y feministas para evadir la responsabilidad institucional respecto a la atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.
Reiteramos nuestra disposición al diálogo constructivo en el que se privilegie la voluntad política y la participación social para garantizar un estado de derechos plenos para las mujeres y las niñas en la ciudad de México, que la “justicia pronta y expedita” no sea sólo retórica discursiva, sino acciones concretas y contundentes que incluyan la protección a las víctimas, familiares y testigos, lejos de ponerlos en riesgo y desalentar las denuncias.
