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Fotografías que muestran las contradicciones de los llamados vientres de alquiler en Ucrania


Madrid / Raquel Zapata González (AmecoPress).– Una serie de videos y fotografías difundidas por APINGU, Plataforma apartidista por la Protección de la Infancia Nacida en Georgia y Ucrania, han puesto en el punto de mira la llamada gestación subrogada. Las fotografías muestran las consecuencias de la pandemia y de una práctica que se contempla como ilegal en España, una guardería improvisada en uno de los cuartos del Hotel Venezia que acoge a 46 bebés recién nacidos mediante este proceso que esperan a ser recogidos por sus madres y padres. Las limitaciones impuestas por la situación de emergencia sanitaria que viven todos los continentes impide la recogida de las y los menores y, por tanto, su cuidado parental.

A lo largo de estos años, asociaciones como “No somos vasijas” se han posicionado en contra de los vientres de alquiler argumentando que “la maternidad subrogada es una práctica que implica el control sexual de las mujeres”, la cual se realiza en pocas ocasiones de forma altruista y a la que se ven abocadas las mujeres más vulnerables y con menos recursos, contribuyendo a mercantilizar el cuerpo de la mujer y el deseo de ser madres y padres. Por otro lado, plataformas como APINGU, defienden la gestación subrogada como uno de los métodos que deberían ser legales para formar una familia. En este momento la embajada española ha anunciado que no se ocupará de los menores que se encuentran varados en el hotel de Kiev, Ucrania, ni tampoco de aquellos que provienen de Grecia.

  • “Las Autoridades españolas no pueden hacerse responsables de las promesas y afirmaciones hechas por agencias privadas que realizan fuera de España una actividad no amparada por la Ley española. La Sección Consular de la Embajada de España en Kiev, dentro del marco legal vigente, no asumirá responsabilidad alguna derivada de un negocio jurídico nulo de pleno derecho que desaconseja realizar”, ha publicado la Embajada de España en Ucrania en su cuenta oficial de Twitter.

El negocio de los vientres de alquiler en Ucrania es grande y, a diferencia de otros países como España, es legal. Cientos de parejas escogen cada año al país ucraniano como lugar para gestar a sus bebés desde 2015, después de que fuera prohibida en otros países como Tailandia, India o Nepal, entre otras cosas, debido sobre todo a denuncias de explotación. Según informa la BBC, el Hotel Venezia, en el que se encuentran bebés de varias nacionalidades (chinos, españoles, italianos, británicos…) concebidos mediante la empresa BioTexCom, tiene unas condiciones sanitarias y de cuidado satisfactorias que han sido evaluadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien visito las instalaciones para determinarlo.

Por su parte, la Coalición Internacional para la Abolición de la Maternidad Subrogada, ha pedido mediante una carta al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que investigue a las clínicas del país que realizan esta práctica para verificar las condiciones de vida reales de los menores y comprobar si el nacimiento ha sido registrado de alguna manera, después de que BioTexCom, la mayor compañía de este sector del país, difundiera las imágenes de las que APINGU hizo eco en su Twitter.

Mykola Kuleba, Defensor del Pueblo para los Derechos del Niño, ha explicado que no saben cuántos niños y niñas suministra Ucrania al extranjero. “Ucrania se ha convertido en una tienda on-line para la venda de bebés”, añadía. “La subrogación es la explotación de mujeres para obtener ingresos de empresas privadas y satisfacer las necesidades de los adultos. Y es una forma de explotación que también viola los derechos de niñas y niños”, concluía.

Por su parte, APINGU, pide al gobierno que permita la recogida de las y los bebés, argumentando en su cuenta de Twitter que “cualquier que sea padre o madre y esté esperando un bebé se puede hacer una leve idea del sufrimiento y la desesperación” que sienten, donde también mencionan que las niñas y niños nacidos por gestación subrogada sufren “maltrato institucional”.

 

Fotografía de portada El País

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