Kenia denunció violencia obstétrica en un hospital privado, que llevó a la muerte de su hijo. Pero la Fiscalía General del Estado ha hecho un trabajo deficiente que está llevando a que exista impunidad en el caso.
Veracruz / Ana Alicia Osorio.- Kenia Marisol Reyes Molina contó que junto con su familia decidieron absorber los gastos de una ginecóloga privada con especialidad materno – fetal (cuyo nombre y la clínica se omiten por cuestiones legales) donde acordaron un plan de parto que consistía que en caso necesario se induciría y si después de 12 horas no nació el niño, finalmente se haría cesárea.
Sin embargo, narró, en ningún momento la doctora respetó el plan y por el contrario generó retrasos y maniobras que costaron la vida del niño.
En una primera instancia, afirmó, utilizó el medicamento abortivo misoprostol para inducir el parto de 36 semanas pero la mandó a su casa porque ella iría dormir.
Tras una llamada más tarde la envió a buscar más misoprostol al hospital.
Otras de las irregularidades fue que cuando finalmente la internaron, nunca se le hizo un ultrasonido y demoraron mucho tiempo en esperar al ayudante de la médica. También le hizo la episiotomía (corte entre la vagina y el ano) sin mayor información y maniobras que consisten en empujar al bebé desde afuera y la cual se encuentra prohibida en México.
“Yo insistí constantemente que me hicieran la cesárea porque yo ya no tenía fuerzas, llega su ayudante y le pide ayuda con el push porque yo ya no podía y el bebé seguía sin bajar a canal de parto. Inclusive el anestesiólogo le preguntó si me preparaba para una cesárea a lo que ella dijo que no”, contó.
Al nacer, dijo, el bebé nunca emitió sonido, pese a ello se pusieron a limpiarlo, quitarle el cordón que tenía enredado en el cuello (y que no se percataron por falta de ultrasonido) y hasta que ella preguntó fue que procedieron a reanimarlo. Desde ese momento la atención de la ginecóloga estuvo en el bebé y los puntos los hizo sin ver e inclusive dejó firmada el alta sin revisarla o sin enviarle medicamento antibiótico.
El niño estuvo unos días en el hospital privado donde hubo irregularidades como que no le permitían traslado de urgencias y malos tratos. Posteriormente fueron a la Torre Pediátrica donde estuvo unos días, hasta el pasado 20 de octubre y allí comenzó el proceso tortuoso ante la FGE.
“El día 21 de octubre ingresó la denuncia ante la Fiscalía (…) misma que me recibieron después de seis horas de espera, yo venía del funeral de mi bebé, hay cero empatía por parte del personal”, afirmó.
Actualmente la denuncia se encuentra por lesiones y negligencia médica. Sin embargo, a pesar de que tenían una audiencia el pasado 5 de diciembre, en el juzgado les informaron que había un retraso por lo que la fiscal se fue sin esperar tan siquiera que les dieran hora o una nueva fecha, pidiéndoles a Kenia y a su familia que fueran ellos quienes la informaran.
“Negativa de recibir denuncia por homicidio, negativa a expedirnos copias de la carpeta (…) incluso nos han pedido hojas para podernos dar las copias (…) tuvimos que interponer un recurso ante el juez de control por la negativa de la fiscal de investigar el homicidio”, contó.
Además también ha habido retrasos en la entrega del dictamen pericial o las entrevistas que se deben hacer a las personas involucradas, incluido todo el personal médico.
“No pedimos nada más que la justicia, yo no soy un juez, no soy el fiscal, no soy quien va a decidir de que manera se van a sentenciar a los culpables, es la fiscalía y el juez quien mediante su trabajo darán la sentencia”, indicó.
Artículo publicado por Testigo Púrpura
