Tres de cada 10 mujeres que acceden a la ILE en la CDMX proceden de estados donde el procedimiento es ilegal; el aborto inseguro era, antes de la pandemia, la cuarta causa de muerte materna en el país
Las penas de prisión para las mujeres que abortan oscilan entre 15 días, en Tlaxcala, y seis años, en Sonora
México / Angélica Jocelyn Soto Espinosa (CIMAC Noticias).- “Es mi deseo declarar que vivo en unión libre. Tengo dos hijos, uno de seis años y otra niña de ocho meses. Mi situación económica no es la mejor actualmente. Como ve, mi hija más chica aún es muy pequeña. En mi relación con mi pareja tengo problemas. En este momento no es conveniente tener otra criatura. Actualmente no uso anticonceptivos porque me hacen daño. Cuando supe que estaba embarazada, les pregunté a varias compañeras del trabajo cómo abortar. Me dijeron el nombre de unas pastillas. Las conseguí y me las tomé. Me sentí mal. Acudí al hospital. Los médicos (…) llamaron al Ministerio Público”.
Este es el testimonio de una mujer a quien llamaremos Alondra, acusada en 2012 en Baja California del delito de “autoaborto”. De acuerdo con la versión pública de su sentencia con causa penal 490/2011, los médicos, después de atenderla en urgencias, le avisaron que sería detenida. Alondra tenía 24 años, era empleada y jefa de familia cuando fue condenada a dos años de prisión o un pago de 8 mil pesos por haber interrumpido un embarazo que la llevaría a ella y a su descendencia a la pobreza.
En México, el aborto se castiga hasta con seis años de prisión, 26 mil pesos de multa, un año de trabajo comunitario, reparación económica del daño, o tratamiento médico y psicológico.
Historias como la de Alondra contrastan con la situación que viven las mujeres en la Ciudad de México, donde es posible acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Cada día, 41 mujeres abortan en clínicas y hospitales públicos, según datos de la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa).
Desde abril de 2007 —año en que se despenalizó el aborto en la CDMX— hasta julio de 2020, se han realizado 227 mil 686 interrupciones voluntarias del embarazo, sin que se hayan producido muertes. Ninguna mujer ha sido castigada penalmente por abortar en estos centros de salud.
Marcos jurídicos que fomentan la desigualdad
Tres de cada 10 mujeres que acceden a la ILE en la CDMX habitan en entidades donde el aborto es ilegal, de acuerdo con datos de la Sedesa recopilados de 2007 a 2020.
En marzo pasado, Celia —cuyos apellidos pidió omitir por el estigma social que prevalece sobre el aborto— viajó desde Jalisco a la CDMX. Tenía cuatro semanas de gestación, y decidió recurrir a la ILE por dos razones: tiene un tumor que podría complicar su embarazo y nunca ha deseado ser madre.
Además de pedir permiso para faltar en su trabajo, viajar en avión, programar una estancia de tres días e invertir cerca de 10 mil pesos —71 por ciento de su sueldo—, tuvo que enfrentar la experiencia lejos de sus familiares.
“Fue una decisión que tomé pensando en mí, por mi futuro y lo que quiero”, explicó. “Despenalizar el aborto en mi estado ayudaría mucho emocionalmente (a las mujeres); no es lo mismo decidirlo cuando ni siquiera tienes el dinero para hacerlo”.
En contraste, Alejandra —quien también pidió omitir sus apellidos— es una joven de 26 años que habita en la CDMX. Tiene una hija, está desempleada y padece diabetes. El aborto que le practicaron el 8 de septiembre fue gratuito, ni siquiera gastó dinero en desplazarse porque vive a dos cuadras de una de las 13 clínicas de ILE que hay en la ciudad.
Como demuestran estos casos, las capitalinas cuentan con un servicio de salud pública que les proporciona un aborto seguro, gratuito y de calidad en su lugar de residencia. Aunque las mujeres de otros estados pueden recurrir a la ILE, solo acceden quienes disponen de medios económicos para viajar y redes de apoyo familiar y social, explicó en entrevista Marisol Escudero Martínez, asesora de políticas de Ipas CAM (Centroamérica y México), una organización dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos.
La abogada consideró que las leyes restrictivas sobre el aborto generan una desigualdad jurídica en el goce de los derechos de las mujeres, a la vez que refuerzan las condiciones de inequidad de quienes no cuentan con recursos para interrumpir su embarazo en la CDMX.
En Oaxaca, donde en septiembre de 2019 se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación —el mismo plazo que fija la ley en la CDMX—, aún no existe claridad sobre si mujeres de otros estados pueden solicitar la ILE.
A debate: la autonomía de las mujeres
Las mujeres que deciden interrumpir su embarazo tienen en promedio de 18 a 24 años de edad, estudios de preparatoria, son solteras, tienen menos de cuatro semanas de gestación, y son madres de una o dos hijas o hijos, según las estadísticas de la ILE en la CDMX.
Condiciones económicas adversas, embarazo no planeado, uso inconsistente de métodos anticonceptivos, situaciones de violencia en la pareja —inestabilidad, conflictos, abandono—, agotamiento por la crianza de otras hijas e hijos, y deseo de continuar con proyectos personales —educativos y laborales— son algunas de las principales razones por las que abortan las mujeres, de acuerdo con el testimonio de 24 entrevistadas para el estudio “Interrupción Legal del Embarazo: Reescribiendo la experiencia del aborto en los hospitales públicos del Distrito Federal”, de las investigadoras Edith Flores Pérez y Ana Amuchástegui Herrera.
“El análisis cualitativo muestra que mientras menos deseo de tenerle (una hija o hijo), y mayor carencia de condiciones subjetivas y materiales para la crianza, las mujeres experimentaron mayor sensación de alivio y mayor experiencia de autonomía”, concluye el estudio. Sin embargo, “la experiencia de autonomía” —el derecho a decidir— no es una de las causales que permite acceder a un aborto sin sanción penal en el resto del país.
Estas restricciones obligan a las mujeres a concluir embarazos no deseados, los cuales van en aumento. Entre 2014 y 2018 se incrementó del 21 al 22 por ciento la proporción de mujeres que no planearon su embarazo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018.
Anualmente se realizan entre 750 mil y un millón de abortos inseguros, según datos proporcionados por Ipas CAM. Pese a esto, la mayoría del personal médico se niega a atender a las mujeres que lo necesitan, incluso en situaciones de emergencia, o registra el procedimiento con otro nombre, como una hemorragia obstétrica.
Al ser juzgado como un delito en 30 de las 32 entidades del país, la mayoría de los abortos son inseguros y no se registran. Según el dato más reciente de la Secretaría de Salud federal (SS), de enero a junio de 2020 hubo 39 mil 574 egresos hospitalarios por aborto en el país, sin especificar si este fue provocado, espontáneo o permitido bajo alguna causal.
El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) de la SS informó vía transparencia que, de 2007 a 2020 —sin especificar el mes—, solo cuatro de cada 10 abortos, en promedio, fueron atendidos en un hospital por razones médicas o complicaciones durante el embarazo; el resto son abortos registrados como “de otro tipo”, “no especificado” o “intento fallido de aborto”.
No obstante, cada vez menos mujeres acuden a los hospitales para practicarse un aborto, incluso por razones legales. De acuerdo con el CNEGSR, los egresos hospitalarios por aborto disminuyeron al pasar de 117 mil a 96 mil en 10 años.
Aunque el aborto es un derecho para las víctimas de violación en todo el país, de 2017 a febrero de 2020 solo se han aplicado 439 ILE por este motivo, de acuerdo con el CNEGSR. Hay entidades como Aguascalientes y Oaxaca que reportan haber practicado una ILE para víctimas de violación en todo 2019, lo que evidencia que tampoco existe el ejercicio de este derecho.
Antes de la pandemia, el aborto inseguro era la cuarta causa de muerte materna en el país, de acuerdo con los informes de vigilancia epidemiológica de la SS. Entre 2002 y 2017, la institución registró mil 192 defunciones provocadas por un aborto inseguro o complicaciones en el procedimiento. De acuerdo con datos de 2020 de esta institución, cada semana ocurre un promedio de 38.4 muertes maternas por abortos.
Faltan estudios comparativos que permitan asegurar que, tras la despenalización del aborto en la CDMX, disminuyó el número de mujeres fallecidas por abortos inseguros, o la cifra de abortos voluntarios, pero una investigación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 2016 consignó que, en 14 años, la capital del país redujo el riesgo de muerte materna por aborto de 5.3 mujeres en 2002, a 3.1 en 2015.
Imponer a las mujeres un embarazo no deseado y forzarlas a ser madres es una forma de castigarlas, según la especialista de Ipas CAM, ya que tiene consecuencias negativas en su salud, educación y empleo. Este tipo de embarazos, que con frecuencia son resultado de actos de violencia, revictimizan a las mujeres y pueden causarles daño antes, durante y después de la gestación, aseguró, mientras que en el caso de las niñas y adolescentes, se exponen a riesgos de salud incluso mortales.
Pese a esto, agregó, grupos conservadores se oponen a la despenalización jurídica y social del aborto argumentando que la vida humana comienza desde la concepción, que hacerlo incrementaría exponencialmente su práctica, que estas políticas son resultado de una agenda internacional que promueve “la ideología de género”, y que la sociedad no tiene por qué responsabilizarse de los embarazos no deseados.
Presiones de la ultraderecha
Aunque el aborto es reconocido como un derecho en la CDMX, integrantes de la asociación cristiana Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana acuden cada día a la entrada de las clínicas de ILE para engañar a las mujeres sobre los procedimientos que se realizan y convencerlas de que desistan de abortar.
Una presión que se extiende a la esfera pública e intenta evitar que se apruebe la despenalización del aborto en los estados. Una de las organizaciones más combativas es el Frente Nacional por la Familia, surgido en 2016. Esta coalición protesta frente a las sedes de los partidos políticos, envía información engañosa por redes sociales, y presume de haber elaborado propuestas de legislación y política pública.
En respuesta a la presión política de estos grupos, el pasado 29 de septiembre, diputadas y diputados del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Encuentro Social (PES) y Movimiento Ciudadano, anunciaron que enviarán tres peticiones a la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos en contra de la legalización del aborto.
Más allá de posicionamientos, garantizar la ILE hasta las 12 semanas de gestación, o insistir en proteger la vida desde la concepción, es un falso debate, pues 20 años de discusión legislativa respaldan el derecho de las mujeres a decidir.
Congresos congelan despenalización
Tras la ILE en 2007, al menos 19 entidades modificaron sus constituciones para “proteger la vida desde la concepción”. Sin embargo, en junio de 2018, cuando Argentina discutió una iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación, hubo una transformación del movimiento a favor del aborto en México que cambió el ritmo de la discusión, explicó en entrevista Jimena Soria, del área de Movilización Social del Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE)
A este contexto se sumó el cambio de gobierno en 2019 y la llegada de más legisladoras feministas al Congreso federal. Desde entonces, del 1 de julio de 2018 a julio de 2020 se han presentado más de 40 iniciativas locales para la despenalización del aborto, explicó la abogada.
En el siguiente “mapa político” encontrarás el estatus de las iniciativas locales más recientes.