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Oaxaca: Feministas son amenazadas por defender la despenalización del aborto


Diversos grupos han manifestado ampliamente su rechazo, amenazado poniendo en riesgo la integridad de las personas que defienden el derecho a decidir

Ciudad de México (La Jornada).- Católicas por el Derecho a Decidir denunció que en Oaxaca activistas han recibido amenazas por defender abiertamente la despenalización del aborto.

La organización comentó que dicha situación se ha presentado desde septiembre de 2019, cuando se aprobó en la entidad la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación.

A partir de ese momento “diversos grupos conservadores han manifestado ampliamente su rechazo, generando un ambiente de intolerancia y poniendo en riesgo la integridad de las personas que defienden este derecho”, explicó.

En un comunicado, lamentaron que la titular del Instituto Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Oaxaca, Jaquelina Escamilla, haya sido destituida de su cargo el pasado 27 de mayo por no transmitir, en las redes sociales, una charla para hablar sobre el aborto “desde una perspectiva conservadora y contraria al marco legal que protege la salud reproductiva de las mujeres”.

La organización explicó que el aborto constituye un problema de salud pública, “de justicia social y de derechos humanos, ante el cual es necesario que las autoridades municipales de Oaxaca garanticen que las mujeres tengan acceso a información” sobre este proceso desde una perspectiva laica y científica.

“Asimismo, deben regirse en un marco de respeto al Estado laico, por lo que no deben destinar recursos públicos para promover posturas fundamentalistas, contrarias a compromisos internacionales firmados por México que señalan la importancia de tener legislaciones menos punitivas relacionadas con el aborto”, mencionó.

Católicas por el Derecho a Decidir exhortó al gobierno estatal a tomar las medidas necesarias para frenar las amenazas y agresiones hacia personas defensoras de derechos humanos, específicamente aquellas a favor de la interrupción legal del embarazo; garantizar el acceso de las mujeres a servicios de aborto legal y seguro, y gobernar libre de preceptos religiosos y en un marco de respeto al Estado laico.

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