Gely Pacheco/ Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.– Las reformas que podrían permitir a padres y madres vetar contenidos educativos despojan al Estado de su rectoría constitucional para definirlos y son totalmente inconstitucionales. Las secretarías de Gobernación, Salud y Educación, Conapo, Sipinna, Conapred e Inmujeres, han advertido sobre la afectación al Interés Superior de la Niñez al impedir que niñas, niños y adolescentes reciban educación sexual y reproductiva, además de que se oponen a una educación laica y científica.
Con el objetivo de que los padres puedan vetar contenidos y escoger el tipo de información en materia de educación sexual y reproductiva, diversidad, inclusión y perspectiva de género, el Partido Encuentro Social en Chiapas presentó ante el Congreso del Estado dos Iniciativas para adicionar párrafos, tanto a la Ley de Educación, como al segundo párrafo al artículo 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de “PIN Parental”, es decir, se propone la opción de que el padre o la madre decida sobre los contenidos educativos de clases, actividades, charlas o talleres, o elegir la no asistencia de sus hijas e hijos, cuando éstos no coincidan sus “convicciones éticas, morales o religiosas”.
De esta manera los integrantes del Grupo Parlamentario del PES en el Congreso del Estado: Maya De León Villard, Sergio Rivas Vázquez, Silvia Torreblanca Alfaro y Cinthya Vianney Reyes Sumuano, pretenden una vez atentar contra el Estado laico y a la educación en materia de salud sexual.
La Iniciativa Constitucional en materia educativa presentada por el PES, enfatiza que existe una necesidad de que los sistemas educativos no incurran en sesgos ideológicos y contenidos no aptos para menores, de acuerdo con los criterios parentales familiares.
Por lo que maestras, maestros y ciudadanía comprometida con el bienestar de la población educativa, hicieron público el siguiente comunicado para expresar el rechazo ante las propuestas realizadas en Chiapas y en otros Estados de la República sobre el pin parental.
- El pin parental propone que madres, padres o tutores puedan prohibir que niños, niñas y adolescentes bajo su responsabilidad participen en programas, cursos, talleres y otras actividades sobre moralidad, sexualidad y valores cívicos. Este recurso propone el derecho de los padres a educar a sus hijos e hijas, de acuerdo a sus criterios morales, por encima del derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir una educación laica, científica y cuyos contenidos obligatorios se incluyen en programas y planes de estudio.
- El pin parental viola las garantías que emanan del Artículo 3° de nuestra Constitución, así como las de los tratados internacionales a los que México está suscrito. Cualquier intento de violencia contra la infancia es inaceptable, por mínima que ésta sea, ya que tiene repercusiones físicas, sociales, psico-emocionales y relacionales a corto y largo plazo. El Estado en su conjunto, incluidos los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, tiene la obligación de combatir y eliminar la violencia contra niños, niñas y adolescentes.
- Nosotras y nosotros conocemos el contexto chiapaneco: aún sin el pin parental, es complejo que docentes aborden estos temas en comunidades. Y, aunado a ello, no podemos pasar por alto que, en Chiapas, encabezamos las estadísticas por embarazos no deseados en adolescentes, por cifras de VIH, por muerte materna. Sin olvidar la falta de acceso a una interrupción legal del embarazo y el difícil acceso a métodos anticonceptivos que enfrentan las y los adolescentes. Por tanto, no podemos cegarnos ante tales problemáticas sociales.
- Queremos ser enfáticos: maestros, maestras, personal de apoyo, directivos del estado de Chiapas, y ciudadanía en general estamos en contra de este intento por impedir que se difunda información sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, que es, de por sí, insuficiente. Es claro que, en las tribunas, hay personas que realizan sus funciones bajo una lupa moralista y conservadora. Sin embargo, les exhortamos a que puedan revisar la historia de nuestro país para conocer el costo, desde la lucha social, por lograr una educación integral, demócratica e incluyente. Esperamos que la respuesta se dé a favor de los Derechos Sexuales y Reproductivos para el estado de Chiapas.
Desde inicios de 2020, al menos en cinco congresos locales se presentaron iniciativas de reforma a leyes de educación y de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a constituciones locales, donde se pretende establecer la injerencia de padres y madres en contenidos educativos. De aprobarse estas reformas, las autoridades competentes podrían considerarlas inconstitucionales al violar principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos, así como transgredir la rectoría del Estado en la definición de contenidos educativos establecida en el artículo tercero constitucional
Por tales razones, la Secretaría de Gobernación de la República Mexicana encabezada por Olga Sánchez Cordero emitió un comunicado en el que se informa que enviará a los congresos locales de los 32 estados de la República un documento de análisis que expone los criterios jurídicos vigentes sobre la educación laica regida por el Estado mexicano, así como las referencias a los tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados por México que defienden el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes y su dignidad intrínseca como sujetos de derecho.
Este documento también desarrolla un análisis de las consecuencias sociales de estas iniciativas estatales conocidas como ‘Pin Parental’: incremento de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes; del embarazo infantil y adolescente y juvenil; acoso escolar, discriminación y homofobia, entre otras.
