Los recortes derivaron de las políticas de austeridad del gobierno actual, de las cuales estuvieron exentos algunos proyectos de infraestructura que se consideran prioritarios.
México (Animal Político).- El gobierno de México reaccionó a la crisis producida por la pandemia de COVID-19 con recortes del gasto público en diversas áreas, señaló Amnistía Internacional.
En su Informe 2020/21 -en el cual se analizó la situación de los derechos humanos en 149 países durante el año pasado en el contexto de la pandemia por COVID -el organismo internacional señaló que en el caso mexicano se habían aplicado políticas de austeridad mediante un decreto que recortó el gasto público, exentando a programas que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador consideró prioritarios, como algunos proyectos de infraestructura.
En septiembre, el Congreso de la Unión también disolvió varios fideicomisos públicos, denunció Amnistía, “entre ellos los establecidos para apoyar la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos, y para abordar el cambio climático”.
Derivaciones de las políticas de austeridad
Fue después de que surgieran diversas protestas sociales que el gobierno desistió de aplicar medidas de austeridad que proponían recortes en el presupuesto para las Casas de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, afirmó el organismo.
No obstante, en julio de 2020, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) recortó 151 millones de pesos de su presupuesto operativo, lo cual representó un 75% del mismo.
Por su parte, pese a que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas continuó con sus medidas de protección hacia mil 313 personas, según el Informe Anual, en octubre se disolvió el fideicomiso que apoyaba el mecanismo.
Este último, en 2020 protegía a 887 defensores y defensoras de DDHH y a 426 periodistas; sus fondos pasaron al presupuesto público general.
Ataques y asesinatos de defensores de DDHH y periodistas
Según datos de organizaciones civiles recopilados por Amnistía Internacional, 24 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas en 2020, y continuaron las amenazas y el hostigamiento contra estos activistas.
En noviembre México ratificó el Acuerdo de Escazú, que incluye medidas de protección para los defensores y defensoras de los derechos ambientales y pertenecientes a pueblos indígenas. Esto pese a que el propio presidente atacó a estos activistas de ser “falsos ambientalistas” después de que expresaran su preocupación y descontento con el proyecto del Tren Maya.
“Continuaron las amenazas, el hostigamiento y los ataques contra las personas trabajadoras de medios de comunicación”, según los datos señalados por Amnistía, al menos 19 periodistas fueron asesinados en 2020.
En agosto un juez federal impuso una pena de 50 años de cárcel para un autor material del asesinato de la periodista Miroslava Breach, muerta a manos de varios hombres armados en su domicilio de Chihuahua en 2017.
Por su parte, la tortura y otros malos tratos seguían siendo motivo de honda preocupación, indicó el organismo internacional, ya que la mayoría de las investigaciones por estos delitos eran defectuosas y los responsables rara vez comparecían ante la justicia.
El Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes no se había hecho público al concluir el año.
