Chiapas.- La regidora plurinominal del PRI en Chicomuselo, Mónica Ramírez, denunció a través de medios de comunicación y redes sociales el atropello a sus derechos, al se destituida de la comisión de Salud sin notificarle y sin realizar una sesión de cabildo como marca la ley. Además denuncia que los regidores afines a la alcaldesa firman actas de cabildo sin sesionar y sin tomar en cuenta a los demás regidores.
A la regidora Mónica Ramírez fue avisada del cambio por vía telefónica mencionando le que “ya no ocuparía la comisión de Salud, porque la otra regidora (que es del equipo de la presidenta y sobrina del esposo de la presidenta) estudia enfermería y se quiere desenvolver en esa área, cuando en realidad todo es cuestión política y la quieren hacer a un lado”.
El cambio de comisión de la regidora se desvía porque en el área de Salud “es muy relevante y constantemente hay gestiones y eventos, por lo que quieren que una regidora que sí puedan manejar a su antojo ocupe ese puesto”.
También denuncia la violencia política de género que se ejerce que el Ayuntamiento Municipal que preside Chary Ríos al ser manejado por Evilmer Alvarado, esposo de la presidenta.
Derivado de estos hechos, la cuenta de Facebook “Poly Velázquez”, quién es una persona que labora en el Ayuntamiento de Chicomuselo y además es papá de la regidora Karina Velázquez Alvarado -y a su vez familiar de Evilmer Alvarado, esposo de la presidenta- amenaza al escribir en su cuenta lo siguiente:
“todavía viene lo bueno para esta regidora mal agradecida” haciendo referencia a Mónica Ramírez.
Las acusaciones en redes sociales mencionan que “la regidora Karina Velázquez y su papá “Poly Velázquez” son familiares de Evilmer Alvarado, contradiciendo a los llamados y exhortos que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, de no permitir que los ayuntamientos estén llenos de familiares, el tan conocido nepotismo”.
La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.
Los ataques hacia las mujeres por ser mujeres tienen como trasfondo la descalificación y una desconfianza sistemática e indiferenciada hacia sus capacidades y posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar una elección. Para estar en condiciones de detectar la violencia política contra las mujeres en razón de género es indispensable tomar en cuenta que, ésta se encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada. Y puede constituir prácticas tan comunes que no se cuestionan.
En las elecciones del 2018 en Chiapas la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel, informó se habían registrado 67 renuncias en donde se señalaron posibles actos de coerción y presión ejercidos sobre las mujeres para dimitir a sus puestos y dijo que es necesario “iniciar desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas, procedimientos sancionatorios en contra de las personas que puedan tener alguna responsabilidad”.
