Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Red Chiapas por la Paridad Efectiva manifiesta que en Chiapas existen casos de denuncias presentadas por mujeres militantes de partidos políticos ante instituciones políticas y electorales y de primeros actos de violencia política contra mujeres que contienden por cargos de representación popular en el actual proceso electoral.
REPARE coincide con el manifiesto público de la Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, sobre la condición incuestionable y necesaria para candidatos de estar exentos de violaciones al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y a que ninguno que haya sido condenado por los delitos de violencia política, sexual o por incumplimiento de pago de pensión alimentaria, podrá aspirar a una representación popular en México.
Ciertamente es responsabilidad de cada partido político que ninguno de sus candidatos a cargos de elección popular haya sido condenado o sancionado por violencia de género. Sin embargo, a dos años de las denuncias contra el priista Julián Nazar Morales, la realidad muestra que siguen omisos al respeto a la ley conocida como la “3 de 3”.
REPARE resalta los casos de varias militantes priistas incluyendo a la Secretaria General estatal, quienes en agosto de 2019 presentaron una denuncia pública en contra del entonces presidente del PRI, C. Julián Nazar Morales, por conductas machistas, sexistas y misóginas, excluyéndolas de asignación de espacios internos en la toma de decisión y negado su derecho a la paridad. La denuncia se llevó hasta la Comisión de Justicia del Comité Directivo Nacional demandando la expulsión del político con la inhabilitación del cargo. El resultado es penoso: el PRI se puso del lado del agresor y consideró infundadas las quejas de las militantes victimizadas, por lo que el denunciado mantiene su candidatura a una diputación federal -por cierto, en una terna masculina de cinco aspirantes a los distritos estatales- mientras que el proceso que las víctimas han emprendido a nivel estatal y federal aún no ha concluido.
Si bien el Tribunal Estatal Electoral dictaminó medidas cautelares para las militantes priistas agredidas, CC Ruth Aurelia Pensamiento Morales, Fanny Najera, Paulina Mota Conde y Haydee Ocampo Olvera, REPARE considera imprescindible que se realice la investigación de cargos, se les haga justicia política con una condena por violencia política en razón de género al agresor, haya reparación del daño y sea expulsado del partido para evitar repetición de delitos contra mujeres.
REPARE considera que las voces de las mujeres que denuncian deben ser inmediatamente tomadas en cuenta en sus partidos políticos y en las instituciones de oficio para delitos políticos y electorales, para que no se permita a ningún político con denuncias o bajo sospecha de agresor que pueda ser candidato hasta que la justicia se manifieste en proceso pertinente.
