RSMLAC delinean principios fundamentales para una recuperación justa. Muchas de estas respuestas amenazan los derechos humanos y la democracia
Ciudad de México / Elda Montiel (SemMéxico).- Ahora más que nunca, la política, la estrategia y la respuesta a la pandemia de COVID-19 deben basarse en un análisis feminista sistémico y guiarse por principios feministas, que respete los derechos humanos y sus principios fundamentales.
La respuesta al COVID-19 debe ser género responsable y promover la igualdad, y debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres reconocidas en los tratados y acuerdos internacionales
En el marco del Día Internacional por la Salud de las Mujeres, este 28 de mayo, feministas, organizaciones y activistas que trabajan en movimientos mundiales se reunieron para delinear los principios fundamentales para una recuperación justa y resiliente de la pandemia mundial actual, como la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC.
Consideran que, si bien las restricciones de algunos derechos en el contexto de la actual emergencia de salud pública pueden estar justificadas, toda medida debe ser necesaria, proporcional al riesgo real, tener un tiempo y una duración específica y usada de manera no discriminatoria.
Destacaron que los principios fundamentales de los derechos humanos son la universalidad, inalienabilidad, interdependencia, indivisibilidad, igualdad, no discriminación, no derogación y responsabilidad, también incluye derechos colectivos, como los derechos de los pueblos indígenas, las poblaciones migrantes, desplazadas y refugiadas, así como los derechos laborales.
Precisaron que las respuestas en materia de salud pública y seguridad por la pandemia de COVID-19 a nivel mundial ha tenido repercusiones de gran alcance, que intensifican las crisis humanitarias, asistenciales, sociales, económicas y políticas económicas.
Muchas de estas respuestas amenazan profundamente los derechos humanos y la democracia, quedan al descubierto injusticias y desigualdades estructurales profundamente arraigadas en nuestras sociedades, así como sistemas que proliferan con la exclusión, fomentan el dominio corporativo y la concentración de la riqueza, mismos que explotan a la mayoría de la humanidad, en particular a las personas más marginadas y desfavorecidas políticamente.
Las respuestas a estas crisis interrelacionadas amenazan profundamente los derechos humanos y la democracia.
En muchos países, las fuerzas militares y policiales controladas toques de queda y confinamientos con brutalidad; a menudo con mayor crueldad contra los grupos más marginados.
Los países están implementando, la posibilidad de aumentar, la vigilancia digital, lo que conlleva posibles implicaciones a largo plazo para el derecho a la privacidad, la información, la libertad de expresión y la libertad de asociación.
Sin embargo, reconocen que otros países han respondido rápidamente a esta crisis reforzando las medidas de protección social, ampliando el acceso a la atención sanitaria y garantizando la obtención de ingresos.
Paralelamente hay una reorientación mundial sobre el tipo de trabajo que se considera ‘esencial’: personas de todo el mundo reconocen el papel vital de las personas trabajadoras de primera línea, desde el ámbito de la atención sanitaria hasta el del saneamiento.
Estas son medidas profundamente alineadas con el análisis y las demandas del feminismo como pilares fundamentales para la defensa de los derechos humanos y la promoción de la igualdad de género.
Entre los principios que señalan destaca el incluir como respuesta al COVID-19 la salud y la seguridad de todas las personas, incluidos los derechos sexuales y reproductivos.
Que proporcione a todas las personas trabajadoras de la salud, proveedoras de cuidado y trabajadoras esenciales de primera línea, de las cuales el 70 % son mujeres, equipo de protección personal de calidad al igual que productos de la higiene menstrual, apoyo psicosocial, cuidados infantiles y atender sus necesidades inmediatas para que puedan brindar una atención de calidad.
Garantizar el acceso ininterrumpido a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la atención en materia de aborto y afirmación de género; tomar medidas para facilitar el autocuidado, anticonceptivos modernos y píldoras abortivas disponibles sin receta, ampliar acceso a parte y asistencia sanitaria materno infantil en la casa y evitar el establecimiento de estrategias de prevención de COVID-19 que no están ubicados en la evidencia y que puedan causar un daño mayor.
Eliminar las tarifas para personas usuarias y aumentar inversiones inmediatas en los sistemas de salud pública, especialmente para las comunidades que corren mayor riesgo de sufrir los efectos de la pandemia.
Garantizar el acceso al más alto nivel posible de salud física y mental, incluido el acceso a poblaciones muy determinadas para que participen y practiquen el autocuidado.
Cumplir las obligaciones para financiar los organismos de las Naciones Unidas, salvaguardar en todo momento la información del acceso y a los derechos a los servicios de salud y reproductiva y las respuestas a la violencia de género.
Garantizar que las mujeres y las niñas tengan el apoyo y la protección que necesitan para actuar contra cualquier forma de injusticia, y tomar medidas rápidas y oportunidades para prevenir las violaciones de sus derechos que han surgido en otras crisis sanitarias, como el aumento de la violencia de género, el matrimonio infantil, precoz y forzado, o el abandono de la escuela.
Ampliar, dotar de recursos y mantener como servicios esenciales los sistemas y mecanismos de apoyo para denunciar y responder a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, violencia familiar y en la pareja, y otras formas de violencia de género, incluso mediante campañas de sensibilización pública para dar a conocer líneas telefónicas de ayuda, centros de crisis, refugios y asistencia jurídica; especialmente en contextos de militarización y conflictos en curso.
Involucrar a los hombres y los niños en el cuestionamiento de actitudes implícitas, estereotipos, normas sociales y desigualdades de poder patriarcal, incluso mediante medidas para redistribuir el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, campañas de sensibilización, así como programas de intervención de testigos y enfoques de responsabilidad comunitaria.
