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Salvadoreña recupera su libertad, después de 9 años de ser encarcelada tras sufrir un aborto


Después de 9 años, y ser acusada de homicidio, liberan a salvadoreña condenada a 30 años de cárcel

San Salvador / Cristina Bazán (EFE).- La salvadoreña Sara Rogel, condenada a 30 años de cárcel por el delito de homicidio agravado cometido al supuestamente abortar, ha salido en libertad, según ha publicado la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.

“Sara recuperó su libertad, luego que el Tribunal de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de Cojutepeque en audiencia del 31 de mayo de 2021, le otorgó el beneficio penitenciario de libertad condicional. #JusticiaParaTodas“, ha dicho el organismo en sus redes sociales.

La salida de Rogel de la cárcel se produce una semana después de que un juzgado del país centroamericano le otorgara la libertad al considerar que ha cumplido gran parte de su pena (10 años). Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció ese mismo día que apelaría el fallo.

Cinco días después, la Fiscalía informó que se abstenía de recurrir la decisión del juez porque no había elementos para “fundamentar dicho recurso, ya que llena todos los requisitos para otorgarle el beneficio (libertad condicional)”. Por lo que, una vez notificada esa decisión, Sara Rogel pudo salir de prisión.

El caso de Sara Rogel

Rogel es una joven de la zona rural del país que tenía 20 años cuando la condenaron a 30 años de cárcel por el delito de homicidio agravado después de supuestamente abortar.

Según información del Centro de Derechos Reproductivos, la joven sufrió una emergencia obstétrica en octubre de 2012, tras resbalarse mientras se encontraba lavando ropa.

“Perdió mucha sangre y se desmayó, fue llevada a un hospital y aún interna y en delicado estado de salud, la acusaron de querer terminar con su embarazo, por lo que fue detenida y señalada de homicidio agravado”, ha agregado la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Érika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha celebrado en redes sociales la salida de Sara Rogel de la cárcel y ha señalado que hay “muchas mujeres” que sufren emergencias obstétricas y a las que “se las criminaliza bajo una ley dacroniana que prohíbe totalmente el aborto”

Más mujeres encarceladas en El Salvador

Al menos 16 mujeres que sufrieron partos extrahospitalarios y fueron acusadas de aborto se encuentran en prisión en El Salvador, uno de los países que prohíbe todas las formas del aborto, según datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

La ONG ha señalado en un comunicado que estas mujeres “permanecen encarceladas por perder su embarazo en emergencias obstétricas”. Desde 2009 a la fecha unas 49 mujeres han salido en libertad después de enfrentar los mismos cargos.

En diciembre de 2020, la situación de las mujeres encarceladas tras sufrir abortos involuntarios en El Salvador en el contexto de la pandemia llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En esa cita, Elida Caballero, representante de Women’s Equality Center, dijo que tras ser criminalizadas en sus casas, barrios o centros médicos, estas mujeres se han enfrentado a un sistema judicial machista que no les brinda las debidas garantías del proceso.

“Las acusaciones de la Fiscalía están llenas de estereotipos y juicios de valor, con graves faltas y violaciones a principios esenciales del derecho, como el debido proceso y la presunción de inocencia. Esta situación es sistemática y perjudica principalmente a las mujeres en situación de pobreza que viven en zonas rurales apartadas y que no tienen acceso a salud y a educación”, señaló Caballero.

El caso de “Manuela”, en la Corte IDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) conoció en marzo de 2021 el caso de “Manuela”, otra mujer condenada a 30 años de prisión tras sufrir un parto extrahospitalario.

La demanda responsabiliza al Estado salvadoreño por violaciones a los derechos a no ser privada de libertad arbitrariamente, a la presunción de inocencia, a la protección judicial, al de defensa, al de recurrir el fallo, al de la salud, al de la vida privada, al de la vida, al principio de igualdad y al de no discriminación.

Según los representantes de la víctima, Manuela vivía en situación de pobreza en una zona rural donde en febrero de 2008 sufrió una caída mientras lavaba ropa en un río. Al día siguiente, la mujer comenzó a sentir un fuerte dolor pélvico y abdominal, expulsó el feto y se desmayó.

Manuela fue detenida “en flagrancia” mientras recibía atención medica, fue condenada en agosto de 2008 y en abril de 2010, a los 33 años de edad, murió a raíz del cáncer que padecía y que, según la demanda, tampoco fue tratado adecuadamente.

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