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Síndica de Tijuana denuncia a alcalde por violencia política de género


La síndica de Tijuana, María del Carmen Espinoza Ochoa, presentó una demanda en contra del presidente municipal, Arturo González Cruz, por actos de violencia política y de género en su contra.

México / Frida Sánchez (La Razón).- En un video que transmitió por Facebook, la síndica expresó que en su demanda solicitó la protección de sus derechos políticos y electorales, en la vertiente del ejercicio público como síndica procuradora, luego de que el alcalde realizara acciones en su contra, como emitir una orden injustificada por parte del alcalde para que dependencias locales no rindan informes a la sindicatura durante el tiempo que dure la contingencia por Covid-19, “sin considerar que nuestras funciones de procuración de justicia municipal se encuentran consideradas como esenciales”.

De acuerdo con Espinoza Ochoa, el titular del municipio también mandó retirar las escoltas de seguridad de la funcionaria, y pidió que se le prohibiera  el acceso al estacionamiento del Palacio Municipal y al elevador privado del inmueble, y agregó que el alcalde también ha realizado declaraciones públicas en referencia a su persona, en donde asegura que ella debe dedicarse a trabajar “sin protagonismos” y que “las candidaturas se ganan trabajando”.

“Me retiraran los escoltas de protección a la suscrita, sin tener en consideración que por las funciones que desempeño se pone en riesgo mi seguridad personal”, expresó.

 

Hoy presenté formalmente la demanda de protección de mis derechos políticos- electorales en su vertiente del ejercicio del servicio público como sindica procuradora del XXIII ayuntamiento de Tijuana Baja California en contra del presidente municipal de nuestra ciudad . reclamandole actos que constituyen, violencia política y de género hacía mi persona y que previamente los hice del conocimiento público. Gracias a todos .

Posted by Melii Espinoza on Tuesday, April 14, 2020

 

La síndica expresó que que no permitirá que se continúen realizando actos de violencia política y de género “en busca de mermar y obstruir el ejercicio de sus derechos como mujer y servidora pública, ya que al igual que toda persona, tengo derecho a ser tratada con respeto e integridad”, concluyó.


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