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Un año de AVG: Sólo se han cumplido 4 de 45 medidas para frenar la violencia contra las mujeres en Puebla

Mientras algunas voces opinan que ha habido avances significativos, para el Observatorio Nacional de Feminicidio, el Estado mantiene “una ruta de impunidad, donde las diligencias para esclarecer los delitos contra las mujeres se hacen mal, con omisiones y sin perspectiva de género, obstaculizando el acceso a la justicia”.


Puebla / María José Andrade Gabiño (Lado B).- A un año de que se emitiera la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (Davgm) en Puebla, la Secretaría de Igualdad Sustantiva estatal, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF) y la académica Gabriela Moreno Valle Bautista –quien pertenece al Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) que da seguimiento a la Alerta–, coinciden en que lo realizado por las autoridades no ha sido suficiente para frenar la violencia que viven las mujeres en el estado.

Un año ha pasado desde que la Secretaría de Gobernación federal, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), emitió la Davgm para cincuenta municipios de Puebla, contemplando 45 medidas que el gobierno estatal tiene que realizar para detener la violencia que las mujeres viven en la entidad.

LADO B realizó un análisis de las evidencias que el gobierno del estado publicó en el portal Puebla alerta por las mujeres en octubre de 2019 –como primer informe que se le obligaba a dar en la Davgm–, y encontró que de las 45 medidas, solo se habían cumplido 4, y de las 162 acciones contempladas en el “Plan de acción” se habían realizado 65 –distando mucho de lo que informaba–.

Ahora hemos entrevistado a Rodolfo Domínguez, asesor jurídico del OCNF, a la subsecretaria para la Prevención de la Discriminación y la Violencia de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado, Catalina Aguilar Oropeza, y a Gabriela Moreno Valle Bautista, abogada y académica integrante del GIM, al respecto de las acciones realizadas en el marco de la Davgm, a doce meses de su emisión.

Tanto Domínguez, Aguilar Oropeza y Moreno Valle Bautista coinciden en que lo realizado no es suficiente para detener la violencia feminicida en el estado.

Sin embargo, la subsecretaria y la académica opinan que ha habido avances significativos. Mientras que el representante del OCNF opina que en Puebla se vive una completa simulación en cuanto a la aplicación de las medidas de la Davgm.

“Una completa simulación”: OCNF

Para el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios no ha habido avances en cuanto a las medidas de la Davgm y solo se han generado acciones de simulación que acrecientan la impunidad, lo cual se ha visto reflejado en el aumento de delitos contra la mujer –como el feminicidio, el acoso y hostigamiento sexual–.

Según Rodolfo Domínguez, el incumplimiento más preocupante es en las acciones que competen a la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto a medidas de justicia y reparación en casos de feminicidios y desaparición.

Apunta, como ejemplo, que en el caso del presunto feminicidio de Zyania Figueroa Becerril se han probado una y otra vez irregularidades en los procesos de investigación. Sin embargo, la FGE ha insistido en que se trata de un suicidio, incumpliendo con la acción de “Reencausar investigaciones de homicidios dolosos de mujeres sobre omisiones identificadas” de la medida IX, que aparece como “Finalizada” en la información del Gobierno del estado, publicada en el portal Puebla alerta por las mujeres; es decir, esta acción se da por concluida aún habiendo casos como el de Zyania sin esclarecer del todo.

En este sentido, el asesor jurídico del OCNF considera que en Puebla se sigue manteniendo una ruta de impunidad donde las diligencias para esclarecer los delitos contra las mujeres se hacen mal, con omisiones y sin perspectiva de género, obstaculizando el acceso a la justicia, dejando la responsabilidad de investigar a las víctimas –directas o indirectas– y a las organizaciones que las acompañan.

“Es otra vez repetir esta ruta de impunidad donde el estado por omisión no hace lo que tiene que hacer. Y la carga de tener que hacer cuestiones [investigaciones, peritajes y procedimientos] se la dejan a las organizaciones y a las víctimas, en violación a un deber de la debida diligencia que exige que las investigaciones se realicen con recursos del estado, ocupando todos los elementos que tengan a su disposición para garantizar investigaciones con perspectiva de género, que no estén condenadas a ser infructuosas”, explica Domínguez.

El OCNF denuncia especialmente que hay “una situación de desinterés por parte de las autoridades”, que no se han querido reunir con víctimas, y/o familiares de ellas, ni organizaciones para trabajar en conjunto y escuchar las necesidades de cada caso.

El 18 de marzo de 2020 el OCNF emitió un comunicado donde solicitan una reunión de trabajo urgente con el gobernador de Puebla, Luis Miguel G. Barbosa Huerta, respecto al deficiente estado de la Alerta. Hasta ahora no han recibido respuesta al respecto.

El seguimiento y los cómos de las acciones

Para el OCNF no es que el mecanismo de la Alerta por Violencia de Género hacia las mujeres no funcione o sea inútil, como algunas veces se ha señalado, sino más bien esta no funciona porque a la actitud de desinterés o simulación se suma el que no hay procedimientos claros para la evaluación y seguimiento de las acciones, ni siquiera por parte de la Conavim.

“Los estados informan cualquier cosa y no hay indicadores claros que permitan evaluar ni los procesos ni los resultados de las acciones que los estados [con Davgm] están tomando”, señala Domínguez.

Por otro lado, Gabriela Moreno Valle Bautista considera que parte del seguimiento de las acciones lo realiza el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) al que pertenece –cuyo reporte de evaluación del primer informe ya se entregó a la Conavim y se espera su pronunciación al respecto–.

No obstante, también considera que muchos de los errores de las acciones, y que son evidentes en las pruebas que se encuentran en el portal Puebla alerta por las mujeres,  están en que no se considera el cómo se realizan, en cómo será su operatividad.

“Se dice: ‘Vamos a hacer un protocolo’, pero ¿cuándo? ¿quién y cómo lo va a aplicar? No es el qué, es el cómo y qué resultados se esperan”.

Para la académica, uno de los temas que particularmente se debe monitorear es el de la capacitación en perspectiva de género y en sensibilización para todos los funcionarios que atiendan a las mujeres directamente o estén relacionados de alguna manera con las medidas de la Davgm: quién las toma, quién las imparte, cada cuánto se actualizan y qué resultados hay.

Sin embargo, a los señalamientos que hace la académica, ella agrega que en el caso de la Davgm en Puebla hubo un componente que se tiene que tener en cuenta a la hora de evaluar los resultados que ha tenido en los doce meses desde su emisión: la inestabilidad política que se vivió en el estado durante el 2019 debido a los cambios de gobierno estatal.

El que Guillermo Pacheco Pulido, gobernador interino de enero a agosto, fuera quien recibió la Davgm y emitió el Plan de Acción, para que escasos meses después lo retomara el gabinete de Miguel Barbosa, retrasó muchos de los procedimientos de las acciones, en opinión de Moreno Valle Bautista.

Asimismo, señala que no se debe considerar que el mecanismo de la Alerta va a resolver el problema. “La violencia en contra de las mujeres es un problema transversal que tiene que atacarse desde muchísimas trincheras, no nada más a través de una Alerta de género”.

Para la académica, así como para la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado, la Davgm funciona primeramente como un instrumento de visibilización, que hace que tanto la sociedad como las autoridades reconozcan la violencia dirigida hacia las mujeres y de ahí se parta a las acciones para erradicarla.

Avances significativos y elementos para dar seguimiento

En entrevista para LADO B, la subsecretaria para la Prevención de la Discriminación y la Violencia de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado, Catalina Aguilar Oropeza, aseguró que en Puebla se está avanzando respecto a la erradicación de la violencia hacia las mujeres a la luz de la Davgm.

“Puebla se ha mantenido firme atendiendo el tema de Alerta por Violencia de Género desde un principio”.

Aguilar señaló que la Secretaría de Igualdad Sustantiva Estatal ha estado muy cerca en muchas de las acciones que se han realizado, y sobre todo desde enero cuando tomó la Secretaría técnica de la Davgm, tras la extinción del Instituto Poblano de las Mujeres.

Para la Secretaría, aunque lo realizado no ha sido suficiente, considera tres avances significativos:

  1. La reforma a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, donde principalmente ya se especifica lo que cada dependencia tiene que hacer para erradicar la violencia contra las mujeres; se define la violencia política, y se amplían las medidas de protección para las mujeres que viven violencia.
  2. La expedición de Ley de Víctimas del Estado de Puebla, donde se especifica lo relacionado con la reparación integral del daño y se crea la Comisión de Atención a Víctimas.
  3. La creación de la Comisión de Búsqueda de Personas.

La subsecretaria subraya que estos avances han ocurrido por la voluntad de la Secretaría de que las 45 medidas dictadas por la Davgm sean institucionalizadas para generar un cambio de paradigma desde las mismas instancias gubernamentales que permita el reconocimiento de la violencia hacia las mujeres y su eliminación.

Aunque estos avances son permanentes, Aguilera declara que sin duda se tiene que dar seguimiento a los resultados e impactos tanto de esos avances como de todas las acciones:

“Tenemos que mantener el monitoreo en los resultados. Ese es el reto que tiene que seguir”.

Por este motivo, la subsecretaria para la Prevención de la Discriminación y la Violencia ha compartido con LADO B las cuatro medidas elementales a las que, desde su parecer, tanto el estado como la sociedad civil no deben dejar de dar seguimiento y se deben señalar si no se cumplen.

  • La garantía al derecho de acceso a la justicia y que se investiguen y resuelvan los casos de violencia contra las mujeres, sin revictimización, estereotipos y prejuicios. (Medida I)
  • La definición de mecanismos de supervisión y sanción a servidoras y servidores públicos que incurran en violencia de género. (Medida II)
  • El fortalecimiento de los servicios de la defensoría de oficio en materia de violencia contra las mujeres y niñas. (Medida VII)
  • El seguimiento y fortalecimiento de los Grupos Especializados de procuración e impartición de justicia, para que revisen los expedientes y carpetas de investigación de feminicidios, homicidios dolosos, desaparición de mujeres y delitos sexuales. (Medida VIII)

Estas medidas están contempladas en el apartado de justicia de la Davgm y, en cierta medida, son las que el mismo Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios señala como las que competen a la FGE y no se han cumplido ni registrado avances.

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