El colectivo Amisy ejemplifica hechos de violencia política contra las mujeres y tiene desencuentros con autoridades electorales. Yucatán histórico parece deshacerse en las manos de los hombres, mujeres artistas contra violentador que se presenta en acto cultural de la capital.
Ciudad de México / Libertad López (SemMéxico).- En Yucatán la meta de la paridad es torcida por autoridades electorales, partidos y está lejana, a juzgar por los hechos y las estadísticas. Y lo que es peor es que se simula cuando se analizan los procedimientos relacionados con la aplicación de los mandatos legales, de acuerdo con Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy).
En declaración pública María Eugenia Núñez Zapata, coordinadora del colectivo, afirma que
“Aplausos y discursos hay muchos, pero nada de acciones. Hay mucha simulación y poca efectividad”.
El colectivo ha llevado como bandera la igualdad en la asignación de candidaturas no solo en número de postulaciones sino en municipios que tengan elevada representación poblacional. Ello para conseguir la igualdad sustantiva.
Las demandas de Amisy, y de otras asociaciones, informa ha tenido desencuentros con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) y dejó al descubierto incumplimientos del Congreso local en la difusión de leyes que aprueba, existe una aparente falta de interés del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) y muchas resistencias en municipios del interior del Estado donde ciertos grupos ven amenazados sus intereses.
“Hay una cadena de complicidades”, indica la maestra Núñez Zapata al relatar una serie de sucesos en torno a la tarea por la igualdad de género.
Ejemplifica una serie de expresiones, más grotescas del bloqueo a la participación de la mujer es la violencia política. Un ejemplo reciente, detalla, es lo que sucedió en Kantunil, donde falleció la alcaldesa Raymunda Che Pech y arbitrariamente el Cabildo nombró a un varón para sustituirla, pasando por alto un mandato constitucional.
“Se puso por encima de la Constitución a una ley del Ayuntamiento, que no deja de ser una ley secundaria”, indica la coordinadora de Amisy. “Levantamos la voz, lo denunciamos, pero nadie nos hizo caso. Nada pasó”.
Otras manifestaciones, que son violencia política contra las mujeres se vive en Kanasín y San Felipe. En el primer municipio, la síndica Flor de Liz Xóchitl Delgado Caballero ha denunciado públicamente y ante el TEEY al alcalde William Pérez Cabrera por una serie de arbitrariedades, como ocultarle información, rebajarle el sueldo y denigrar su investidura.
Una tibia resolución del Tribunal obligó a la funcionaria a exponer su caso a la sala regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esa instancia resolvió a su favor, pero a la fecha no se conoce un acatamiento del TEEY a las disposiciones.
“Los magistrados no han aplicado nada de lo que dicta Xalapa”, enfatiza María Eugenia Núñez. “Obviamente, hay encubrimiento. ¿Y todo para qué? Para que el alcalde agresor de Kanasín se pueda reelegir. ¡Es una cadena de complicidades y hay que decirlo!”
También hay violencia política y simulación en el municipio de San Felipe. Ese puerto del Oriente maya, tiene una alcaldesa, Juana Baltazar Santos, pero quien lleva las riendas de la administración municipal es el síndico, Felipe Marrufo López.
En ese municipio Juana Baltazar estuvo al frente de la planilla porque allí “tocaba mujer” en las elecciones de 2018. “Así le llaman: toca mujer, y si es así, pues que sea mi esposa o mi cuñada porque finalmente el hombre ejerce el poder”, relata la entrevistada.
Algo importante y de lo que se ha hecho escasa difusión, explica la representante de Amisy, es que la igualdad de género tiene que ser de observación obligatoria en todos los ámbitos de la administración pública, y esto abarca a los cabildos, porque así los establecen reformas constitucionales de 2019.
“No es que quieran o no quieran: la mitad tiene que ser para mujeres. Esto ya es ley”, recalca.
Los fríos números muestran el débil acceso que han tenido las mujeres a las alcaldías.
De acuerdo con datos de Amisy, en las elecciones municipales de 2007 resultaron triunfadoras siete mujeres, que quedaron al frente de municipios que representaban apenas el 7.3 por ciento de la población yucateca.
En 2010 fueron electas 12, que elevaron a 51.27 por ciento el porcentaje de representación de la población de Yucatán. Este aumento se debió al triunfo de Angélica Araujo en Mérida, que concentra a casi la mitad de los habitantes del Estado.
En 2012 fueron 19 mujeres las ganadoras, en municipios que representan el 9.18 por ciento de la población. En 2015 el número se desplomó a ocho electas, en poblaciones con el 5.38 por ciento de la población yucatecas, y en 2018 se dio un salto con 29 ganadoras.
Ocultan información:
El colectivo Amisy señala que hay escasa difusión a las reformas legales. Sucede en todos los niveles. Afirma que la paridad es de observación obligatoria en todos los ámbitos de la administración pública, y esto incluye los cabildos, porque así lo establecen la reforma constitucional de 2019, subraya María Eugenia Núñez Zapata, coordinadora de la agrupación.
No hay de otra. “No es que quieran o no quieran: la mitad tiene que ser para mujeres. Esto ya es ley”, insiste.
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