El dictamen ubica al suicidio como una forma de violencia feminicida, y subraya que la Cámara de Diputados y los congresos locales aprobarán en los presupuestos, una partida para las alertas de género y darán seguimiento a su ejercicio efectivo.
Ciudad de México / SemMéxico.- La Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de alerta de género y mejorar su efectividad.
El documento obtuvo 450 votos a favor y fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales. Define las alertas como el conjunto articulado de acciones y mecanismos de protección de emergencia y temporales, ejecutadas de forma coordinada entre los tres órdenes de gobierno y los poderes del Estado, según sus facultades y atribuciones para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.
En el mecanismo de alerta y violencia de género se reconocerá y garantizará la participación activa de los organismos y organizaciones solicitantes, lo que mejorará su difusión una vez declarada la alerta.
Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia deberán observar el respeto y la dignidad, los derechos humanos y la debida diligencia.
Define el concepto de debida diligencia como la obligación de las y los servidores públicos, dependencias y entidades de gobierno de atender y actuar dentro de un tiempo razonable y brindar respuesta eficaz, responsable desde el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género para la prevención, atención, investigación, sanción y reparación integral del daño a las mujeres víctimas de violencia.
De igual manera, se establece la conformación de un Comité de Expertas en derechos humanos, justicia, perspectiva de género, sociología y antropología.
El dictamen ubica al suicidio como una forma de violencia feminicida, y subraya que la Cámara de Diputados y los congresos locales aprobarán en los presupuestos, una partida para las alertas de género y darán seguimiento a su ejercicio efectivo.
Precisa que se debe garantizar que sea suficiente el personal de las instituciones públicas que forme parte del grupo interinstitucional, que cuente con las herramientas técnicas y materiales, y tenga la formación adecuada para dar seguimiento puntual a todo el proceso de alerta de género.
Una vez notificada una declaratoria de alerta de género, las entidades federativas, municipios o alcaldías, de manera inmediata y coordinada deberán implantar un plan de acción con perspectiva de género, orientado a adecuar las políticas públicas y cumplir con las medidas de prevención, atención, seguridad y justicia para erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres.
Además, se registrarán los datos e información necesaria para evaluar el cumplimiento de las obligaciones ante el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, observando los principios de transparencia, máxima publicidad y acceso a la información, así como la protección de datos personales durante el total de la etapa de alerta de género.
Agrega que ente la violencia feminicida, el Estado tendrá que reparar el daño conforme con los parámetros establecidos en los tratados internacionales.
En lo particular, se aceptó con 437 votos la reserva al artículo 23 bis, para establecer que corresponderá a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, formar el Comité de Selección.
A este comité se integrará una persona invitada de la Oficina en México de la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer.
Al fundamentar el dictamen, la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga, precisó que en nuestro país nueve mujeres son asesinadas cada día. Y erradicar la violencia contra todas, es requisito para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, a los que las lideresas y los líderes del mundo se comprometieron para el 2030.
Dijo que el sistema de justicia históricamente ha sido indolente. Las fiscalías, incluidas sus instancias de investigación y las instituciones de administración de justicia han sido la primera barrera de acceso a la justicia para las víctimas, siendo la violencia institucional contra las mujeres la regla.
En la actualidad, indicó, en México hay 410 municipios en 19 entidades con declaratorias de alertas por violencia de género. Por ello, el dictamen plantea articular entre autoridades de todos los órdenes de gobierno y en todos los poderes de la Unión, para hacerle frente a la emergencia.
Se requiere actuar de manera coordinada con municipios y estados a fin de atender no sólo los síntomas más visibles del problema, sino atacar las causas estructurales y la instrumentación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres.
La legisladora Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) mencionó que la reforma es un gran avance, pero dependerá que funcione correctamente, que las instituciones gubernamentales se comprometan a cumplir para erradicar la violencia.
Ana Patricia Peralta de la Peña, diputada de Morena, respaldó el dictamen porque es necesario y urgente atender, en el ámbito nacional, las causas que dan origen a esta situación, por medio de mecanismos que garanticen el respeto a los derechos humanos desde una perspectiva de género.
De Encuentro Social, la legisladora Olga Patricia Sosa Ruiz expresó: se quiere un país solidario y que se cierre el paso a la impunidad. “Nuestro voto va porque ellas caminen libres y seguras en las calles. Debemos comprometernos a hacer más de lo que se espera, dejar atrás el pesimismo, misoginia pública, corrupción, machismo, sexismo persistente y sustituirlo por esperanza, empatía, confianza y equidad”.
La diputada Fabiola Loya Hernández (MC) dijo que casi dos millones de mujeres fueron sometidas a intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual; esto obliga a redoblar esfuerzos para que ser mujer deje de significar vivir en riesgo, con miedo y desventaja, “votaremos a favor porque estamos convencidas que cerrar las brechas de desigualdad es requisito indispensable para la defensa y protección de derechos humanos”.
Martha Huerta Hernández, diputada del PT, apoyó el dictamen porque agilizará y mejorará el instrumento en contra de la violencia de género.
“Estoy convencida que estamos transitando en la vía correcta para generar el espacio en donde nunca más una niña o mujer sufra violencia feminicida”.
La diputada Anilú Ingram Vallines (PRI) subrayó que se logró un dictamen elaborado con la apertura al diálogo con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las mujeres al fortalecer los procedimientos, mecanismos e instrumentos en la materia.
“Hoy sumamos un país mejor y seguro para nosotras”.
Del PAN, la diputada Verónica Sobrado Rodríguez afirmó que es indispensable aprobar este dictamen porque el país demanda alzar la voz para que no haya ni una muerte por razones de género.
“Hoy tenemos en nuestras manos dar una herramienta eficaz. Las y los mexicanos cuentan con el compromiso de las y los diputados de Acción Nacional para poner el alto a la violencia de género”.
La legisladora María Elizabeth Díaz García (Morena) puntualizó que las mujeres exigen justicia porque sus derechos son violentados día a día y consideró fundamental atender esta grave crisis de violencia, el Estado debe fortalecer y asegurar su protección.
Discusión en lo general
La diputada María Lucero Saldaña Pérez (PRI) puntualizó que para su fracción parlamentaria es grato aprobar este dictamen que representa un fenómeno que concierne a todos; es necesario fortalecer el mecanismo de alerta y avanzar en la igualdad sustantiva.
La legisladora de Morena Rocío del Pilar Villarauz Martínez dijo que están a favor del dictamen y de un país libre de violencia contra las mujeres,
“alto ya a los maltratos, golpes, asesinatos y feminicidios, vivas nos queremos”, expresó.
La diputada María Libier González Anaya (MC) subrayó que México atraviesa por una profunda crisis en la materia y no hay día en que haya una desaparición o víctima de violencia. Afirmó que el marco jurídico no ha sido suficiente para obligar a las autoridades a actuar de forma pronta y expedita en la protección, estas omisiones tienen consecuencias fatídicas; por ello, votaremos a favor de una reforma integral que cerrará las puertas a la discrecionalidad y obligará a las autoridades a actuar.
