Ciudad de México / Olga Laura Ochoa.- Este martes 20 de febrero se presentó el Informe de hallazgos 2022 del Observatorio contra la Tortura, dos años después de que se publicará la Ley en esta materia, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, con el apoyo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, crearon el Observatorio para monitorear los avances en la implementación de esta ley esencial para combatir la tortura y detallaron que en el país prevalece un 98 por ciento de impunidad en los casos.
De acuerdo a datos de las fiscalías de los dos órdenes de gobierno, federal y estatal, durante el 2022, se presentaron 6 mil 398 carpetas de averiguación de presuntas víctimas del delito de tortura y/o tratos inhumanos, crueles o degradantes. Así el 11 por ciento de las víctimas de tortura (715 son mujeres), mientras que el 9.9 por ciento de presuntas víctimas del delito de tratos inhumanos, crueles y degradantes (22 son mujeres).
El informe arroja luz acerca de los cuellos de botella en la impartición de justicia en el país, para muestra un botón, de las 6 mil 226 carpetas de investigación iniciadas, solamente 82 fueron judicializadas. Este bajo porcentaje de judicialización de los expedientes refleja que menos del 2 por ciento de las investigaciones por tortura se procesan, lo que da por resultado que el 98 por ciento de los casos, no llegan ni a tomar el cauce legal, con lo que este atraso significa para la impartición de la justicia, que en términos de la constitución se refiere a que ésta, debe ser rápida y expedita.
Este abismo es un obstáculo en la obtención de justicia tiene diferentes aristas, la falta de creación de fiscalías especializas, la dificultad que tiene la víctima para documentar la tortura, los dictámenes médico-psicológicos y con la dificultad para acceder a estas certificaciones, (el 80 por ciento de las víctimas no tuvieron acceso a la certificación oficial, y luego, no se encuentra correlación, por eso se llega al peritaje negativo).
Ángel Salvador Ferrer, coordinador del Programa Prevención de la Tortura en Documenta, señaló que una de las razones de esto, son las dificultades que tienen las víctimas para comprobar que fueron víctimas de tortura y de esta forma, poder avanzar conforme al protocolo de Estambul, ”para poder comprobar en un lugar determinado la dificultad que existe para acceder al 100 por ciento”, refirió.
Frente a los principales retos en materia de documentar y de cambiar el número de incidencias en este delito, María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro Prodh, dice: “el reto está en las instituciones, tanto en las fiscalías federales como en las locales. Existe un miedo a denunciar por desconfianza o desconocimiento. Casi el 70 por ciento de las investigaciones se inicia por vía judicial pero hay muchos contextos en los que es difícil encontrar datos. En resumen, el combate a la tortura no es todo lo eficiente de lo que pudiera ser”.
A través de la plataforma sintortura.org, el Observatorio facilita datos estadísticos claros, precisos y actualizados para conocer en qué medida las autoridades han tomado en serio sus obligaciones para combatir la tortura y otros malos tratos. Esta iniciativa coloca en la agenda de acción del Gobierno Federal y los gobiernos locales el cumplimiento efectivo de la Ley General contra la Tortura.
Ley general contra la tortura
El 26 de junio de 2017 se publicó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en México (Ley General contra la Tortura). Dos años después, en 2019, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, con el apoyo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, crearon el “Observatorio contra la Tortura”, una iniciativa para monitorear los avances en la implementación de esta ley esencial para combatir la tortura en México.
El combate a la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, debería ser prioritario en todo el mundo. En México, la necesidad de avanzar en la erradicación de la tortura es especialmente urgente a la luz del tamaño y gravedad de la problemática en los últimos años.
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura determinó en 2014 que la tortura en México es generalizada, conclusión refrendada en el informe de seguimiento de 2017 de la Relatoría.
Jesús Peña, actual encargado de la oficina del alto comisionado de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo: “la importancia que tiene el escrutinio de la sociedad civil sobre el actuar de las autoridades, es lo que posibilita que los ejercicios de revisión de cuentas, que son absolutamente torales desde la perspectiva de los derechos humanos”.
Bajo la lupa, las cifras aumentan
En México este escrutinio es posible gracias a que cuenta con una legislación avanzada en materia de transparencia y acceso a la información y, a órganos autónomos y con capacidad técnica que pueden dar acceso a la información, que puede ser clave en el ejercicio de los derechos humanos.
Al respecto, Ángel Salvador Ferrer de la organización Documenta, señaló que de las 6 mil 226 carpetas de investigación iniciadas en 2022, solo 82 fueron judicializadas (1.3%), siendo los estados de Yucatán y Baja California Sur las entidades con mayor número de procesos que llegan ante el juez (3 y 22, respectivamente).
“Por lo tanto, podemos afirmar que a partir del análisis de los datos de 2022, sigue habiendo cifras elevadas de denuncias de investigaciones que se abren por tortura y además, podemos concluir que no se están produciendo avances notables en cuanto a la resolución de casos anteriores, en las últimas décadas de víctimas de tortura debido al bajo número de sentencias”, delineo.
Natalia Cordero de Fundar, reconoce: “avanza lentamente la implementación de la ley, no se reconoce la práctica de la tortura en México, no se incluye ni acepta responsabilidad de miembros del ejército, no se visibiliza en las sentencias del poder judicial la participación de miembros de la secretaria de la defensa nacional”.
“El registro nacional comenzó en 2021, es decir, cuatro años después de un mandato judicial y no porque y no por voluntad del Estado”, comenta Denise Montiel del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).
Denuncias por tortura en México
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, desarrolló en 2022 el primer Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México.Se debe recalcar que este Diagnóstico forma parte del resolutivo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia emitida el 28 de noviembre de 2018 contra el Estado mexicano por las 11 mujeres sobrevivientes víctimas de tortura sexual en el caso de San Salvador Atenco, estado de México.
En este diagnóstico se informó que 7 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia, incluyendo la tortura sexual en diferentes etapas de su proceso: ya sea en su arresto, traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, estancia en centro de reclusión o la etapa de juicio.
Y precisamente se especifica desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres que “este delito es mayor cuando se comete contra mujeres privadas de su libertad, al utilizar su cuerpo como un instrumento de castigo y sometimiento, y en ese contexto son procesadas penalmente, por tanto, enfrentan doble vulnerabilidad”.
