Veracruz / Alma A. Ochoa Moctezuma (Testigo Púrpura).- En los próximos tres meses, 537 mil mujeres darán a luz en México según estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo). Estos nacimientos están enmarcados en la emergencia sanitaria mundial causada por el COVID-19.
El COVID-19 pone en jaque a México y al sistema de salud, pues por un lado debe atender a pandemia y reducir lo más posible el índice de contagios, y por otro debe garantizar las condiciones habituales de atención para todas las personas, especialmente para las mujeres embarazadas y para los recién nacidos.
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“Frente a la emergencia sanitaria y como estrategia fundamental de salud pública, es indispensable garantizar la gratuidad de estos servicios en apego al marco de los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos”, enuncia el boletín 100 del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR).
Habilitar espacios no hospitalarios para la atención obstétrica de mujeres con embarazos de bajo riesgo, incorporar a las parteras profesionales en la atención y promover una mayor vinculación con parteras tradicionales, son algunas de las líneas de acción para los gobiernos estatales que señala el documento.
Los cuidados
Carolina Toga es un mujer que radica en Veracruz, tiene 22 años y un embarazo de 32 semanas, antes de la pandemia por COVID-19 ella mantenía el seguimiento en su unidad de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y a la vez con un médico privado.
Hasta el momento, Carolina Toga ha recibido información sobre los cuidados para reducir el riesgo de contacto, como las medidas de distanciamiento social. Sin embargo, no tiene certeza de dónde va a atender su parto, la recomendación con la que cuenta es que busque la atención es una clínica de primer nivel, sin más detalles de cómo hacerlo.
El empleo de Carolina le permite quedarse en casa y continuar con algunas actividades en línea, por lo menos hasta que pueda tramitar su permiso de maternidad.
En el caso de la atención obstétrica, evitar que determinadas las mujeres lleguen a los hospitales, puede ayudar en varios sentidos, explicó David Meléndez Navarro, secretario técnico del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México (CPMS-Mx), debido a que es una medida para evitar la saturación de los servicios con atenciones que deben ser destinadas para complicaciones obstétricas y para mujeres que presentan síntomas y signos de COVID-19.
“Las mujeres que están embarazadas con alguna complicación o necesitan cesárea, y las mujeres con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID-19, ellas, ellas sí tienen que llegar al hospital”, dijo Meléndez Navarro.
El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva emitió el “Lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida”, donde señala las recomendaciones que deberán seguir todas las entidades federativas para facilitar estos servicios.
Esto quiere decir que cada entidad federativa debe establecer un plan estatal para que todas las mujeres embarazadas, con sospecha, o diagnóstico confirmado de COVID-19, tengan acceso a servicios de calidad, incluyendo atención obstétrica, neonatal y aborto seguro.
El lineamiento señala que el envío de mujeres a hospitales puede limitarse en la medida en que aumenta la demanda de atención por COVID-19, por lo que señala que el primer nivel de atención puede ser incorporado como la primera línea de atención del parto en casos de bajo riesgo obstétrico y mujeres consideradas sanas.
El Convenio y la atención obstétrica
Como una estrategia para liberar espacios en los servicios públicos de salud, el Gobierno Federal anunció un convenio con Asociación Nacional de Hospitales Privados A.C. y con el Consorcio Mexicano de Hospitales A.C. cuyos hospitales adscritos facilitarán 3 mil camas.
Aunque estos 3 mil espacios de los servicios privados representan cierta expansión de los servicios, todavía no son suficientes, un punto que la Secretaría de Salud debe analizar es de qué manera va a priorizar el uso de estos espacios.
El 40 por ciento del total de la atención que brindan los servicios públicos de salud corresponde servicios obstétricos, señaló el secretario técnico del Comité Promotor por una Maternidad Segura, y esta es una razón para derivar estos servicios a los espacios convenidos por el Gobierno Federal con los servicios privados.
“Si bien es cierto, son pocas, son nada despreciables, a esas 3 mil camas, debes analizar cómo puedes sacarle el mayor beneficio, tendrán que optimizar; a mi me parece que por números tendrían que priorizar la atención obstétrica, absolutamente porque es una de las principales causas de demanda de atención, es decir si los otros hospitales van a estar centrados en la atención de pacientes por COVID, significa que una opción para derivar estar camas, es al ámbito privado”, señaló el secretario técnico del CPMS-Mx.
Acceso a aborto seguro
Durante abril y hasta junio, la Secretaría de Salud ha estimado que 25 mil mujeres van a requerir la interrupción del embarazo servicio en los establecimientos públicos de salud, por ello también señala que el acceso a la interrupción legal del embarazo se debe garantizar el cumplimiento de la NOM-046.
Es decir, los servicios de salud públicos deben garantizar, proteger y mantener el acceso el derecho a la interrupción legal del embarazo con la mayor normalidad posible.
La implementación de la atención ambulatoria permite otorgar el servicio mediante la consulta inicial en urgencias, otorgando el tratamiento para autoadministración, acompañado de consejería, indicaciones y signos de alarma.
Hasta el momento, la evidencia científica indica que la infección por COVID-19 no se ha asociado a un mayor riesgo de aborto.
El personal de salud
En México, el personal de salud que presenta condiciones que potencian el riesgo de un cuadro grave (diabetes, sobrepeso y obesidad, hipertensión, etc.), es alrededor del 30 por ciento del personal.
Cuidar a su personal de salud, es el primer paso para hacer funcionar eficientemente los servicios, en este momento cuando en México está próxima la llegada de la fase tres es indispensable identificar al personal que tiene francos riesgos de tener una progresión negativa.
Además, el sistema de salud mexicano opera con 2.4 médicos por cada mil habitantes, en relación con 3.4 en promedio indica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y cuenta con 2.9 de enfermeros/as por cada mil habitantes, cifra menor al promedio de los países integrantes de este organismo.
“Los países que tienen un gasto relativamente menor en salud, generalmente tienen pocos doctores y enfermeras, como en el caso de México, Turquí y Polonia, los recursos humanos existentes tendrán que incrementar sus esfuerzos para atender la demanda adicional que se requiere”, señala la OCDE en su reporte sobre los sistemas de salud y su respuesta ante el COVID-19.
El promedio del gasto en salud en México es de mil 80 dólares por persona, cifra que es cuatro veces menor que el promedio de la OCDE, de 4 mil dólares.
Ante este un escenario que presenta un franco déficit en recursos humanos, los gobiernos, en sus diferentes niveles, y el sistema de salud mexicano enfrentan el reto de garantizar la protección de la salud de las mujeres embarazadas.
En este momento, la prestación de los servicios a determinadas mujeres embarazadas en el primer nivel de atención se convierte en la opción más segura y eficiente para dos cosas fundamentales: mantener los espacios hospitalarios para la atención de la pandemia de COVID-19 y reducir el riesgo de contagios en mujeres y los recién nacidos.
