Desde la Comisión por el derecho al aborto en Madrid reconocen que esto supone la visibilización de un tipo de acoso que lleva produciéndose desde hace años, aunque consideran que la solución ante los problemas no puede ser sólo punitiva
Madrid (AmecoPress).- El Pleno del Senado ha dado luz verde a la proposición de ley que penaliza el acoso ante las clínicas abortistas, con 154 votos a favor frente a los 105 en contra del PP y Vox.
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Todos aquellos «actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos» que «menoscaben la libertad de las mujeres», serán castigados con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o bien con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y establece que el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares durante un periodo de 6 meses a 3 años.
Desde la Comisión por el derecho al aborto en Madrid han emitido un comunicado en el que reconocen que esto supone la visibilización de un tipo de acoso que lleva produciéndose desde hace años y la protección de la libertades de las mujeres de ejercer sus derechos y decidir sobre sus cuerpos.
Sin embargo, la Comisión remarca la urgencia de resolver la situación de fondo:
La Administración pública no puede financiar grupos antielección que utilizan recursos de todas y todos para presionarnos ante el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos reconocidos tanto en la Ley del Estado como en las Leyes de Derechos Humanos Internacionales.
Estos grupos, que además también son financiados por la extrema derecha y grupos conservadores y religiosos, han ampliado las maneras de acosarnos. Día a día acosan frente a las clínicas, juzgando, obstaculizando, culpabilizando y estigmatizando. Además, en muchas ciudades del Estado vemos cómo cubren edificios enteros con sus mensajes contra nosotras, se publicitan en marquesinas o alquilan locales frente a clínicas para que tengamos que ver su propaganda. Por lo que exigimos que la Ordenanza de Publicidad Exterior no permita que en la vía pública se muestren mensajes de acoso.
Las feministas entendemos que la solución ante los problemas no puede ser sólo punitiva. Esta reforma del Código Penal sanciona el acoso a las mujeres que acuden a las cínicas de aborto con una pena de prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad. Para nosotras, la solución real está en una Educación Afectivo Sexual desde la diversidad que promueva una sociedad igualitaria. Porque educar en el respeto significa prevenir el acoso y la violencia.
La mejor manera de erradicar el acoso es abortar en la Sanidad Pública. Lo que necesitamos es que la Interrupción Voluntaria del Embarazo se realice con normalidad en ambulatorios y hospitales, como una prestación más del Sistema de Salud.
Exigimos Sanidad Universal: Garantizar el derecho al aborto es garantizar el derecho para todas todas todas. Las feministas no podemos olvidar que en el Estado Español hay personas que no pueden acceder a la Sanidad Pública. Denunciamos que además en la Comunidad de Madrid, el colapso de los Servicios Sociales y del Sistema de Salud Público impide realizar los trámites necesarios para el acceso al aborto de las mujeres en situación administrativa irregular.
La Comunidad de Madrid bloquea en la práctica el acceso a nuestros Derechos Sexuales y Reproductivos. Denunciamos la Ley Ómnibus con la que Ayuso privatiza, desmantela y limita de forma global los servicios sociales y públicos necesarios también para ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Estas situaciones expresan la necesidad de una visión integral que reforme La Ley de los Derechos Sexuales y Reproductivos, con mecanismos de obligado cumplimiento en todas las Comunidades Autónomas.
