Las declaraciones de las autoridades estatales afirman que los feminicidios van a la baja, sus palabras casi suenan como un mantra ya que han logrado que Veracruz suelte el primer lugar a nivel nacional y actualmente se coloque en el tercero, pero las organizaciones civiles y académicas tienen otros datos. Casos como el de Samara lo ponen en entredicho, pues aunque lograron una condena es por homicidio y no por feminicidio.
Veracruz / Alba Alemán (TP).- La diferencia entre las cifras presentadas en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Observatorio Universitario de Violencias contra Mujeres (OUVM) es de un 20. 96 por ciento, para ser exactas.
El OUVM hace este registro basándose en las descripciones en las notas periodísticas de las mujeres que son asesinadas, basadas en ello y en la tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal, son catalogadas como un feminicidio o como un homicidio más.
Año con año activistas han denunciado el “maquillaje” de cifras en el delito de feminicidio al no ser registradas en su totalidad para evitar aparecer en los primeros lugares a nivel nacional, afectando el derecho a la verdad y sobre todo a la justicia de las víctimas indirectas.
“Como sociedad no nos permite que se castigue ejemplarmente a las personas que por una misoginia, por un odio hacia las mujeres truncan su vida y la acaban, la cedan, ese principio de entender al delito de feminicidio como un crimen de odio, con este tipo de prácticas donde cambian por diferentes situaciones el tipo de delito si abona a la invisibilización y a la crítica que como sociedad tenemos que hacer, al darnos cuenta que el odio en contra de las mujeres está muy presente, se interpretan en un sentido conveniente en uno y otro sentido las cifras”, señala Estela Casados, coordinadora del OUVM.
El feminicidios que no se contó
“Aquel que agreda o atente contra la vida de una mujer, será una mujer la que investigue y lo ponga ante la justicia, y también lo va sentenciar un Poder Judicial que es dirigido por una mujer”, sentenció el gobernador Cuitláhuac García, un 7 de enero del 2021, tras haber sido hallada asesinada Samara Arroyo en una fosa en el municipio de Actopan.
Ninguna de esas instancias de justicia que presumió el gobernador ser encabezadas por mujeres, logró que el crimen de la joven de 27 años fuera catalogado como feminicidio a pesar de contar con las características suficientes para ello.
De acuerdo al Código Penal del Estado de Veracruz, un feminicidio es catalogado cuando exista parentesco o afinidad (pareja o amistad) entre la víctima y el victimario, relación laboral o escolar de confianza o subordinación, signos de violencia sexual, lesiones degradantes. También lo es si existieron amenazas o acoso, que haya sido incomunicada o que su cuerpo fuera expuesto o arrojado en un lugar público.
El crimen de Samara cumple con por lo menos tres características de las que marca el Código Penal: existía una relación que implicaba confianza, él era su instructor en el gimnasio al que ella asistía, asimismo fue incomunicada.
Desde un principio la familia de Samara intuía que la Fiscalía no estaba integrando bien su carpeta, en marzo del 2022 realizaron manifestaciones para exigir que su feminicidio fuera catalogado como tal, ya que su victimario, William, había sido detenido y acusado por las autoridades bajo los cargos de ultrajes a la autoridad y robo del vehículo, pero no por el asesinato en razón de género.
El 21 de octubre de este mismo año, la FGE informó que William había sido sentenciado a 68 años de prisión, pero no por el delito de feminicidio, sino por desaparición y homicidio, es decir, para los juzgadores no hubo elementos suficientes con carga de género para ser sentenciado por el delito de feminicidio, el cual tiene una pena máxima de hasta 70 años.
Pero la tergiversación de la información no paró ahí, un día después de que se diera a conocer su sentencia, nuevamente el gobernador presumió acerca de sus acciones en contra de la violencia feminicida. En una conferencia, el mandatario dijo que dicha sentencia demostraba el trabajo de la Fiscalía General del Estado en la búsqueda de la justicia en crímenes cometidos contra mujeres.
Un problema extendido
Cuando Samara desapareció un 23 de diciembre del 2020 su foto se viralizó en redes sociales, el hartazgo de la sociedad veracruzana por las constantes desapariciones de mujeres era tanto que el caso de Sam (como la llamaban sus seres queridos) fue noticia nacional que hizo que la detención de su agresor se diera a los dos días.
A las horas de que fue detenido en el municipio de Actopan mientras conducía la camioneta de Sam, unos videos fueron filtrados donde se le ve subiendo una maleta a la cajuela del automóvil, pero fue hasta el 6 de enero cuando la FGE logró catear la casa de la familia de William y la hallaron enterrada en un terreno.
William era el instructor del gimnasio al que iba Sam, todas esas características de los hechos fueron informadas por la Fiscalía y a familia de la joven a los medios de comunicación. Esos detalles sirvieron para evidenciar que existían pruebas para catalogarlo como un feminicidio, señala Estela Casados.
Desde el 2016 Veracruz cuenta con una Alerta de Genero por Violencia Feminicida, entre sus recomendaciones existe una principal para la FGE que pide que todos los asesinatos de mujeres sean investigados desde un principio como feminicidios, posteriormente si se concluye que no cumplen con ninguna características establecida en el Código Penal en el delito de feminicidio, pueden ser pasados a homicidios.
La importancia de esta recomendación es evidenciar que sí existe un problema en el estado que debe ser atendido con otras acciones preventivas y de esta manera evitar que se sigan asesinando mujeres por razones misóginas.
El caso de Sam también forma parte del informe que rindieron colectivos feministas ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) en su última reunión, en mayo de este año, para solicitar una Tercera Alerta de Género por crisis de Desaparición de mujeres, Niñas y Adolescentes que existe en la entidad.
Pero el maquillaje de cifras no solo afecta en la intervención de mecanismo federales para frenar la violencia en Veracruz, ni tampoco solo en el acceso a la verdad y la justicia de las familias; señala Casados, sino, en demostrar que las Fiscalías Especializadas en Delitos contras Mujeres y Niñas están rebasadas, que no cuentan con personal suficiente y capacitado para atender y frenar la violencia feminicida, que no existen sentencias ejemplares para evitar que el feminicidio siga siendo perpetuado al igual que otros tipos de violencias machistas.
“Nos evidencia que hay muy poco apoyo a la Fiscalía Especializada en el sentido de que verdaderamente hay personal suficiente y capacitado, de que tenga una infraestructura material que les permita realmente soportar la carga de trabajo, y lo digo no por suposición sino que tenemos una declaratoria de Alerta por Feminicidio, debería entonces fortalecerse la Fiscalía correspondiente que atiende los casos y hacer más eficiente la atención, si vemos que hay muchos detalles en la atención de casos violencia hacia mujeres, pues qué podemos esperar de la atención para la violencia de casos como feminicidios”, añadió.
