En medio de una lucha legal, Laura Blanco Morales, regidora de Obras en San Juan Lalana, Oaxaca, teme por su vida, esto tras haber ganado dos sentencias por violencia política en razón de género contra el presidente municipal de la localidad; momento en que se intensificó la hostilidad en su contra.
Oaxaca / Citlalli López Velázquez.- La situación comenzó en julio de 2023, cuando el presidente municipal, Lauro Pérez Sánchez, y el secretario municipal, David Sevilla Gallegos, emitieron amenazas y restricciones hacia Blanco Morales. Le prohibieron salir a las comunidades, la marginaron de las actividades oficiales y la discriminaron al no incluirla en las visitas a las obras.
Al ser impedida para realizar su cargo, la regidora presentó un Juicio de Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC), y en noviembre de 2023, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca emitió una sentencia a su favor.
No obstante, el presidente municipal no acató la resolución y continuó obstruyendo el ejercicio de sus funciones.
La situación empeoró cuando, en una asamblea donde Blanco Morales no fue invitada como regidora de Obras, se tomó la decisión de que retirara la demanda o sería expulsada del cargo. Ante la negativa de ceder sus derechos, fue destituida de la localidad.
“La violencia incrementó. No fue algo que el presidente lo tomara bien porque como él dice: ninguna mujer me va a venir a mandar. Entonces para mí en vez de aminorar, la violencia aumentó. Yo rentaba aquí en el lugar donde trabajo, traje a mi familia, mis dos hijas y mi esposo para ejercer el cargo al 100 por ciento y no tener que estar viajando y me corren de la comunidad también porque es una orden de él para presionarme. He pasado tragos muy amargos. Mi salud comenzó a deteriorarse, tengo una neuralgia en el lado izquierdo, se me cae el cabello, psicológicamente pues ya estoy en tratamiento, pero aun así esto ya no tiene reversa”.
La regidora ganó una nueva sentencia en diciembre de 2023, pero el presidente municipal persiste en su negativa de acatarla. La violencia se ha vuelto más intensa, y Blanco Morales teme por su vida.
Su familia también ha sido afectada, y económicamente la situación se ha vuelto insostenible, ya que no recibe los recursos y pagos correspondientes.
En la defensa de sus derechos, Laura Blanco Morales está decidida a seguir luchando por un cambio en la percepción de género en San Juan Lalana. La regidora destacó la necesidad de que las instituciones gubernamentales intervengan para garantizar la seguridad de las mujeres en cargos públicos y para promover un cambio cultural que respete y reconozca la igualdad de género.
»Entre más mujeres en la política, más violencia se registra»
Estamos en la víspera de un proceso electoral que será el más grande en la historia del país, por la cantidad de votantes, por los cargos públicos que se renovarán y por la cantidad de mujeres que estarán compitiendo, poco más de 10 mil en todo el país y un análisis revela que entre más mujeres hay en la política, más violencia hay, los datos lo demuestran: se documentaron todos los criterios jurisprudenciales del periodo entre 2016-2022, en total mil 881 sentencias. De éstas, el 48 por ciento corresponden solo al periodo de 2020-2021.
Los tribunales ya se preparan para recibir impugnaciones a los procesos, denuncias por violencia política contra las mujeres por razón de género (VPG), entre otros delitos electorales hasta el 2 de junio cuando serán las votaciones.
En este escenario, resulta fundamental la reciente publicación Violencia política contra las mujeres por razón de género en la justicia electoral, publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual analiza 400 casos de sentencias que han sentado precedentes, criterios, sanciones, reparaciones y medidas de no repetición de este delito.
“No será un proceso [electoral] fácil, porque cuando las mujeres quieren estar en la política se enfrentan a muchos fenómenos patriarcales y de machismo, no solamente de los hombres, sino también de las mujeres. Las mujeres tenemos que asumir que si nos metemos en la política, vamos a tener debate público duro, entonces hay que diferenciar el debate público duro y el debate que violente nuestros derechos por ser mujeres”, comentó en la presentación Roselia Bustillos Marín, una de las coordinadora del libro.
Para la abogada, una de las revelaciones de este análisis es que contrario a lo que se esperaría, entre más mujeres hay en la política, más violencia hay. Los datos lo demuestran: se documentaron todos los criterios jurisprudenciales del periodo entre 2016-2022, en total mil 881 sentencias. De éstas, el 48 por ciento corresponden solo al periodo de 2020-2021.
Otra lectura a estas cifras la da Fernando Ramírez Barrios, Secretario Instructor en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otro de los coordinadores de la obra, para el abogado, es importante destacar tres cosas:
“Uno, que existe un sistema judicial que funciona; dos, que hay un tribunal que ampara y protege a las mujeres, a las justiciadas y, tres, que en este país se puede hacer justicia”.
En este mismo sentido, para María Cecilia Guevara y Herrera, coautora, “este libro cuenta dos historias a la par: por una lado, la historia de una serie de mujeres que se atrevieron a denunciar una serie de hechos que las menoscababan en sus derechos políticos electorales y les impedían, sobre todo, el derecho a ser votadas ya sea como candidatas o posteriormente como servidoras públicas.
Por otro lado, también cuenta la historia del tribunal, cómo han desarrollando su análisis, hasta constituirse en un tribunal constitucional tutelador de derechos humanos, preocupado por velar, proteger, reparar y tutelar bajo un concepto de progresividad de la más amplia protección de tales derechos”.
Aunque sí hay avances en la materia, los autores coinciden en que la VPG contra una mujer se acredita en el cumplimiento de las sentencias, pero, a decir de la Dra. Roselia Bustillos:
“éstas dejan mucho que desear, porque aún así con el cumplimiento de las sentencias, hay mujeres que todavía siguen siendo violentadas, aún y cuando tienen seguridad, aún y cuando se les obliga que quienes fueron sancionados o sancionadas tomen cursos de violencia política de género o tomen cursos de sensibilización de género, es decir, con todo este avance, aún hay mucho que hacer en la sociedad para que esta violencia se erradique”.
Para concluir la presentación, el magistrado Felipe de la Maza Pizaña, también coordinador de la obra, enfatizó en la necesaria colaboración interinstitucional, debe haber una ‘actividad conjunta de todo el Estado’:
“La verdad es que tiene que evidenciarse: no han sido las autoridades legislativas, es decir, no ha sido ni en el Congreso de la Unión, ni en los congresos locales los que han asumido su responsabilidad de legislar de manera -digamos- prudente y a tiempo cada uno de los temas que tienen que ver con violencia política de género. Han sido los tribunales electorales los que han llevado la batuta, hoy día por ejemplo, y a pesar de que pareciera que la ley es relativamente moderna, porque es del 2020, ya hay vacíos importantes en la ley que se encuentran colmados por las sentencia del tribunal, uno de ellos es el listado sobre personas sancionadas por violencia política de género”.
“El Estado esta funcionando, pero se requiere también que se legisle, hoy día está basado en acuerdos, el asidero es complicado, por ejemplo, tiene que regularse el tema de nulidad de elecciones por tema de VPG».
