Chiapas / Redacción.- El Congreso de Sinaloa aprobó este martes el matrimonio igualitario y concubinato igualitario de manera unánime con 23 votos a favor, 0 en contra pero con 17 abstenciones.
Por esta reforma al artículo 40 y 165 del Código Familiar del Estado de Sinaloa estuvieron a favor 18 diputados de Morena, 2 del Partido del Trabajo, 1 de Encuentro Social, 1 del Partido Sinaloense y 1 independiente.
Fueron los partidos del PAN y del PRI quienes no votaron por la iniciativa, es decir, estuvieron ausentes, 8 diputados del PRI, 2 del PAN, 3 de Morena, 1 independiente y 3 del Partido del Trabajo.
De acuerdo a El Universal la diputada Graciela Domínguez Nava, del partido de Morena, en tribuna hizo un recuento de la larga lucha que emprendieron los miembros de la comunidad de la diversidad sexual, quienes obtuvieron al amparo interpuesto en julio del 2019, la semana pasada el Juez Segundo de Distrito ordenó al Congreso del Estado legislar para hacer efectivo el derecho a la igualdad y la no discriminación
La lucha de las y los integrantes de la comunidad de la diversidad sexual lleva siete años, tres legislaturas, cuatro amparos y siete iniciativas para alcanzar el objetivo. Pero fue en el 2015 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) declaró inconstitucionales los códigos civiles estatales que impiden los matrimonios del mismo sexo, casi un tercio de los estados se resisten a reformar su ley, por lo que parejas aún deben interponer amparos legales para acceder al derecho.
Este dictamen hace posible los derechos a la igualdad y no discriminación del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el Código Familiar se aprobó establecer que el matrimonio es una institución por medio de la que se establece la unión voluntaria y jurídica y de dos personas con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, en la que ambos se procuran respeto y ayuda mutua.
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa y el Ejecutivo del Estado contará con un plazo de sesenta días naturales para adecuar sus disposiciones reglamentarias a lo establecido en el presente Decreto.
