La joven fue acusada de homicidio
Veracruz (Testigo Púrpura).- Una mujer fue detenida y acusada de homicidio culposo luego de presuntamente haber abortado en una plaza comercial del municipio de Oluta, tras ser presentada en juzgados se determinó prisión preventiva.
El producto habría tenido aproximadamente seis meses de gestación, sin embargo las autoridades no han dado una versión pública de cómo se suscitaron los hechos.
Según versiones extraoficiales la mujer fue procesada por el delito de homicidio culposo, es decir un delito con una pena mayor que el aborto.
De acuerdo al articulo 150 del Código Penal del Estado de Veracruz “a la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto, se le sancionará con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud”.
Sin embargo, la conclusión al Grupo de Trabajo de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en Veracruz señaló que no existe claridad en qué consisten las medidas educativas o el tiempo que se deben implementar.
Añadieron que este tipo de sanciones, aun cuando se aplican en libertad, generan un estigma social y criminalizan a las mujeres que interrumpen sus embarazos por diversas circunstancias.
Asimismo el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) documentó en su informe “Maternidad o castigo: La criminalización del aborto en México” que existen casos en los que las mujeres son acusadas indebidamente por las autoridades por los delitos de infanticidio o de homicidio. Este es el caso.
“En México, las mujeres son también acusadas de delitos como infanticidio u homicidio calificado, ante situaciones de abortos o partos fortuitos. Las mujeres criminalizadas por estos delitos provienen de contextos similares a quienes son criminalizadas por el delito de aborto”, señala el documento.
En este caso fue localizado un producto en un centro comercial y la mujer fue detenida días después de que ocurrieran los hechos, identificada, según se informó, por las videograbaciones del centro comercial. Fue la Policía Ministerial la encargada de cumplir la orden de aprehensión.
