Tuxtla Gutiérrez, Chiapa / Redacción.- El presidente municipal de Pantelhó, Santos López Hernández, fue desaforado por el Congreso local el 31 de julio y este domingo es detenido por la Fiscalía de Chiapas por el delito de acoso sexual agravado contra la coordinadora de Protección Civil, Wendy Lorena López Gochez y Federica Gómez Díaz, Directora de alimentos del DIF, ambas funcionarias del mismo municipio.
El acoso sexual contra Wendy Lorena y Federica Gómez por parte de Santos López Hernández, comenzó de desde octubre de 2018, al inicio de la actual administración municipal. En el mes de marzo las funcionarias denunciaron el acoso sexual y laboral públicamente por parte del Presidente municipal de Pantelhó, porque el grado de presión había aumentado. Dieron a conocer que desde ese momento y hasta ahora temen por su integridad, además que las autoridades locales “han viciado los procedimientos por tratarse del Presidente Municipal”.
Las dos funcionarios fueron difamadas por medios de comunicación locales y violentadas por las autoridades municipales al ser omisas ante la investigación de denuncia por violencia política en razón de género y protección ante las denuncias presentadas.
Hace una semana la Diputada Olga Luz Espinosa Morales, solicitó por medio de una reunión y por escrito la intervención del Secretario General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos debido a las amenazas de muerte de las cuales han sido víctimas las funcionarias del municipio de Pantelhó, Wendy Veliz Gochez y Federica Gómez Días, al salir de la Fiscalía de Justicia Indígena de San Cristóbal de las Casas, fueron perseguidas por una camioneta sin placas “viajaban sujetos con armas largas los cuales se aparecieron al automóvil de las agraviadas y les apuntaron en señal de amenaza” informaron.
Anteriormente también la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE) apoyó a las funcionarias presentar una denuncia penal formal en contra del alcalde e hicieron un exhorto al Fiscal General de Justicia, Jorge Luis Llaven Abarca, para que instruya a la Fiscalía de Justicia Indígena a responder de manera pronta y expedita en el presente caso, ya que las funcionarias acusan que se ha actuado con negligencia.
Sin embargo después de un año y 10 meses de violencia política contra las funcionarias logran que el alcalde sea detenido, ahora deberán ratificar las denuncias, presentar pruebas y carearse con quien consideran su agresor.
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