Diputadas de morena suscriben Iniciativa para elevar a rango de Ley los parámetros de la sentencia emitida por la SCJN en el caso Mariana Lima Buendía
Las legisladoras resaltaron que desde el Legislativo se lucha por el acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio.
México.- Ayer legisladoras del partido de Morena, y dentro de los 16 días de activismo con motivo del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, la diputada Adriana Bustamante Castellanos junto con legisladoras de morena, sostuvo una serie de actividades con la madre de la víctima de feminicidio Mariana Lima Buendía, caso emblemático por la resoluciónn de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN.
Dicho caso ha generado una propuesta de iniciativa por el esfuerzo y años de incansable lucha de la señora Irinea Buendía Cortés, quien “ahora busca que se eleven a rango de ley algunos de los parámetros establecidos en la histórica sentencia de la Suprema Corte, emitida el 25 de marzo de 2015”, manifestó la legisladora.
Lo anterior, dijo, con el objetivo de que “todas las muertes violentas de mujeres en México sean investigadas con perspectiva de género y se favorezca el acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio”.
La iniciativa de Ley Mariana Lima Buendía es está suscrita por Adriana Bustamante, la vicecoordinadora Aleida Alavez Ruiz, las diputadas Marisol García Segura, Anahí González, Susana Prieto Terrazas e integrantes del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, “donde diputadas de todas las fuerzas políticas legislamos en temas de la vida diaria de todas las mujeres en el país”, subrayó Bustamante Castellanos.
Durante la mesa de diálogo ‘Presentación y análisis de la sentencia Mariana Lima Buendía y la incorporación de sus efectos al marco legal mexicano’, la legisladora expresó que se busca “garantizar un efectivo acceso a la justicia a las víctimas de feminicidio” y no se repita el calvario de 13 años y 5 meses para conseguir el acceso a la justicia, como lo vivió la activista y madre Irinea Buendía en el caso de su hija.
Irinea Buendía Cortés agregó que el objetivo es que se obligue a todas las autoridades del país, a las 32 fiscalías de cada entidad y que sea en el estado de México aplicar los parámetros en todo el país que establece para juzgar con bajo el protocolo de la perspectiva de feminicidio.
“No quiero que las madres víctimas de feminicidio tengan que caminar 13 años, así como lo hice yo, un calvario de 13 años par lograr tener acceso a la justicia” comentó.
La sentencia de la SCJN tiene tres efectos en los que se reforma lo siguientes puntos:
- Uno. Investigar con perspectiva de género y debida diligencia todas las muertes violentas de mujeres y niñas en México (se propone reformar el artículo 3ero del Código Nacional de procedimientos penales específicamente en la fracción 11 que hace referencia a la definición de perspectiva de género. La reforma consiste en añadir un párrafo segundo que indique que para efectos de la aplicación del código la perspectiva de género deberá implementar para investigar todas las muertes violentas de mujeres y niñas incluyendo los suicidios y accidentes a través de los protocolos previstos para los efectos del delito de feminicidio. Actualmente este concepto que tanto se menciona en todas las luchas feministas y que está evidentemente catalogado por la SCJN como imperante, no se lleva acabo. Para que en México se haga efectivo este principio de investigación para todas las muertes violentas de mujeres y niñas incluyendo los suicidios y accidentes con una perspectiva de género partiendo de la idea principal de que pudo a ver sido un feminicidio.
- Dos. Sancionar a servidores públicos corruptos que incurren en omisiones o negligencias y obstruyen la investigación. Sancionar a las y los servidores públicos que se coluden con los feminicidas de manera maliciosa o por negligencia, corruptos que incurren en omisiones o negligencias y obstruyen la investigación se propone adicionar al artículo 225 del código penal federal un nuevo delito contra la administración de justicia, cometido por servidores y servidores públicos. Es decir negar injustificadamente retardar, entorpecer maliciosamente o por negligencia de un hecho delictuoso cometido contra una mujer por razones de genero. Este nuevo tipo penal propuesto por la Diputada Adriana Bustamante pretende ir mucho más allá del feminicidio y señala que anteriomente había presentado la Ley Karla, en memoria de Karla Yesenia Velazco, vicitma de feminicidio a los 19 años en Tuztla Gutierrez, Chiapas. Consiste en el aumento de la pena y la inhabilitación del servidor público que obstruyen o niegan la justicia en materia de feminicidio. Reforma que fue turnada al senado y hasta ahora se espera una respuesta favorable, comentó.
- Tres. Así como reparar el daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural con medidas progresivas específicas para fomentar la educación y capacitación en perspectiva de género y la administración de justicia. Se propone reformar diversos artículos de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia respecto a las competencias de la Fiscalía General de la Republica para que en la elaboración y aplicación de protocolos especializados con perspectiva de genero se contemple que se debe de realizar la investigación de todas las muertes violentas de mujeres y niñas, incluido los suicidios y accidentes bajo los presupuestos del delito de feminicidio. Además la Fiscalía deberá informar anualmente al Sistema Nacional de Seguridad sobre las actividades desarrolladas a fin de especializar a los agentes de ministerio público en temas de derechos humanos y género. Se debe promover un cambio cultural a partir de la adopción de medidas progresivas que fomente la educación y la capacitación de las estructuras públicas.
Por su parte, la diputada Marisol García Segura recordó que Mariana Lima Buendía fue encontrada sin vida el 28 de junio de 2010 en Chimalhuacán, Estado de México; y que después de la interposición del amparo directo de la familia de Mariana y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el 25 de marzo de 2015 la Suprema Corte resolvió y mandato investigar con perspectiva de género la muerte violenta.
Aseguró que la sentencia marca un antes y un después en las investigaciones en nuestro país y que “el Poder Judicial es quien tiene una deuda enorme con nosotras y a ellos es a quien les tenemos que exigir cuentas. Por ello, desde aquí decirle al Poder Judicial no más privilegios, no más impunidad, no más pretextos para brindar justicia a las mujeres”.
Al respecto, la diputada Alma Anahí González Hernández sostuvo que hay un precedente legal y se necesita “llegar a la verdad de las investigaciones, fortalecer las instituciones; que la lucha por la justicia es la lucha contra la corrupción y que la solidaridad es un motor de la construcción de una sociedad más igualitaria”.
En la mesa de diálogo participó Irinea Buendía, madre de la víctima; y los abogados Dr. Fernando Sosa y Dr. Pablo Navarrete para exigir que las fiscalías locales incorporen los parámetros con perspectiva de género en sus investigaciones tal como lo ordena la sentencia de la Suprema Corte.
