México / Erika Rosete.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha pedido este miércoles al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, la “inmediata reparación del daño, incluyendo el pago de una compensación económica suficiente” a una mujer que en 2018 acudió a un hospital de esa dependencia, en el Estado de Querétaro, por un dolor abdominal. Después de recibir un diagnóstico erróneo y sin los procedimientos adecuados, su estado de salud se tornó grave en cuestión de días, hasta requerir la extirpación del útero y ovario y, posteriormente, la amputación de ambas piernas.
En una recomendación pública, la CNDH se ha dirigido directamente a Robledo Aburto y ha señalado que personal médico adscrito al Hospital General Regional número 1, y a la Unidad de Medicina Familiar número 9 del instituto, en Querétaro, “transgredieron los derechos a la protección de la salud, a la integridad personal, a la salud sexual y reproductiva, y dañaron el proyecto de vida de una mujer de 27 años por diagnóstico, tratamiento y seguimiento médico inadecuados de un Dispositivo Intra Uterino (DIU) traslocado (en una posición anormal o inadecuada), y que generó una infección generalizada que la llevó a un paro cardiaco”, ha detallado el informe.
Según ha reportado el organismo, se recabó la información suficiente para concluir que la atención que recibió la mujer no fue oportuna ni adecuada, principalmente la que se llevó a cabo en la Unidad Familiar, donde las autoridades señaladas como responsables emitieron un diagnóstico sin estudios de laboratorio clínicos, Rayos X o ultrasonidos y sin tomar en cuenta el procedimiento de retiro de DIU que le habían practicado.
La reconstrucción de los hechos de la CNDH señala que, en septiembre de 2018, una mujer de 27 años acudió al menos tres veces a la Unidad Médica Familiar del IMSS por un dolor abdominal, por el que le fue diagnosticada una infección en vías urinarias y colitis. El personal médico le dio un tratamiento sin solicitar estudios de laboratorio. Posteriormente, la paciente acudió al área gineco obstétrica del Hospital General para que le fuera retirado un DIU que se encontraba en posición anormal. Tres días más tarde, la mujer volvió a la unidad familiar, en donde, nuevamente, sin un análisis previo, se le diagnosticó lumbalgia aguda.
El estado de salud de la paciente se agravó rápidamente, y desde el área de urgencias de ese hospital de atención familiar, fue trasladada al Hospital General, donde ingresó por “una pérdida grave de sangre, gastroenteritis infecciosa y deshidratación severa”. En este punto, fue necesario proporcionarle respiración mecánica, ser intubada y una transfusión sanguínea y, debido al paro cardiaco que sufrió, requirió reanimación por 30 minutos, se extirpó el útero y un ovario y, posteriormente, dado la gravedad de su estado de salud “se le tuvo que realizar la amputación de ambas piernas”.
“La CNDH considera que el pronóstico de vida de la víctima es grave por las complicaciones derivadas de la inadecuada atención médica que le dejaron secuelas permanentes en la función deambulatoria, al amputársele ambas extremidades inferiores y obligándola a usar prótesis. Se hace notar que, si bien la amputación de extremidades se llevó a cabo para salvar la vida de la víctima ante el avance de la infección, este procedimiento aplicado fue resultado de una inadecuada atención médica, un diagnóstico deficiente e incompleto y de un inadecuado seguimiento de control, que permitieron el avance importante de la infección que pudo prevenirse”, asegura la Comisión.
Además de la reparación económica a la víctima y a su familia, la Comisión ha solicitado que la mujer tenga atención psicológica y psiquiátrica, y el servicio médico, de forma vitalicia, que requiera como consecuencia de la discapacidad permanente en la que ha derivado su estado. El IMSS ha señalado en un comunicado que se encuentra analizando la recomendación de la CNDH.
Las negligencias por parte de personal médico están a la orden del día. El primer día del mes en curso, la CNDH hizo otra recomendación al IMSS tras la queja de una mujer, en el Estado de San Luis Potosí, que en 2017 recibió un diagnóstico equivocado de cáncer y le fue comunicado que “moriría en seis meses”. Durante cinco años estuvo recibiendo un tratamiento muy agresivo para un tumor que, finalmente, no era cancerígeno.
