Boletines de la Fiscalía revictimizan mujeres y normalizan violencia, informa el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), dio a conocer los resultados del diagnóstico realizado a 352 boletines difundidos por la Fiscalía del Estado de julio a diciembre de 2020; el 45 por ciento de ellos aborda casos en los que las mujeres son víctimas de algún delito
Puebla / Daniel Cruz Cortes (Lado B).- La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ha intensificado la normalización de la violencia y revictimización de mujeres víctimas de uno o más delitos, con la difusión de boletines carentes de perspectiva de género; esta fue la conclusión del Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (Ovigem), tras analizar documentación emitida por esta institución estatal en un periodo de seis meses.
El organismo que forma parte del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado de Puebla (CCSJ) tomó como objeto de estudio 352 boletines difundidos por la FGE del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020 sobre casos relacionados a los delitos de homicidio, violencia familiar, robo, violación, secuestro, feminicidio, cateos y abuso sexual; una tercera parte refiere información relacionada a crímenes de violencia en razón de género.
La periodista Argentina Casanova apuntó que la violencia digital no se limita únicamente a lo sexual, este tipo de violencia se ejerce también cuando las personas responsables de la comunicación social de las instituciones públicas emplean un lenguaje misógino y sin perspectiva de género, aseguró en el foro convocado por el CCSJ.
La también escritora, originaria de Campeche, establece que las personas encargadas de la difusión de actividades en las instancias gubernamentales son personas servidoras públicas y forman parte del Estado mexicano, por lo tanto, tienen la obligación de salvaguardar los derechos humanos de todas las personas.
La redacción importa
De la totalidad de comunicados analizados por el Ovigem, se detectaron 160 boletines (equivalentes al 45 por ciento) que corresponden a informar sobre carpetas de investigación en los que las mujeres son víctimas del delito o potenciales víctimas de desaparición; en el 44 por ciento de ellos se ejerce un tratamiento inadecuado o tendencioso de la información.
De las 160 publicaciones, el 36 por ciento de los textos analizados están compuestos por un lenguaje que justifica la violencia ejercida hacia las víctimas. Por su parte, el 13 por ciento incluye detalles que son innecesarios y que contribuyen a una narrativa basada en el morbo; en un 1 por ciento se alude a roles de género tradicionales y en un 3 por ciento más se reproducen estereotipos de género.
Estos estereotipos son replicados con mayor frecuencia cuando se dan a conocer casos de sustracción de menores de edad. Se utilizan frases como “devolución de los hijos a sus madres” y se evita la utilización del nombre legal del delito.
De acuerdo con el Ovigem, los principales crímenes cometidos hacia mujeres, son: violencia familiar, violación, feminicidio, lesiones, homicidio, abuso sexual, secuestro, robo, trata de personas y sustracción de menores.
A propósito, la periodista Elizabeth Muñoz aseguró que la violencia se ha vuelto costumbre. Recordó, además, que los boletines son una herramienta de difusión gubernamental que se difunde en medios públicos y privados; por ello, su influencia mediática es mayor en la generación de la violencia de género.
Sentenció también que las áreas de comunicación social son corresponsables, junto con las instancias encargadas de impartir justicia y hacer cumplir las leyes, en los procesos de desaprendizaje de percepciones machistas, misóginas e insensibles que han sido replicadas en los medios de información a lo largo de los años.
Por esa razón, la consultora feminista propone una reconfiguración del lenguaje que se usa en la redacción de dichos informes, aunado a un cambio de actuar y pensar por parte de quienes forman parte de estos departamentos de difusión de información; además de la constante integración de instrumentos que prioricen la perspectiva de género.
Una metodología que pudiera ser adoptada por los departamentos de comunicación social, de acuerdo con Elizabeth Muñoz, podría ser la propuesta en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la cual forma parte de los esfuerzos de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) por garantizar la equidad y lograr el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo.
Para lograr este escenario equitativo, el documento fija una serie de objetivos enfocados en garantizar el acceso íntegro y sin censura de las mujeres a espacios de expresión de ideas y toma de decisiones; destruyendo concepciones estereotipadas y prejuiciosas sobre las responsabilidades que deben asumir las mujeres en los medios de información.
Encabezados que revictimizan
Sobre los 160 textos analizados que refieren casos de mujeres siendo víctimas o potenciales víctimas en la comisión de un delito, se detectó que el 56 por ciento de los títulos utilizados son considerados inadecuados. Es decir, abordan los temas sin perspectiva de género, se enfocan en farandulizar la violencia en contra de las mujeres y proveen datos ambiguos.
De ese total de titulares, el 26 por ciento minimiza los casos de violencia contra las mujeres, con frecuencia se omite el nombre del delito, se modifican los términos con el objetivo de priorizar los actos o detalles de la violencia ejercida o se asocia la carpeta de investigación solamente con el nombre de la víctima.
Se perjudica también a las víctimas cuando en los comunicados se equipara el término “prisión” con “prisión preventiva”. De los 160 informativos revisados, solo el 29 por ciento de las cabezas mencionaron la vinculación a proceso de una o más personas. De acuerdo con los investigadores Luis Arriaga Valenzuela y Simón Alejandro Hernández León, el auto de vinculación a proceso es la fase previa al juicio oral; durante este momento, las autoridades tienen la obligación de realizar las investigaciones correspondientes para la imputación o invalidación de un delito, pero no necesariamente simboliza una sentencia formalizada.
Por su parte, el 35 por ciento de comunicados tienen encabezados ambiguos o con información a medias. El Ovigem resalta aquellos casos en los que se establece que la FGE realizó las acciones pertinentes de aprehensión, sin establecer que se trata de medidas preventivas o cautelares. Al hacerlo, puede percibirse públicamente como el resultado definitivo de una sentencia condenatoria.
Una de las acciones menos comunes pero altamente graves, es la farandulización de la violencia en los encabezados. Como consecuencia, al menos un 8 por ciento de estos títulos inadecuados, contiene detalles innecesarios que intensifican la revictimización de las mujeres que fueron violentadas.
Recomendaciones
Con el objetivo de modificar la violencia sistemática en contra de mujeres ejercida por instituciones de impartición de justicia del Estado mexicano, el Ovigem emitió una serie de recomendaciones para la FGE.
Concretamente para el Área de Comunicación Social de dicha instancia se sugiere la adopción de un Código de Ética con perspectiva de género y derechos humanos, aunado a la capacitación constante de su personal en temas de comunicación social y DDHH.
Asimismo, se propone la creación de campañas que establezcan la violencia de género como un problema que afecta a la sociedad entera y resalten la importancia de realizar las denuncias correspondientes.
Respecto al manejo de información y redacción de títulos generados en las publicaciones de la FGE, se propone lo siguiente:
- Nombrar correctamente los delitos que se abordan.
- Utilizar el término “prisión preventiva” cuando se hayan determinado medidas cautelares en contra de la persona presuntamente responsable.
- Evitar expresiones innecesarias que responsabilicen a las víctimas de la violencia que vivieron.
- No emplear títulos que justifiquen o farandulicen la violencia contra las mujeres.
- Incorporar el uso de un lenguaje incluyente y no sexista.
Por último, la directora de Análisis de la Violencia de Género Mediática y General del CCSJ, Samantha Páez, aseguró que dichas recomendaciones ya fueron canalizadas a la FGE y aseguró que se obtuvo la voluntad de dicha dependencia para implementarlas a corto plazo.
