Vicenta Calizaya Quispe es integrante de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, una organización que defiende los derechos de las mujeres indígenas y campesinas contra los impactos destructivos de las industrias extractivas en Bolivia
Madrid / Gloria López.- Vicenta Calizaya Quispe es integrante de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT), una organización que defiende los derechos de las mujeres indígenas y campesinas contra los impactos destructivos de las industrias extractivas en las regiones de Oruro, La Paz y Potosí, en Bolivia. Está en Europa, participando en la Plataforma de Dublín de Front Line Defenders, que ha reunido a 120 defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo de más de 80 países del 2 al 4 de octubre en Dublín. AmecoPress la ha entrevistado.
“Cuando una empresa minera llega a nuestra comunidad, las mujeres somos las primeras que sufrimos el impacto” asegura esta luchadora que ve la violencia contra la “Madre Tierra” y la violencia contra las mujeres como formas interrelacionadas de opresión, y trabaja para exponer los impactos que las políticas de explotación y despojo y la violencia ambiental tienen sobre las mujeres.
“Los primeros impactos de la contaminación minera los sufrimos en nuestros cuerpos”, insiste. Las aguas dejan de ser transparentes, se oscurecen y amarillean, salan, y su contaminación envenena los campos y ganados, y hace que los niños, niñas, mujeres y hombres enfermen. No hay comida. No hay salud. Todo queda empobrecido en una guerra en la que parece que solo ganan ellas, las multinacionales, las empresas, el capital.
“La mayoría de las mujeres indígenas somos las responsables de los cultivos. La Tierra y las mujeres damos vida. Nosotras venimos del agua y el agua también vive en la Madre Tierra. Con esa contaminación nos dañan a ambas, nos quitan el agua. La Madre Tierra se está muriendo poco a poco con todo lo que está pasando alrededor del extractivismo”. Así resume Vicenta Calizaya Quispe lo que llaman “violencia medioambiental contra las mujeres”.
La defensora lleva cerca de tres años en el grupo RENAMAT desarrollando actividades de incidencia política, sensibilización y capacitación de las mujeres contra las violaciones de sus derechos sobre la tierra y los recursos naturales. Enfrenta al patriarcado no solo al luchar contra las empresas mineras, sino también dentro de sus comunidades. “Por ejemplo, no es fácil para nosotras hablar en las reuniones. Si una mujer quiere opinar y expresar lo que siente, la callan”, asegura. “Lo primero es que las empresas no quieren hablar con nosotras porque saben que nos vamos a oponer con fuerza a sus proyectos y vamos a defender la tierra y la vida”.
Primero, el vacío, el ninguneo. Las empresas buscan sus beneficios, a costa de la tierra y de las personas que habitan esos territorios. Las mujeres se oponen. La respuesta no tarda en llegar. “Entonces se dirigen a nosotras por la fuerza: nos acusan, nos difaman, nos amenazan, lo que nos pone en situaciones complicadas para nuestras familias”.
En Bolivia, como en tantos países de la región latinoamericana, las empresas “entran, presionan, actúan en nuestras comunidades con total libertad y nos despojan de nuestras tierras, el agua, todos nuestros recursos”, comparte la activista, “en muchas ocasiones no nos queda otra que migrar a las ciudades, totalmente empobrecidas”.
La impunidad de las empresas pone en peligro la vida de las activistas ambientales y de derechos humanos
La impunidad de las entidades que financian e impulsan los proyectos extractivistas es enorme. En muchos casos aseguran que siguen los principios rectores voluntarios de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, a pesar de la abrumadora evidencia de que sus proyectos no respetan los estándares internacionales. Por ese motivo, son numerosas las voces de organizaciones que reclaman normas jurídicamente vinculantes para que las empresas rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos y los daños ambientales que causan sus actividades. Como en tantos campos, los compromisos voluntarios claramente no funcionan.
Esta impunidad pone en peligro la vida de las activistas ambientales y de derechos humanos. Frente a esto, ellas se organizan. “Somos mujeres articuladas. Somos mujeres de 10 comunidades que nos hemos organizado, si alguna de nosotras sufre una agresión o cualquier situación de violencia, vamos a apoyarla, con una mujer pueden, pero si vamos todas…”
La lucha no queda ahí, en la defensa, en la reacción. Hacen labores de incidencia política y se cuidan. “Nos cuidamos en unas cholitas que tenemos. Y en esas cholitas hacemos videos, en los que denunciamos cómo las comunidades son cercadas y contaminadas. Luego enviamos esos videos a los medios de comunicación para visibilizar los problemas que tenemos. Si nos callamos, nadie sabe lo que está pasando”, resume Vicenta Calizaya Quispe, feliz de haber podido tejer alianzas con defensoras y defensores de otros países, consciente de que la raíz de conflictos que se expresan de modos y en lugares diferentes es la misma: “es un sistema basado en la ambición que solo se preocupa por la riqueza de unos pocos”.
“Lucho por mi comunidad y también pensando en las generaciones futuras. ¿Qué vamos a dejar? No tenemos agua, no tenemos terreno, no tenemos futuro…si seguimos así, los chicos no van a poder vivir. ¿Cómo vamos a dejarles este mundo?”, enfatiza. “Estamos en esta lucha para que en algún momento la violencia y el despojo pare, y para que las empresas se hagan responsables del daño que están causando…hay personas con metal pesado en sus cuerpos que mueren”.
“Todas juntas podemos cambiar el mundo”, concluye.
Fuente: AmecoPress
