Por Zhiri Jael Meza, Eva Avilés Gómez y Giselle Yáñez Villaseñor (@CMDPDH)
El 11 de octubre fue designado como el Día Internacional de la Niña por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2011. A diez años de esta importante fecha, hemos podido entender que no nos referimos a “la niña” en una forma singular, sino a “las niñas” en todas sus diversidades. Hablar de ellas necesariamente significa hablar de las múltiples formas de discriminación y violencia que enfrentan desde su más tierna infancia, sólo por el hecho de haber nacido con genitales femeninos, así como por la interpretación genérica de lo que se espera de ellas. Además, en muchos casos, aunada a la condición sexo-genérica, se suman otras condiciones de vulnerabilidad como pertenecer a algún grupo étnico, vivir en pobreza, tener alguna discapacidad, o ser una niña en contexto de movilidad humana, entre muchas otras. Las niñas no nacen vulnerables, no nacen para ser el “sexo débil”. Desafortunadamente, es el sistema patriarcal el que las coloca en situación de vulnerabilidad. Las niñas no llegan al mundo para ser víctimas, sino dueñas de sus vidas.
Ya desde 1995, en el contexto la Cuarta Conferencia de la Mujer y la Plataforma de Acción de Beijing, se plantearon 12 esferas de acción prioritarias para los derechos humanos de las mujeres. Una de estas acciones se refería precisamente a los derechos de “la niña”, es decir, desde hace 26 años, se identificaba la urgencia de que las niñas pudieran vivir libres de discriminación y violencia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los Estados, de las organizaciones de la sociedad civil y de los organismos internacionales como ONU Mujeres, la violencia y la discriminación contra las niñas en el mundo no cesan.
El panorama es desalentador para el crecimiento y desarrollo de las infancias, particularmente para las niñas. En México, hay alrededor de 15, 499, 725 niñas de acuerdo con datos de INEGI; muchas de ellas viven día a día el gran reto de sobrevivir ante la violencia feminicida que también las rodea e impacta. Ser niña en México conlleva muchos riesgos. De diciembre del 2018 a diciembre del 2020 han sido víctimas de feminicidio 150 niñas y adolescentes, esto sin considerar las cifras de homicidio doloso, culposo o suicidio que no fueron investigados ni tipificados como feminicidio. Es un delito a la alza, tan sólo de enero a junio del 2021, se reportaron 48 feminicidios de niñas en México. Cada número que se suma año con año, tiene el rostro de pequeñas con un presente y futuro que les fue arrebatado, por eso no podemos ni debemos olvidar casos como el de Fátima Cecilia (7 años) y los tres infanticidios sucedidos en los primeros tres meses del 2021, Wendy (16 años), Marisela (16 años) y Nicole (7 años), a quienes el Estado no pudo asegurar una infancia plena y libre de violencia.
Y es por ello que debemos volver al análisis de las concepciones patriarcales sobre las mujeres a quienes se les “cosifica” desde muy temprana edad, al verlas como cuerpos que deben agradar y complacer, como cuerpos al servicio del otro, cuerpos para someter. Por ejemplo, son las niñas quienes desde temprana edad deben atender las labores domésticas en sus hogares y quienes, en consecuencia, tienen menores oportunidades de llegar a niveles educativos superiores o de tener acceso a empleos mejor remunerados. Así, múltiples son las amenazas a la seguridad y la vida de las niñas, como la violencia sexual, la violencia feminicida y la trata de personas, organizada por redes transnacionales a las que las niñas migrantes se ven mayormente expuestas, sobretodo cuando viajan solas.
La migración, interna e internacional, de niñas y niños es creciente. Lejos quedaron los movimientos migratorios compuestos por adultos y por hombres. De hecho, de acuerdo al más reciente Informe de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), de los 272 millones de personas migrantes internacionales registradas en el mundo, el 48% son mujeres, porcentaje respecto del cual el 14% son niñas y adolescentes de 0 a 19 años:
Los desplazamientos forzados también son una constante para la niñez y adolescencia, quienes si bien constituyen un 30% de la población mundial, representan el 42% de todas las personas desplazadas por la fuerza tanto a nivel interno, como internacional; según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Las niñas y las adolescentes constituyen un 21% del total de personas desplazadas de manera forzada a nivel global.
Esta creciente movilidad también se ve reflejada en México, uno de los principales corredores migratorios en el mundo. Tan sólo durante el 2020, poco más de 11 mil menores fueron “presentados” ante la autoridad migratoria, de los cuales 2 mil 380 fueron niñas entre 0 a 11 años y 1 mil 660 fueron adolescentes de 12 a 17 años, de entre quienes 211 eran niñas no acompañadas. Aunque a primera vista estas cifras puedan parecer exiguas, deben analizarse a la luz de las restricciones internacionales de viaje derivadas de la pandemia y a las proyecciones de los flujos migratorios en los próximos años.
Las circunstancias y consecuencias de estos viajes suelen ser más difíciles y a sufrirse de manera desproporcionada por niñas y adolescentes, sobre todo cuando se migra de manera irregular: su invisibilidad, así como la posibilidad de ser detenidas por las autoridades y padecer las condiciones de detención; de ser cooptadas por redes de trata de personas o por el crimen organizado; de sufrir discriminación y violencia tanto física como sexual; y, la falta de acceso a servicios de salud que agrava su situación tanto en los lugares por los que transitan, como en su destino. Lo anterior, sin ahondar en las causas que motivaron su “expulsión” de los lugares de origen.
En cuanto hace a la trata de personas, de acuerdo al “Counter-Trafficking Data Collaborative”, en México la mayoría de víctimas de trata lo son principalmente con fines de explotación sexual (81.25%), seguida por explotación laboral (18.75%). Notablemente, la mayoría de las víctimas son menores de edad (62%) y del total de víctimas, el mayor porcentaje (73%) corresponde a mujeres, principalmente, mujeres mexicanas y guatemaltecas.
Además de la trata, la violencia sexual contra niñas y adolescentes tiene muchas manifestaciones, y una de ellas es la violación sexual y su vinculación con el embarazo. Según datos de CONAPO, en 2020 se registraron 373 mil 661 nacimientos de madres menores de 18 años, de los cuales 8 mil 876 fueron niñas entre los 12 y 14 años, ocupando México el primer lugar en embarazos adolescentes entre los países de la OCDE.
La violencia sexual reflejada en embarazos de las niñas y adolescentes tiene efectos devastadores. Solo por dar un ejemplo que dimensione la gravedad de estos hechos, conforme el Informe de la UNFPA “Consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes en México” tener un embarazo adolescente duplica el riesgo de muerte materna en menores de 19 años y lo cuadruplica en niñas de 15 años; un embarazo durante la infancia y adolescencia marca sus vidas, en muchos casos restringe el acceso a la educación y, por lo tanto, la oportunidad de encontrar mayores fuentes de trabajo, lo que orilla a las niñas que se han convertido en madres, a detener cualquier sueño o expectativa personal, sin poder llevar una vida adecuada a su edad.
La vida, la salud y la seguridad de las niñas en México siguen siendo una deuda del Estado, que parece estar lejos de mejorar. Por eso al referirnos a los embarazos en niñas es indispensable sostener que el Estado y la sociedad en su conjunto han fallado, porque esto embarazos son resultado de falta de educación sexual, de los tabúes conexos persistentes en la gran parte de las familias, de la cosificación de las niñas, de la violencia de género difusa en nuestro país, así como de la desprotección de los aparatos de justicia y de la recurrencia de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado en su contra. Por ello, el acceso al derecho de aborto, debería estar garantizado por el Estado, como ente garante de los derechos de los ciudadados libre de prejuicios religiosos y patriarcales, particularmente en el caso de las niñas que se ven obligadas a convertirse en madres.
Por otro lado, es fundamental, cuando nos referimos a las niñas, abandonar nuestra noción adultocéntrica sobre las niñas como “las mujeres del mañana”, ya que ellas son las humanas de ahora a quienes se les debe garantizar el goce de todos sus derechos humanos. No son mujeres chiquitas o mujeres en proceso, verlas desde esta versión adultacéntrica lacera sus derechos al negarle sus realidades como niñas del aquí y del ahora.
El primer paso para romper el ciclo estructural de vulnerabilidad, exclusión y violencia que viven, es garantizarles servicios educativos que les permitan desarrollar las herramientas para enfrentar los obstáculos de un mundo patriarcal. Proporcionarles escuelas y lugares de recreación seguros en los que puedan vivir infancias plenas, hacer accesibles el disfrute de todos sus derechos y promover en la sociedad un cambio de paradigma respecto a las mujeres de cualquier edad y condición, comenzando por las familias. Los posicionamientos públicos a favor de las niñas no bastan, los gobiernos deben tomar acciones urgentes para crear entornos donde puedan desarrollarse infancias felices.
Hoy nuestra voz se levanta por las niñas del ahora, aquellas para quienes urgen se rompa la impunidad en los miles de casos de violencia sexual y a las víctimas de los cientos de infanticidios; por las que deben abandonar sus juegos, hogares y escuelas para desplazarse a causa de la violencia y por las niñas que se enfrentan diariamente a la difícil realidad fuera de su países, en busca de una vida más segura y con mejores condiciones.
¡Por ninguna niña más a la que este sistema patriarcal le apague sus sueños!
Artículo publicado por Animal Político
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