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México: sólo 3 de cada 10 viviendas autoconstruidas son propiedad de mujeres


 

A pesar de que la participación de las mujeres en la autoconstrucción de vivienda ha aumentado en los últimos años, la brecha de género en la materia aún es amplia debido a limitaciones económicas y sociales, según especialistas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda del 2020, 27.4% de las viviendas con algún proceso de autoconstrucción son de hogares dirigidos por mujeres, con variaciones de entre 18.6% en Chiapas y 37% en la Ciudad de México.

Al respecto, el estudio “Vivienda para nosotras”, realizado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), destacó que la autoproducción es un proceso complejo, especialmente por factores institucionales y de seguimiento.

Sin embargo, en materia de género, estas problemáticas son incluso mayores, ya que “la visión sobre la participación de las mujeres y la importancia del trabajo de cuidados suele verse como accesoria, lo que desarticula la puesta en marcha de mecanismos para mejorar sus condiciones”.

Brecha económica

La autoconstrucción es un mecanismo que suele resolver el acceso a la vivienda para algunos segmentos de la población; en el caso de las mujeres, deben enfrentar la barrera económica, pues la brecha salarial impacta directamente en sus posibilidades de obtener un crédito y recaudar el ahorro suficiente para un hogar.

Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos por Hogar 2022 (ENIGH) arrojan que el ingreso trimestral promedio de los hogares con jefatura femenina en México fue de 19,081 pesos, mientras que el de los hogares con jefaturas masculinas fue de 29,285 pesos.

Asimismo, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi, 2018) indicó que sólo 35.6% de los financiamientos otorgados por los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis) y 31.6% de subsidios federales se otorgan a mujeres, en contraposición a 60% y 66.8%, respectivamente, para los hombres.

Algo similar sucede con el acceso a créditos de banca múltiple (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2022), aun cuando, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) las mujeres tienen una mayor participación en la fuerza laboral, existe una brecha en el acceso a sistemas de financiamiento.

“Para sostener los costos de construcción y gestión, los gastos del hogar deben de ajustarse y las mujeres suelen hacer esto ahorrando en el consumo cotidiano, así como aplicándose a jornadas parciales para aumentar los ingresos del hogar”, se lee en el estudio de la Sedatu.

Carga de trabajo 

La autoconstrucción se caracteriza por permitir cierta flexibilidad temporal, de recursos, algo que beneficia a mujeres y otros grupos vulnerables para acceder a la vivienda con sus propios ritmos. Pero, la informalidad a la que comúnmente está relacionada esta forma de producción provoca dificultades que implican procesos largos y complejos que resultan ser extenuantes.

En este sentido, el estudio afirma que la participación de las mujeres va más allá del apoyo en el trabajo de cuidados que, además de mantenerse activo durante el proceso de obra, se agregan actividades relacionadas con la adecuación de los espacios para permitir los trabajos, administración de los gastos familiares e, incluso, la gestión de permisos y recursos.

Zaida Muxí, arquitecta y urbanista especializada en temas de producción del espacio y perspectiva de género, enfatiza que existen ciertas ventajas sobre la autoconstrucción de la vivienda, aunque bajo el modelo actual, se sostiene en la precarización de las familias, por lo que sería necesario encontrar nuevos mecanismos que eviten aumentar la carga de trabajo.

“Es un exceso, tienen sus trabajos, tienen un montón de tareas y el tiempo de “descanso” lo deben dedicar a la construcción de su casa. Puede tener resultados positivos, pero también generar precariedad y desigualdades profundas. Si consideramos que la autoproducción es un sistema efectivo, habría qué ver cómo se hace para que no redunde en seguir explotando la vida de las personas”, afirmó la especialista.

 

Fuente: El Economista
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