Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Hoy, 28 de marzo, las integrantes de la Campaña Estatal por el Derecho al Aborto Legal en Chiapas manifestamos nuestro apoyo a nuestras compañeras de los estados de Hidalgo, SLP, EdoMex y Tlaxcala, en donde recientemente han sido presentadas propuestas de reforma de ley para la despenalización de la interrupción del embarazo; así mismo, recordamos nuevamente a nuestro Congreso local la necesidad de legislar a favor de la NO CRIMINALIZACIÓN de las mujeres por decidir sobre sus propios cuerpos.
El artículo 178 del Código Penal para el Estado de Chiapas, en el que se condena y criminaliza a las mujeres que interrumpen su embarazo, no tiene sustento científico, legal ni se corresponde con el principio de laicidad que establece nuestra Constitución Política; al mismo tiempo, contraviene lo establecido en el art. 183bis del mismo Código Penal, que establece que será considerado un delito limitar o vulnerar el derecho de las mujeres a decidir libre o voluntariamente sobre su función reproductiva, el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad segura, así como los servicios de atención prenatal y obstétrica de emergencia.
Desde la Campaña Estatal por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Chiapas nos parece que la legislación vigente está claramente redactada sin sustento científico y desde el privilegio y la soberbia masculinas que desconocen los pormenores de los procesos de nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. En un estado totalmente deficiente en educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos, en donde se liberan feminicidas, se esteriliza a las mujeres sin su permiso y también se nos criminaliza por abortos espontáneos, denunciamos que obligar a las mujeres a llevar a término un proceso que no desean es una medida fascista que vulnera nuestra libertad, autonomía y dignidad.
Externamos nuestro rechazo al aumento de la presencia de grupos religiosos en los medios masivos de comunicación (televisión y radio), mientras que temas de salud pública como el aborto quedan relegados a “no prioritarios”, en un país en el que cada día 30 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz, 80 mujeres y niñas sufren delitos sexuales y 9 son asesinadas.
Reprobamos la participación de la Iglesia en la vida pública y la legislación y nos manifestamos rotundamente a favor de que sean las organizaciones que luchan y defienden los derechos humanos y que trabajan para reducir la violencia y el abuso sexual infantil y hacia las mujeres, quienes reciban apoyo del Estado para incidir en la vida pública, las leyes y la educación. No sólo buscamos la descriminalización del aborto, también buscamos un fin definitivo a la violencia obstétrica y la esterilización forzada; exigimos que se garantize el acceso a todas las personas a la educación sexual integral desde la educación primaria.
Hoy accionamos en cuatro ciudades de nuestro estado, Coita, Suchiapa, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, para continuar en la exigencia del cumplimiento cabal de nuestros derechos.
Nuestros derechos no se consultan, no se negocian, no se criminalizan.
LAS MUJERES DECIDIMOS, EL ESTADO GARANTIZA, LA SOCIEDAD RESPETA Y LA IGLESIA NO INTERVIENE.
