A la falta de visibilidad de las comunidades indígenas se suma la discriminación, empezando desde los espacios escolares.
Por Jazmín Ramos (Ovigem)
Mi madre proviene de una comunidad indígena en la huasteca y pasó su juventud moviéndose de un estado a otro: desde Hidalgo, pasando por el entonces Distrito Federal hasta llegar a Veracruz y, finalmente, estableciéndose en la sierra norte de Puebla, donde mi hermana y yo crecimos. Se desempeñó como trabajadora del hogar, porque era lo que había aprendido en su niñez y adolescencia, pues sobra decir que no tuvo acceso a alfabetización alguna; fue hasta casi llegados sus treinta años que aprendió a leer y escribir.
Me di cuenta tempranamente de lo difícil que fue para ella sobrevivir en un mundo tan diferente al suyo, y es que en México las barreras raciales y lingüísticas siempre hacen la diferencia. Una mujer indígena, hablante de lengua náhuatl (que es, dicho sea de paso, la lengua indígena con más hablantes en el país) y sin acceso a la educación estuvo tan indefensa ante las injusticias que, poco a poco se volvió alguien que desconfiaba de todos los que la rodeaban. En Ää: Manifiestos Sobre La Diversidad Lingüística (2020), Yásnaya Aguilar nos habla de esta invisibilización de la que son objeto quienes hablan alguna lengua indígena, a pesar de representar una gran porción de la población mexicana:
[…] aún encuentro frecuentemente a personas que se sorprenden de saber que el maya no solo se hablaba en la época prehispánica o de que las otras lenguas no son solo dialectos. Es sorprendente, por lo menos, que la mayoría de las personas no conozcan al menos el nombre de las lenguas que se hablan en su país o en su estado […]
Y es que, como bien nos dice la autora, la censura no solo la enfrentan quienes hablan la lengua, pues no se les proporcionan espacios de expresión adecuados, sino también quienes siguen sin saber de la existencia de las lenguas, sus hablantes y necesidades. La invisibilización es el comienzo de una larga cadena, en la que siguen la discriminación y la segregación, males que se siguen perpetuando en nuestro país.
La invisibilización ocurre, por ejemplo, cuando al haber 11 millones 800 mil 247 personas indígenas en México y de las cuales 6 millones 24 mil 762 son mujeres, según el Censo 2020, existe una nula representación de este grupo poblacional en los medios de comunicación y, cuando la hay, es totalmente discriminatoria. Asimismo, existen pocos productos comunicativos en las distintas lenguas, ni siquiera en las más comunes, que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), serían: náhuatl (1 millón, 725 mil, 620), MaayatꞋaan (maya) (859 mil, 607), BatsꞋil kꞋop Tseltal (556 mil, 720), TuꞋun Savi (mixteco) (517 mil, 665) y BatsꞋi kꞋop Tsotsil (487 mil, 898).
A la falta de visibilidad de las comunidades indígenas se suma la discriminación, empezando desde los espacios escolares. Un ejemplo de ello es que, en el año 2016, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) presentaron un informe sobre el estado actual de la educación en población indígena y afrodescendiente, de este se obtuvieron algunos datos interesantes:
En el ciclo escolar 2016-2017, 9.5% de las escuelas indígenas de preescolar no contaba con docentes que hablaran una de las lenguas maternas de la comunidad. Chiapas representó la proporción más alta (21.7%).
Las mujeres de las poblaciones indígenas, hablantes de lengua indígena y monolingües tuvieron un nivel de asistencia escolar menor al de los hombres, dicha diferencia se acentúa a partir de los 12 años. En contraste, a nivel nacional, las mujeres asisten en mayor número a la escuela que los hombres.
En comparación con las primarias, en los planteles preescolares indígenas hay 12% más de probabilidad de carecer de docentes que domine la lengua materna de la localidad.
Es importante apuntar que estos estudios no se han focalizado en comunidades donde el porcentaje de hablantes de español o hablantes bilingües es mínimo, pues gran parte de las escuelas multiculturales siguen dando prioridad al aprendizaje del español. De igual forma, no hay centros de educación superior que enseñen a sus alumnos en lengua indígena, por lo que quienes deseen seguir con sus estudios deben aprender otra lengua. Así, las escuelas bilingües son solamente un paso, “mientras aprendes español y entras al sistema”.
El INEE, en el estudio La educación multigrado en México, refirió que el personal docente (o el profesorado) carece de una formación adecuada para fungir dentro de estos espacios; la mayoría del personal desconoce la lengua y cultura del lugar en el que trabajan, además de que deben administrar los espacios, pues no cuentan con apoyo suficiente; tienen que trabajar con poco material, lo que les impide realizar ciertas actividades, enfocadas al aprendizaje de algunos tópicos; pero lo que es realmente importante es que no se les forma teniendo en cuenta estas limitaciones, pues su educación está encaminada a servir en escuelas públicas donde se habla español.
Yásnaya Aguilar nos habla sobre este enfoque en el que el bilingüismo lengua indígena-español se visualiza como malo, mientras que el bilingüismo inglés-español, posee un estatus que lo establece como algo deseable. La inseguridad que sienten las personas indígenas de utilizar su lengua en contextos fuera de la familia o comunidades de hablantes (debido, por supuesto a la discriminación) explica el abandono de la lengua en pos del español.
Mi madre y yo siempre hemos vivido juntas, al menos hasta que me mudé a la ciudad de Puebla para estudiar en la universidad, pero no fue sino hasta la secundaria que noté que ella es hablante de una lengua indígena, ya que jamás la utilizó ni nos la enseñó, para evitarnos a mi hermana y a mí la discriminación que ella experimentó. Este patrón se repite en las más de 6 millones de mujeres hablantes de lengua indígena a lo largo del país y es que, si bien es cierto que se han hecho avances importantes en materia de políticas lingüísticas en México, todavía falta mucho por hacer.
¿Pero qué pasa si aceptamos la multiculturalidad? Hasta hace unos años, niñas y niños de la comunidad donde mi madre creció parecían no tener avances en su educación, pues no entendían a sus profesoras y profesores. Tras un cambio sustancial, la escuela comenzó a enseñar en náhuatl y el español pasó a ser tratada como una segunda lengua, que se aprende durante una clase a la que se le dedica cierta cantidad de horas semanales. Este enfoque brindó muchas posibilidades: la primera es que la comunidad aceptó su lengua como valiosa y por tanto sigue utilizándola en contextos “formales” y fuera de la dinámica familiar; la segunda es que los niños no se sintieron forzados a aprender el español, pues son capaces de recibir información en su propia lengua, lo cual es un derecho humano primordial. Esto último se manifiesta en una mayor confianza en el aprendizaje, pues cada vez más familias mandan a sus hijas e hijos a la escuela.
La educación es uno de los tantos casos donde no se toma en cuenta la parte lingüística, pero existen muchos ámbitos más, por ejemplo: los servicios básicos de salud, acceso al ámbito político y, por supuesto, el acceso a la justicia. Muchos procesos judiciales tienen lugar sin antes conseguir traductores, además de que estos en ocasiones conocen la lengua, pero no la cultura de las personas indígenas. Como ya dije las y los habitantes del país tienen derecho a recibir información en su lengua, negarse a proporcionarla es una violación a los derechos humanos.
En adición, es importante recordar que los hombres y mujeres de pueblos indígenas tienen sus propias leyes, además de la que proporciona el Estado; así, en el Informe Sombra para el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, se apunta: “ellas (las mujeres indígenas) deben poder elegir la justicia que responde mejor a sus necesidades para la solución de sus conflictos: ya sea la justicia indígena o la justicia estatal” (p.3). El mismo informe nos dice:
El Estado está obligado a garantizar el derecho de acceso a la justicia de las mujeres indígenas, en igualdad ante la ley, desde una perspectiva intercultural y de género. Esto incluye garantizar la conservación y el fortalecimiento de la justicia indígena, en un marco de respeto al derecho al autogobierno y autodeterminación de los pueblos originarios
La existencia de la justicia indígena ofrece la ventaja de que las autoridades hablan la misma lengua de las víctimas, por lo que prueba ser más confiable. Un estudio realizado por EQUIS Justicia para las Mujeres apunta a que el 70% de las mujeres que acude ante la autoridad de su comunidad, lo hace para denunciar violencia de género (especialmente violencia por parte de sus parejas), datos que demuestran la confianza que depositan en las autoridades comunitarias. Asimismo, la principal razón por la que las mujeres deciden no acudir a la justicia estatal es que desconocen su existencia, es decir, no tienen acceso a información relacionada con sus derechos, órganos de apoyo, procedimientos legales, etc.
El camino por recorrer en este sentido es muy largo, porque existen lenguas indígenas que carecen de sistema escrito, es decir, hay personas que no saben leer ni escribir en su lengua; además debe reconocerse que el trabajo lingüístico no es una responsabilidad exclusiva de aquellos que se dedican al estudio de las lenguas, sino del Estado mismo.
En caso de que las mujeres indígenas decidan acudir ante la justicia estatal, existe otro problema: la falta de traductores. El senador Casimiro Méndez evidenció la disparidad existente entre la cantidad de intérpretes y población indígena, pues se sabe que “existen aproximadamente 1,649 intérpretes acreditados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en todo el país. Y de acuerdo con el Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México, el cuerpo de defensores públicos bilingües de México solamente cuenta con 25 integrantes.
La situación actual de las mujeres indígenas en el país, como vemos, es un tópico al que debemos prestar atención: se les debe formar en su lengua, deben tener acceso a información sobre sus derechos y procedimientos legales primordiales y, deben contar con autoridades formadas en materia judicial, lingüística y de género. Esto último aplica a las autoridades internas a las comunidades, que fungen sin conocimiento de acción a nivel estatal o nacional.
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomienda que las mujeres indígenas sean incluidas en procesos relacionados con sus derechos individuales, pero tomando en cuenta su vida en comunidad, al igual que su cultura. Esta inclusión debe darse teniendo en cuenta que, si bien el estado da cierta autonomía a los pueblos indígenas, esto no lo libera de sus responsabilidades para con sus habitantes. Debe promoverse una visión holística que permita defender a las mujeres de todas aquellas formas de violencia que pueden tener lugar en su comunidad.
