Obligar a una mujer a continuar con un embarazo que no desea o que no puede sobrellevar es violar sus derechos humanos e, incluso, una tortura a su cuerpo, advierten activistas, especialistas e instituciones como la ONU
“Morras” y legisladoras por despenalizar el aborto
Ciudad de México / Blanca Juárez y Renata Turrent (Revista Regeneración).- Hace cinco años estaba embarazada y no deseaba ser madre. A sus 21 años Isamar Fonseca Eslava tenía claro que iba a abortar. Si era legal o si alguien se lo permitiría no habría de ser su principal obstáculo. Lo urgente era cómo acceder a él.
“Las morras vemos la forma de conseguir una pastilla, un té o un doctor, que suele cobrar un chingo de varo, al menos para nuestras posibilidades, y además en un lugar insalubre”, cuenta en entrevista. Pero no tiene que ser así, clandestino y de manera criminalizada, dice Adriana Bustamante Castellanos, diputada local de Chiapas por Morena.
En México mueren más de 90 mujeres al año por abortos clandestinos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Instituto Guttmacher. Otras miles sufren graves da-ños a su salud por estas prácticas. Obligar a una mujer que continúe con un embarazo que no deseó o no puede sobrellevar es violar sus derechos humanos, señalan instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Es incluso una tortura a su cuerpo, según la activista Araceli González Saavedra.
Oaxaca y la CDMX, la avanzada Con excepción de la Ciudad de México y recientemente el estado de Oaxaca, la interrupción voluntaria del embarazo en este país es ilegal. En el Código Penal Federal se le considera un delito con una pena de hasta cinco años de prisión. Las excepciones: que el aborto haya sido natural, que la vida de la mujer peligre o que haya sido violada. Este último motivo está protegido por la NOM-046-SSA2-2005, la cual estipula que se debe realizar el aborto a cualquier niña a partir de 12 años o a una mujer sin mayor trámite que informar, bajo protesta de decir verdad, que fue violada. En algunas entidades existen otras causas por las que es permitido. Por ejemplo, alteraciones congénitas del producto, inseminación artificial no consentida o incluso razones económicas.
A pesar de que en esos casos la ley admite la interrupción del embarazo, no se traduce en que mujeres y niñas puedan siempre ejercer ese derecho. Según el Centro las Libres, de 2000 a 2017 casi 4 mil mujeres fueron criminalizadas por abortar y, actualmente, 200 de ellas están presas.
Para Isamar Fonseca “la discusión se queda muy corta si nos referimos sólo a la legalidad o a un asunto sanitario”. Una parte de la sociedad y del sistema de salud “sigue condenando a quienes no queremos tener una maternidad obligada”, apunta. La romantización de la maternidad le ha hecho mucho daño a las mujeres, sostiene la diputada Adriana Bustamante. Esta romantización no incluye la enorme responsabilidad de la crianza, que una joven o una niña no pueden asumir. Además, “muchas mujeres no tienen las condiciones materiales ni de salud para enfrentar un embarazo no deseado”. El aborto, entonces, también tiene que ver con maternidades deseadas, agrega.
“Cuando es así hay menos probabilidades de abandono o de violencia hacia la infancia”. Y no sólo de la madre, sino de una sociedad que les exige a las mujeres engendrar y luego las deja solas a ellas y a sus hijas e hijos, han planteado otras especialistas.
“Ellas no son delincuentes”
Después de abortar en la Ciudad de México, Isamar Fonseca sintió que volvía a ser ella misma. “No deseaba ser madre. En ese momento, en ese estado, no era yo”, recuerda. Sin embargo, sí cambió algo en su vida: se convirtió en activista.
La joven, ahora de 26 años, regresó a Huauchinango, Puebla, su pueblo natal. Desde entonces acompaña a otras mujeres que quieren o necesitan abortar. “Apuesto por el acompañamiento”, que no es sólo una acción de cuidado, sino un acto político, explica.
La lucha de las mujeres por sus derechos sexuales y reproductivos es una lucha histórica. En los últimos años ha tomado mayor fuerza en México gracias a que muchas han salido a las calles a exigirlos, dice la diputada local Adriana Bustamante. Pero también gracias a que cada vez hay más mujeres en cargos de poder, “quienes impulsamos una agenda por la progresividad de esos derechos”. Es decir, una vez que la ciudadanía logró el reconocimiento de un derecho, éste no puede retroceder. Al contrario, se debe avanzar aún más para tener una vida mejor.
La legisladora, al igual que compañeras en otros estados, presentó una iniciativa en el Congreso chiapaneco para despenalizar el aborto. “No estamos invitando a las mujeres a abortar. Muchas se ven obligadas a hacerlo en la clandestinidad, arriesgando sus vidas. Ellas no son delincuentes”, subraya.
Según la diputada, el principal reto para despenalizar el aborto en México es el lastre que han dejado “demasiados años de una ideología conservadora. Incluso dentro del gobierno de izquierda o progresista hay muchas personas que actúan regidas por dogmas religiosos”. Es por eso que propone un debate basado en los derechos humanos. Si bien la gente tiene derecho a profesar una religión, “se debe diferenciar a la Constitución de la Biblia, legislar en artículos y no en versículos”.
Eso, más una educación sexual y reproductiva adecuada, protegería la vida de las mujeres. “A mayor información, menos embarazos no deseados y menos probabilidades de abortos”
