Fátima Gamboa Estrella, Codirectora ejecutiva de EQUIS. Justicia para las Mujeres e integrante de la red nacional de abogadas indígenas.
Los procesos de designación están llamados a repensarse desde principios y valores, como la democracia, la igualdad, la inclusión, la transparencia, la participación ciudadana y, por supuesto, la pluriculturalidad. Es importante cuidar estos procesos para proteger nuestra justicia de intereses partidistas, económicos o grupos de poder que pretenden seguir perpetuando privilegios sobre la base de la injusticia.
Desde su nacimiento en el año de 1825, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha estado liderada y compuesta principalmente por hombres. Tuvieron que pasar 136 años para que una mujer ocupara, por primera vez, el cargo máximo de SCJN en México. La primera ministra de la SCJN fue María Cristina Salmorán en 1961.
Según los registros de la SCJN, de más de 470 designaciones en este órgano jurisdiccional colegiado, únicamente 13 han sido ministras. ¿Qué significa esto? Que solo el 2.73% de las personas designadas al cargo máximo para la impartición de justicia en México son mujeres.
Actualmente de 11 integrantes de la SCJN, únicamente 3 son ministras. ¿Qué nos dicen estos números? Pues nada nuevo. Lo que las mujeres y movimientos feministas venimos denunciando desde hace años: que las estructuras judiciales son, en origen, estructura, funcionamiento y composición, eminentemente patriarcales. El máximo tribunal de justicia encargado de garantizar los derechos humanos y la igualdad no es la excepción cuando se composición y disparidad se trata.
Pronto se designará a una persona para ocupar el cargo máximo de la SCJN, aunque la Constitución establece la obligación de paridad de género en la integración de los órganos de justicia (artículo 94 constitucional), no hace referencia explícitamente al proceso de designación de los integrantes de la SCJN.
Sin embargo, el artículo 1.º de la Constitución establece la obligación de todas las autoridades de garantizar la igualdad y la no discriminación por motivos de género. A partir de este artículo, la CEDAW establece una serie de obligaciones que el Estado mexicano debe tomar en cuenta, como las medidas afirmativas para acelerar la igualdad real entre hombres y mujeres, reducir las brechas en el acceso a los derechos y oportunidades.
Por la historia de exclusión, lo justo sería lanzar una terna compuesta únicamente por mujeres. Y garantizar así la designación de una mujer como ministra. Queremos que sea ministra. Esto sería un paso importante para instrumentalizar la paridad de género y así reducir la brecha de participación de las mujeres en la vida pública, política y judicial del país.
Que sólo el 2.73% de las personas designadas al cargo máximo para la impartición de justicia en México hayan sido mujeres es una evidencia de la discriminación estructural institucionalizada para acceder a los puestos de poder y tomas de decisión en condiciones de igualdad. De tal manera que el proceso de designación y el resultado en la integración han excluido las mujeres de participar como ministras en la SCJN, en condiciones de igualdad, durante los casi 200 años de su existencia.
En los procesos de designación actuales contamos con requisitos como la buena fama o reputación, que no son conceptos medibles y resultan confusos y abstractos. Y lo más peligroso es que, en la práctica, estos conceptos se traducen en la validación patriarcal entre hombres que detentan el poder. Lo importante no es la buena fama, sino tener posibilidad de evaluar el trabajo y el desempeño de las y los profesionales de justicia en base a los derechos humanos y la transparencia de su trabajo. Necesitamos que el requisito se centre en su desempeño e imparcialidad y no en una red de contactos y amiguismo que perpetúa las malas prácticas en el sistema judicial de nuestro país.
Por otro lado, el actual procedimiento de designación permite que, si el Senado rechaza en dos ocasiones la terna presentada por el presidente de la República, éste pueda finalmente realizar la designación de manera directa y unilateral al cargo máximo de la SCJN (artículo 96 constitucional).
Asimismo, hoy en día, este proceso de designación no cuenta con mecanismos efectivos de participación ciudadana, ni para proponer a candidatos, ni para evaluar la idoneidad de los perfiles. Tampoco cuenta con recursos administrativos y/o judiciales para impugnar las designaciones que pongan en peligro la independencia judicial.
Lo peor es que el proceso de designación de la SCJN no es la excepción, si se analiza lo que sucede en las entidades federativas, el 93.75% de los poderes judiciales no realizan procesos de designación y ratificación públicos, participativos y con procesos de evaluación con base su desempeño (Datos de Equis Justicia para las Mujeres, A. C).
La buena noticia es que algunos Poderes Judiciales locales tienen procesos y elementos que apuntan hacia una nueva forma de pensar las designaciones y la independencia judicial con base ciudadana. Debemos poner atención a estos casos para pensar la justicia desde un prisma de transparencia y participación. Coahuila, por ejemplo, publica y difunde la convocatoria para las magistraturas; Tamaulipas y Jalisco cuentan con mecanismos de participación ciudadana; Chiapas y Oaxaca evalúan el desempeño o conocimientos de su personal, entre otras prácticas.
Así, algunos poderes judiciales locales incorporan elementos de transparencia y participación que el proceso de designación del más alto cargo de la SCJN no tiene.
Desde Equis Justicia para las Mujeres estamos convencidas que defender la independencia judicial es defender nuestra justicia, no hay independencia judicial si no partimos de una base ciudadana.
Como decíamos al inicio, los procesos de designación están llamados a repensarse desde principios y valores, como la democracia, la igualdad, la inclusión, transparencia, participación ciudadana y por supuesto, la pluriculturalidad. Por eso queremos procesos que protejan nuestra justicia de intereses partidistas, económicos o grupos de poder que pretenden seguir perpetuando privilegios sobre la base de la injusticia.
Desde este lugar, además de exigir más mujeres en la SCJN, también queremos poner sobre la mesa la diversidad como parámetro a la hora de medir las paridades. Queremos que sea ministra, y también queremos que las próximas ministras sean indígenas, bisexuales, lesbianas, trans, migrantes, con diversidad funcional, etc. Queremos que la SCJN y los puestos de mayor poder del Estado mexicano sean el reflejo de la composición y diversidad de la sociedad mexicana.
Artículo publicado en Nexos
