Fotografía tomada del documento “Derechos de las poblaciones callejeras”
México / Jazmín Ramos (Ovigem).- Hace unos días, de camino al supermercado, una mujer subió a la combi en la que yo viajaba. Su apariencia descuidada hizo que todos guardaran silencio; yo, al igual que siempre, llevaba los auriculares puestos, pero, por alguna razón, ella se acercó a mí y comenzó a platicarme de su familia, de sus zapatos favoritos y del lugar donde vivía.
No tenía que ser una gran detective para saber que aquella mujer vivía en la calle, mucho menos para percatarme de la incomodidad que su presencia causó en las cerca de 10 personas que viajaban conmigo.
Cuando la vi, me acordé también de la mujer que recolectaba basura en la colonia en la que crecí; mi mamá solía comprarle zapatos, porque sabía que su situación iba más allá de su propio entendimiento. Tal vez eso es lo que todas las personas deberíamos comprender y, de alguna manera, podríamos trabajar sobre el problema.
Actualmente se sabe que no existen legislaciones que garanticen los derechos humanos de las poblaciones en situación de calle. Sus principales problemas tienen que ver con la falta de documentación oficial que los acredite como parte de la población del país, pero una cosa es real, estas personas existen y tienen tantas necesidades como cualquier otra.
En las calles conviven poblaciones que abarcan todos los grupos etarios, desde niños y niñas hasta personas de la tercera edad, quienes viven en condiciones de precariedad, dentro de un sistema que también tiene sus reglas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) nos dice que estas personas “[…] son rechazadas en actividades laborales formales ante la falta de documentación o educación, y pueden verse vulnerables ante violencia física, emocional, psicológica y sexual por parte de sus pares, familiares o autoridades, con pocas probabilidades de denuncias ante ello”.
La situación de las mujeres que viven en la calle es especialmente alarmante, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Social: en el año 2018 solo en la Ciudad de México había alrededor de 670 mujeres en situación de calle, lo cual representa una cuarta parte del total. Por su parte, el Diagnóstico Situacional de las Poblaciones Callejeras 2017-2018, realizado en la Ciudad de México, mostró que el total de personas integrantes de las poblaciones callejeras ascendió a 6 mil 754 de las cuales 4 mil 354 habitaban en el espacio público y 2 mil 400 en albergues públicos y privados; de estos, el 87.27% corresponde al género masculino y el 12.73% al género femenino. El 11.29% de estas mujeres tenía entre 18 y 59 años.
La situación en la capital del país ha ido empeorando debido a la implementación de la llamada “limpieza social”, que consiste en el desalojo o reubicación de las poblaciones que habitan en espacios públicos. Las justificaciones se relacionan con la imagen general de la ciudad y, especialmente ( según mi perspectiva) a la intervención de cierto grupo privilegiado de personas, quienes se conforman con mover el problema lejos de su vista.
El asunto va más allá, porque la implementación de estos programas tienen muy poco sustento legal, aún así, siguen adelante; la violación de los derechos humanos de la gente en situación de calle es una constante, pero no hay quien les defienda: parece como si no existieran.
Organizaciones como El Caracol han documentado casos de violencia policial, negación de acceso a la salud y, separación forzada de las infancias; remarco esto último porque parecemos olvidar que las mujeres en situación de calle también se embarazan y tienen hijas e hijos y, por lo tanto, son doblemente vulnerables. Muchas de ellas sufren violencia sexual, pero las autoridades y la sociedad en general las revictimiza por vivir en la calle. “Son signadas como ‘malas mujeres’: adictas empedernidas, no aptas para ser madres, irresponsables, promiscuas, ignorantes, peligrosas, criminales, incapaces de tomar decisiones, o bien que suelen tomar malas decisiones (…)” (CNDH, 2019).
Las niñas que nacen en una familia sin hogar tienden a crecer sin acceso a los derechos humanos básicos, además, muchas de ellas son explotadas de maneras que sus pares hombres no, algunas transitan por ocupaciones que van desde pedir dinero a los transeúntes, vender dulces (cigarros o droga también) y en algún momento pueden llegar hasta el trabajo sexual.
Este es el panorama habitual, pero, ¿qué ocurre en situaciones como la que vivimos actualmente? El Observatorio Género y Covid-19 en México señala:
Las mujeres de población callejera viven de manera compleja la pandemia, ya que no tienen acceso al agua, los servicios sanitarios son limitados y no tienen posibilidad de contar con toallas sanitarias o espacios para bañarse. Además, el cuidado de las y los niños, así como las personas enfermas o mayores, depende de ellas casi en su totalidad.
Con la llegada del Covid, el número de empleos no formales, que son aquellos a los que pueden acceder las personas en situación de calle, ha disminuido. Además, no existe un registro del número de casos positivos dentro de estas poblaciones; su acceso a la información también es mínimo y, ni hablar de la posibilidad de vacunarse si no cuentan con documentación oficial.
En 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y El Caracol A.C. realizaron el Diagnóstico sobre el ejercicio de los derechos humanos y las políticas públicas disponibles para mujeres que constituyen la población callejera, donde presentan los resultados de diversas encuestas implementadas en 5 ciudades del país: Ciudad de México, Puebla, Tijuana, Guadalajara y Acapulco. La muestra constó de 58 mujeres, a quienes se les preguntó sobre su acceso a derechos básicos; de ello se obtuvieron los siguientes resultados:
- Una de cada cuatro mujeres en situación de calle no cuenta con algún documento de identidad y, si cuentan con alguno, generalmente es provisto por asociaciones civiles o el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).
- Alrededor del 22% de las encuestadas no sabe leer ni escribir.
- 50% de las mujeres encuestadas no tienen trabajo.
- Las ocupaciones más recurrentes fueron: trabajo manual en la vía pública, comercio en vía pública y limpieza.
- Alrededor del 58.6% de las encuestadas no tiene acceso a ningún programa de salud.
- El 29% reportó haber sufrido violencia en la vía pública; el 31% en sus hogares, el 7% por parte de instituciones de gobierno.
- El 33% de la muestra dijo haber sufrido abuso durante la infancia, 26% en la adolescencia, 24% en la juventud y 17% en la adultez.
- Algunos casos de violencia recurrentes se relacionan a la prohibición de trabajar, desalojo, amedrentamiento, humillación, extorsión, separación de infancias, entre muchos otros.
- El 43% de las mujeres que denunciaron algún delito ante las autoridades correspondientes, no recibieron información o resolución alguna.
- Las principales razones para no denunciar son: miedo, desconocimiento, revictimización y falta de confianza en que alguien les crea.
