Kyra Núñez de León, tuxtleca de nacimiento, es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM con maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Ginebra. Trabajó de corresponsal en el extranjero para medios nacionales como La Jornada, regresando a Chiapas en 2015 donde hace periodismo en El Sol de Chiapas y en medios informativos feministas. Escritora, tiene varios títulos publicados, como Mujeres en Vietnam, Jerigonza y el más reciente Rostros y Rastros de una Leyenda: Gertrude Duby Blom. Es Medalla Rosario Castellanos 2012. Actualmente es Consejera Consultiva 2018-2022 del Instituto Nacional de las Mujeres.
Cotidianas | Kyra Núñez (Consejera Consultiva – INMUJERES)
El decreto sobre el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 13 de abril y que entra en vigor este martes 14 de abril, ha sido recibido con beneplácito por numerosas organizaciones de la sociedad civil y se expresa que toca ahora a los estados de la república mexicana el armonizar dicho decreto en sus propias legislaciones estatales.
Las comisiones de género de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, impulsoras de este decreto, han recibido igualmente muchas felicitaciones por el trabajo intenso y constante al que se dedicaron para responder a la demanda de las mexicanas.
Lo que procede es exactamente la armonización de este decreto con las legislaciones estatales; Chiapas, cuya experiencia no deja de ser de importancia y no meramente de referencia histórica, en cuanto a la denuncia de delitos tales y el acompañamiento a mujeres cuyos derechos políticos han sido violentados, bien puede ser el primero de quienes lo hagan. Hay mucho trabajo hecho, su decisión de aprobar en primer lugar la ley de paridad federal, mostró que es campo fértil para ser el primer estado en armonizar sus legislaciones, si tan solo se da la voluntad política. El H. Congreso del Estado de Chiapas ha recibido numerosas peticiones para que se pronuncie a favor de decretar dicha violencia que es un precedente negativo en el campo de la política-electoral en el estado, mucho más visiblemente desde las elecciones de 2015 a la fecha.
El decreto reforma y adiciona disposiciones en ocho instrumentos jurídicos: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de las Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (para consulta: OECED977-AB15-458F-96F0-692900C463A3.pdf (pag.1-13).
Se resalta la reforma el artículo 36, primer párrafo, y se adicionan un Capítulo IV Bis, denominado “De la Violencia Política” al Título II, compuesto por los artículos 20 Bis y 20 Ter; un segundo párrafo al artículo 27; una fracción XIV al artículo 36; una Sección Décima Bis, denominada “Del Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales” al Capítulo III del Título III, compuesta por el artículo 48 Bis, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, firmó dicho decreto el pasado 10 de abril de 2020.
