En Baja California Sur más de 156 mil mujeres han sido víctimas de actos violentos y discriminatorios alguna vez en su vida, lo que representa el 55% de la población entre 15 años y más.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), a partir de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 —la más reciente en su tipo—, en 58% de los casos la violencia llega a ser severa y muy severa.
A ello se suma que casi 44 mil mujeres fueron sometidas a algún tipo de intimidación, hostigamiento o abuso sexual.
El gobierno del estado asegura que se trabaja en el tema, y frente a ello en 2017, con una inversión de 17 millones de pesos construyó el Centro de Justicia para Mujeres, que cuenta con un área de Trabajo Social, área lúdica, lactancia, área de trabajo para instituciones gubernamentales, Ministerio Público de Atención Inmediata, además de un albergue que resguarda a las mujeres en situación de violencia por 72 horas.
La subprocuradora de Atención a Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia, Astrid Valeria Rojas Pérez, presume que en los años de operación del centro han otorgado algún servicio a casi 5 mil 500 mujeres.
Sin embargo, la percepción de las víctimas y de especialistas es diferente, coinciden que pese a las acciones e infraestructura reciente, las mujeres siguen enfrentando, además de la experiencia amarga de violencia, “trámites engorrosos, tardados y que desmotivan”. No se atreven a denunciar la violencia que enfrentan o desisten en el camino.
La investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur(UABCS), especialista en violencia género, señala que la situación de violencia generalizada en la entidad ocurre además en un contexto de impunidad y corrupción, un sistema de impartición y procuración de justicia “lento y rezagado incluso con pobres avances en la armonización en materia de derechos humanos”.
Agrega que las dos principales razones por las que las personas no denuncian un delito son la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad.
No había quien la atendiera
Miriam Armenta llegó al Centro de Justicia Penal a exponer su caso. No era la primera ocasión que su pareja la amenazaba; sin embargo, era la primera vez que se decidía a denunciar. Tenía miedo. No tiene familia en La Paz.
Se llenó de valor y acudió al Centro de Justicia. En la recepción le dijeron que debía esperar porque la persona que la atendería no se encontraba. Allí se quedó. Después de pasar varias horas, cuenta que no sabe si volverá.
Para las hermanas Maribel y Evelyn —de 24 y 19 años, respectivamente—, quienes abandonaron sus hogares al ser víctimas de violencia de parte de sus parejas, el centro no ha cumplido con su función. A Maribel le dijeron que por haberse salido del domicilio, ya no le correspondía presentar su denuncia allí, sino que debía acudir Centro de Justicia Penal y denunciar por “lesiones”.
Para volver a denunciar a su pareja, la mujer tendrá que pedir otro día de permiso en su trabajo para hacerle frente al trámite que implica ser víctima y denunciar al agresor. “Necesitamos más apoyo, no que nos que pongan trabas o nos traigan dando vueltas”, afirma.
Su hermana, a sus 19 años fue víctima de violencia de parte de su novio. Decidió terminar la relación y denunciar. En su experiencia, dice, la atención fue algo mejor porque iba acompañada de su papá. Cuando fue con su hermana al centro, la situación cambió. “No sentimos un respaldo del personal”.
Para la doctora Castorena Davis, la justicia en el país y en Baja California Sur “conlleva procesos no sólo lentos e inhumanos, sino que familiares —la mayoría mujeres revictimizadas y estigmatizadas— deben lidiar con la inoperancia de las autoridades durante años para obtener justicia”.
Fuente: El Imparcial
