Hay «un gran desinterés, falta de recursos y tiempo dedicado para trabajar estos temas”.
Ciudad de México / Adriana Erandi León Tierranueva.- Esterilizaciones forzadas, separación de sus hijas e hijos, violación y abuso sexual y falta de mecanismos de seguimiento y protección con perspectiva de género, son sólo algunos de los abusos que sufren niñas y adolescentes con discapacidad en instituciones de cuidado, particularmente mujeres adolescentes que son forzadas a someterse a procesos de esterilización para prevenir embarazos producto de violaciones, denunciaron ONGs en la presentación del Informe Alternativo ante el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Durante la presentación en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Priscila Rodríguez de Disability Rights International, enfatizó que desde la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad firmada y ratificada por el Estado mexicano en 2014, no ha habido avances en la materia y la impunidad en la que permanecen muchos casos es preocupante.
“El Estado tiene dos pendientes en la materia; el estado de las niñas, niños y adolescentes con o sin discapacidad en instituciones y las personas adultas mayores”.
Priscila Rodríguez recordó distintos casos abuso que “en México no faltan” tales como los de Mamá Rosa, Casitas del Sur y el más reciente Ciudad de los Niños, donde muy posiblemente hay indicios de trata, “hemos encontrado casos de esterilización forzada de mujeres para ocultar embarazos producto de violaciones sexuales que sufren en las instituciones. En el 2014, el Comité de la ONU pidió investigar el caso de Casa Esperanza, donde mujeres estaban siendo forzadas a someterse a estos procesos para prevenir embarazados. Nos preocupa que cinco años después no hay resultados todavía”.
En este marco, Ana Pecova, directora de Equis Justicia, resaltó el caso de Lety, una mujer indígena yucateca que fue víctima de violencia sexual y donde las autoridades utilizaron un lenguaje totalmente discriminatorio tal como “que era una persona retrasada mental, no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo y por lo tanto se dejó copular, por lo que no fue una violación”.
Y es que de acuerdo al Informe sólo el 0.13 por ciento del presupuesto invertido para capacitar a personas y servidores públicos en derechos humanos, es usado para temas de personas con alguna discapacidad, lo que refleja “un gran desinterés, falta de recursos y tiempo dedicado para trabajar estos temas”.
Además no existe evidencia documental y pública para poder alcanzar a entender lo que está sucediendo, así lo aseguró Juan Martín Pérez, director de Derechos de la Infancia en México, “hay una evidencia clara de simulación de justicia, particularmente con las mujeres en instituciones que no cuentan con mecanismos. Nuestro país se ha vuelto experto en firmar tratados internacionales, los firman hasta en servilletas, y el tema es que no se cumplen”.
Ante ello, el Colectivo Chuhcan, Disability RightsInternational, Equis Justicia para la Mujeres, GIRE y la Red por los Derechos de la Infancia en México, organizaciones que elaboraron el Informe, hicieron un llamado al Estado mexicano para cumplir con su marco legal nacional, pero también con los estándares internacionales reconocidos, “solicitamos tomar acciones urgentes con base en lo que el Comité le pidió en el 2014 y lo que le vuelva a solicitar en el 2020”.
