AmecoPress.- La organización Women’s Link Worldwide ha presentado ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, de la Jurisdicción Especial para la Paz. El informe «Violaciones a derechos reproductivos de mujeres y niñas al interior de las filas de las FARC-EP: una deuda de la justicia», recoge los hechos de violaciones a los derechos reproductivos de mujeres y niñas dentro de la filas de las FARC.
Además entre sus páginas incluye como caso emblemático el de Helena, una mujer que fue víctima de reclutamiento forzado por parte de las FARC a los 14 años y que fue obligada a usar anticonceptivos y a abortar cuando hacía parte de esta guerrilla. Como consecuencia de las condiciones inseguras en las que le practicaron el aborto y de la coerción vivida, actualmente sufre graves complicaciones de salud. Helena encarna a las mujeres y niñas que buscan justicia ante la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) por este tipo de violencias.
Su caso representa las violaciones a los derechos reproductivos a los que fueron sometidas muchas mujeres y niñas dentro de grupos armados en el marco del conflicto armado colombiano: esterilizaciones, abortos, embarazos y anticoncepción forzados, formas de violencia que muy pocas veces han sido reconocidas por la justicia, tanto a nivel nacional como internacional, mucho menos si se cometen en las filas de los grupos armados.
Helena, una de las cientos de mujeres que fue privada de sus derechos por las FARC
Helena nació en una zona rural de Colombia donde históricamente ha habido presencia de guerrillas. Su familia había sido intimidada y amenazada por el ejército por, supuestamente, auxiliar a la guerrilla. Un día vieron cómo algunos militares disparaban a personas de una finca vecina, acusándolos de ser guerrilleros, así que Helena y su familia se vieron obligados a dejar su casa, temiendo que la próxima vez les dispararan a ellos.
Dos meses después de llegar a vivir a su nuevo hogar, mientras Helena estaba sola en casa cuidando a sus hermanos menores, llegaron unos hombres de la guerrilla de las FARC y la obligaron a irse con ellos de manera inmediata, solo con lo que tenía puesto, hacia uno de sus campamentos. De esta manera Helena fue víctima de reclutamiento que jamás eligió.
Durante tres meses la sometieron a un entrenamiento que incluyó el aprendizaje de las reglas de la guerrilla, los trabajos en los campamentos y el uso de armas. Como parte de las reglas del grupo insurgente le dijeron que no se podía tener hijos por lo cual todas las mujeres estaban obligadas a tomar anticonceptivos. Así inyectarse un anticonceptivo fue una obligación para esta joven durante la mayor parte del tiempo que estuvo en la guerrilla, aproximadamente cinco años.
En esos años en los que las FARC era lo única que conocía, Helena quedó embarazada como resultado de una relación consentida. Cuando los comandantes se enteraron de su estado decidieron llevarla a una casa de un pueblo desconocido, donde el comandante de su compañía la estaba esperando junto a otros guerrilleros para informarle que tenía que abortar. Helena se negó a hacerse el aborto y les pidió que la dejaran continuar con el embarazo. Sin embargo, ese mismo día llegó un supuesto médico que era el que solía encargarse de practicar los abortos a las mujeres integrantes de las FARC. Los guerrilleros que la acompañaban intentaron convencerla de que accediera a abortar, la amenazaron con hacerle un consejo de guerra en el que con toda seguridad sería sentenciada a fusilamiento.
Luchó durante horas para impedir que le practicaran el aborto
Ella luchó durante horas para impedir que le hicieran el aborto. Finalmente, sin su consentimiento, le inyectaron una sustancia y le hicieron ingerir unas pastillas. Cuando Helena se despertó ya le habían hecho el aborto. Dadas las condiciones en las que le practicaron el procedimiento perdió mucha sangre. A pesar de su debilidad, fue obligada por la guerrilla a irse a otro municipio, el ejército se encontraba cerca y luego le autorizaron irse a su casa.
Sola y sin la posibilidad de recuperarse Helena caminó hasta donde estaba su familia. Mes y medio después, comenzaron a aparecer en su cuerpo las secuelas del mal procedimiento que le hicieron. El resto del año estuvo en un muy mal estado de salud, a pesar de los medicamentos que su familia lograba conseguirle. Después de un tiempo, dos guerrilleros fueron a su casa a avisarle que tenía que presentarse de nuevo ante la guerrilla. Helena decidió huir. Pasó años de un lugar a otro intentando conseguir trabajo sin resultados, hasta que logró encontrarlo en una de las ciudades capitales de departamento. Durante todo ese tiempo, la familia de Helena fue amenazada de muerte por las FARC por negarse a revelar su paradero.
A raíz del aborto forzado la salud de Helena se deterioró y su cuerpo sigue sufriendo las consecuencias. A pesar de que se encuentra afiliada al régimen subsidiado de salud, ha tenido que sufrir diferentes obstáculos para acceder a un tratamiento integral. A día de hoy aún presenta infecciones urinarias y no ha iniciado tratamiento para la insuficiencia renal crónica que la aqueja. Además, sufre de estrés postraumático, depresión, sentimientos de impotencia y frustración por haber perdido su niñez y su salud y presenta sueños recurrentes sobre persecución, temor y dificultad para relacionarse. Aunque finalmente fue operada por los servicios de salud, sigue teniendo problemas. No le asignan las citas médicas necesarias para su recuperación, cuando llama nadie le contesta y debe acudir constantemente a los centros a solicitar autorizaciones, citas médicas y a realizar múltiples gestiones administrativas una y otra vez, lo que afecta, además, a la posibilidad de encontrar un empleo.
Le negaron la inscripción en el Registro Único de Víctimas
La Unidad de Víctimas le negó a Helena su inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV), por lo que no ha podido acceder a las medidas de reparación a las que tienen derecho las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso en el 2018 con el apoyo de Women’s Link Worldwide, interpuso una acción de tutela. Los jueces de primera instancia le negaron el derecho a ser registrada como víctima, pero después su caso fue seleccionado por la Corte Constitucional para ser revisado y se encuentra en trámite. Ahora Helena ha decidido confiar en la JEP solicitando su participación como víctima en el caso 007, para obtener justicia por lo que le sucedió. Ahora, tanto la Corte Constitucional como la JEP tienen la oportunidad de sentar un precedente importante a nivel mundial, para que las mujeres excombatientes y niñas reclutadas por grupos armados ilegales, que fueron víctimas de violencia sexual y reproductiva al interior de las filas, que son muchas en todo el país, mujeres campesinas, negras, indígenas, puedan acceder a medidas de reparación integral y que los victimarios que vulneraron sus derechos sean juzgados por los delitos de guerra y graves violaciones de derechos humanos que cometieron contra ellas.
Fuente: AmecoPress
