Ciudad de México / CIMAC Noticias.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y Artículo 19, expresaron su preocupación por los ataques de difamación e invasión a la privacidad contra la periodista y defensora de Derechos Humanos en Coahuila, Jaqueline Campbell Dávila.
Mediante una un misiva dirigida al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, este grupo de organizaciones civiles lo llamó a entablar acciones para garantizar el derecho a defender derechos y el derecho a la libertad de expresión a partir de las agresiones que ha enfrentado la periodista durante octubre a las primeras semanas de noviembre.
El 28 de octubre de 2019, Jaqueline Campbell fue grabada en un espacio público sin consentimiento ni conocimiento junto al obispo Fray Raúl Vera López y otras personas. El material se difundió al día siguiente en medios de comunicación locales del municipio de Saltillo, con encabezados como: “Exhiben al obispo Vera en un bar, acompañado por su asistente, Jaqueline Campbell”, “¿Una cerveza? Captan al Obispo Vera de fiesta en un bar”, “El obispo Vera; niños, vicios y mujeres”.
Entre estas publicaciones se distribuyó en “El Heraldo de Saltillo” una opinión firmada por el periodista Francisco de la Peña de León, quien dio a conocer el domicilio particular de Campbell. Esta última acción, señalan las agrupaciones en la carta pública, representa una clara violación al derecho a la privacidad y la carga dolosa de este dato pone en riesgo la seguridad e integridad física y emocional de la defensora Campbell Dávila.
La periodista Campbell tiene una amplia y reconocida trayectoria en el estado de Coahuila. Desde hace años asesora en temas de Derechos Humanos al obispo de la Diócesis de Saltillo, Fray Raúl Vera López. Actualmente acompaña el trabajo de defensa de la tierra y territorio en los municipios de General Cepeda y Parras de la Fuente, en relación al basurero tóxico instalado en el ejido Noria de la Sabina, el proyecto de Ciudad Modelo Derramadero y la privatización del agua, además de otros proyectos en el área de Derechos Humanos.
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Las agrupaciones exhibieron que no es la primera ocasión que la periodista coahuilense se enfrenta a agresiones por su labor periodística y en defensa de Derechos Humanos. Los ataques se han venido documentado desde 2007, provenientes tanto de autoridades, como de particulares.
Ya en el año 2016, por ejemplo, la RNDDHM interpeló al entonces gobernador del estado por la seguridad e integridad física y psicológica de la defensora, debido a la divulgación, nuevamente, de notas periodísticas que la calumniaban, fomentando la burla y el descrédito a su labor de defensa y promoción de derechos.
“Ellas -periodistas y defensoras- no sólo enfrentan riesgos físicos, sino también campañas de desprestigio y difamación, donde uno de los objetivos es quebrar su estado emocional y aislarlas de sus redes de apoyo, dado que los señalamientos se centran en aspectos de su vida privada que las someten al escrutinio público”.
Las agresiones contra defensoras y periodistas tienen un componente de género ya visibilizado por el Relator Especial de Naciones Unidas, Michael Forst, en el informe de febrero de 2018 sobre la situación de las y los defensores relativo a su misión a México, donde expresó su preocupación por el número de campañas difamatorias que tienen como objetivo menoscabar su labor y aislarlas.
En consecuencia las organizaciones no sólo pidieron acciones al gobernador estatal, a la vez llamaron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a otorgar medidas de protección a favor de la periodista; y a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a tomar nota de los hechos y generar medidas de reparación del daño por los hechos de difamación y hostigamiento que ha vivido la periodista.
Tan sólo este año el Programa de Libertad de Expresión y Género de la organización CIMAC ha documentado 141 ataques a comunicadoras.
