Congreso local aprobó modificaciones al Código Penal. Piden fracciones parlamentarias modificaciones al presupuesto estatal
Oaxaca / Soledad Jarquín Edgar (SemMéxico).- El Congreso local aprobó hoy las modificaciones al Código Penal para sancionar delitos a servidores públicos que pertenezcan al Sistema Estatal de Salud, cometidos durante la contingencia sanitaria, para sancionarlos con una pena más “dura” hasta con seis años de prisión, el doble de lo que se tenía contemplado, apuntó en la presentación de la iniciativa la diputada Migdalia Espinosa Manuel.
En sesión ordinaria, en la que también se clausuró el primer periodo del segundo año legislativo, las y los diputados aprobaron, por obvia y urgente resolución, la modificación del Capítulo IV de los delitos cometidos contra servidores y funcionarios públicos, del Título Cuarto del Libro Segundo, adicionando el artículo 187 Bis y, se le agrega un tercer párrafo al artículo 412 Bis recorriéndose los subsecuentes, del Código Penal para el Estado.
De esta manera el Artículo 187 contempla que “al que cometa un delito contra un servidor o funcionario público o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones, o con motivo de ellas, se le aplicarán de tres días a tres años de prisión, además de la que le corresponda por el delito cometido”.
La adición al artículo 187 Bis agrega específicamente que cuando se trate de un servidor público que pertenezca al Sistema Estatal de Salud durante el periodo que comprenda la emergencia sanitaria, la pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más, además de la que le corresponda por el delito cometido. En el supuesto anterior, el delito se perseguirá de oficio.
Estas modificaciones se refieren a las cometidas contra el personal médico y de enfermería y demás profesionistas similares y auxiliares de cualquier personal de salud del sector privado o público que presten sus servicios en el Estado, durante el período que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la pena de prisión se incrementará en una mitad o de doscientos veinticinco a cuatrocientos cincuenta días de trabajo a favor de la comunidad y hasta cuatrocientos días multa.
La reforma contempla que al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena prevista en el segundo párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.
No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos.
Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad.
Asimismo, se incrementará en una mitad la pena cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos. Este delito se perseguirá por querella.
El congreso local amplió el plazo de suspensión de todas las actividades no esenciales, retomándose las actividades hasta el 20 de abril.
Una crisis de salud y económica en puerta
En su intervención, por el PAN, María de Jesús Mendoza Sánchez, se refirió a las denuncias en medios de comunicación sobre la falta de material y equipo de protección para el personal médico, así como del supuesto robo en el hospital general Dr. Aurelio Valdivieso. Asimismo, dijo que la diputación debe hacer algo ya que más del 50 por ciento de la población vive del comercio informal, “busquemos la forma de que la deuda de 3 mil 500 millones de pesos que se aprobó…que se redirecciones el dinero, chingao, busquemos la forma que se haga un programa para las personas que no tienen dinero…y poder llevar dinero esa gente”.
También denunció que empresa están corriendo a la gente, entre ellas, citó los casos de Farmacias del Ahorro y Liverpool de Oaxaca.
Aleida Serrano Rosado, del grupo parlamentario de Mujeres Independientes, planteó que en la entidad el 80 por ciento de la población económicamente activa lo hacen en actividades informales, por lo que el impacto por el aislamiento recomendado ante el COVID 19 será un gran golpe.
Se refirió también a la deuda aprobada el año pasado, y pidió a la Legislatura vigilar el programa planteado por el gobierno estatal para que esos recursos lleguen a los grupos más vulnerables, que se compre el equipo médico y medicamentos necesarios, a fin de transparentar el ejercicio anunciado por Alejandro Murat.
Un decálogo
En su momento el diputadoNoé Doroteo Castillejos del PT sostuvo que el gobernador Alejandro Murat planteó el Programa de Incentivos y Apoyo para la Estabilidad Económica por un monto de mil 270 mil millones de pesos, que es insuficiente.
Por ello dijo que la bancada del Partido del Trabajo propuso un decálogo: 1) Modificar el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2022 que ha quedado rebasado con la pandemia; 2) Suscribir el convenio de adhesión al INSABI, que no ha firmado Oaxaca, y que de los recursos que ya se designaron, 500 millones de pesos se utilicen a la brevedad con la fiscalización, rendición de cuentas, seguimiento de la comisión de salud del congreso; 3) instalar el comité de seguimiento de los programas de la emergencia sanitaria con las áreas de gobierno y comisiones del congreso necesarias.
4) Asegurar el abasto de insumo y medicamentos para pacientes y personal que laboran en las instituciones; 5) Reducción o eliminación de partidas viáticos, gastos suntuarios, gastos de comunicación, recortes que se puedan hacer en la administración pública; 6) De los proyectos de infraestructura anunciados derivados de la aprobación del refinanciamiento que aprobó el Congreso, se atiendan solamente los que tengan soporte técnico, que se privilegie los que tengan impacto social y económico. Entre ellos consideró los de agua potable.
7) Implementación de un plan de reactivación económica que contemple el apoyo al sector formal como informal, y dijo que el gobernador anunció 190 millones de pesos, insuficientes, por lo que propuso que esos recursos se conviertan en fondo de garantía líquida se puedan mezclar con Nacional Financiera y posiblemente lleguemos al orden de los mil 500 millones de pesos; 8) Un plan emergente de atención al campo oaxaqueño, debemos privilegiar el autoconsumo, siembra de traspatio y alimentos básicos, que va a paliar la alimentación.
9) Establecer un esquema de cocinas comunitarias. Para evitar la repartición de despensas, y 10) Establecer urgentemente mecanismos para la mezcla de recursos con autoridades municipales, estatales y el gobierno federal para re priorizar en obras como agua, saneamiento, actividades productivas. Puso el ejemplo de cinco presidentes municipales de la costa que destinaron recursos al equipamiento de hospitales.
Política carroñera
El diputado Jorge Villacaña Jiménez del PRI irónicamente sostuvo que frente a la crisis sanitaria y económica que se avecina, “hay un caldo de cultivo que le cae como anillo al dedo a la política carroñera, aquella política que busca el lucro personal en medio de las peores tragedias”.
Dijo que el priismo ofrece “a cambio de nuestro apoyo” unidad, respeto, actuar con mesura, prudencia y hacer a un lado “la visión pueblerina, de buenos contra malos , fifís contra chairos, acueérdense que en unos meses todos vamos a hacer conservadores, vamos a conservar nuestra casa, nuestro coche”.
En plan más serio –dijo- hay dos cosas que nos preocupan, la crisis fiscal que se avecina, que pone en riesgo 12 mil millones de pesos solo del Ramo 28, para nuestro estado, vemos estados del norte de la República están denunciando el pacto fiscal actual de manera concertada y egoísta, poniendo a los estados del sur, como Oaxaca, en calidad de parias, sin pensar en lo que los estados sureños le hemos aportado a la federación, tenemos que impedir que este despropósito fructifique.
Reformular el presupuesto de Egresos estatal
Por último, la diputada de Morena, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, exhortó al gobernador Alejandro Murat a constituir una comisión intersecretarial para la planeación, implementación, coordinación, vigilancia y evaluación de las medidas que se emitan para la atención y contención del COVID 19 y sus consecuencias, bajo un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género.
Propuso establecer una mesa técnica con el Congreso del estado para reformular el Presupuesto de Egresos, incluyendo la revisión de los recursos previstos a los Poderes para hacer frente a la epidemia, priorizando la atención a la salud, abasto de agua y alimentario.
Además, solicitó subsidios, rentas básicas y otras medidas de apoyo a los grupos en situación de vulnerabilidad. Garantías al personal médico para que cuente con recursos para la realización de su trabajo y protección personal, así como seguridad, y que se aclare el supuesto robo de equipo médico en el Hospital General.
También llamó a que los poderes Judicial y Ejecutivo realicen pre liberaciones, por semi libertad, multas o prisión domiciliaria, cuando sea jurídicamente procedente, a personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y aquellas que tienen hijos menores de edad para evitar contagios.
